El fiscal del ‘caso Cursach’, al borde del llanto tras retirar todas las acusaciones: “Este procedimiento es un fracaso total”

El juicio por el caso Cursach, la investigación durante nueve años en Mallorca de una de las mayores tramas de supuesta corrupción empresarial y policial de España, ha hecho honor esta semana a su enrevesada historia judicial con un desenlace insólito. El fiscal Tomás Herranz defendió este miércoles, en su alegato final en el juicio, la inocencia de los procesados, y cargó contra la instrucción de la causa, dirigida por un juez y un fiscal que fueron apartados hace cuatro años y están procesados por prevaricación y detención ilegal, entre otros delitos. “Este procedimiento es un fracaso, un fracaso de la administración de justicia, un fracaso total”, dijo Herranz en un turno de palabra en el que habló al borde del llanto y cargó contra la investigación de sus predecesores.

El caso pretendía demostrar la presunta connivencia del magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach con agentes de la policía local de Palma para beneficiar los negocios del empresario. Había inicialmente 23 acusados, para los que se pedían altas penas de prisión; pero en junio, pocas semanas antes del inicio del juicio, la Fiscalía adelgazó los cargos para todos ellos y, finalmente, los ha retirado. “[Los acusados] No han hecho nada delictivo”, enfatizó el fiscal. “El cambio de la Fiscalía [al retirar su acusación] obedece a un intento mínimo de reparar el daño”, terminó. La emocionada intervención de Herranz provocó un aplauso de los abogados de todas las acusaciones y la puesta en pie de Bartolomé Cursach y del número dos de su conglomerado empresarial, Bartolomé Sbert, sentados en primera fila. Dos días antes había sido retirada la última acusación contra ellos, por lo que quedarán absueltos. El juicio solo sigue vivo contra dos agentes de la policía local de Palma, a quienes una de las acusaciones particulares imputa un delito de coacciones.

El fiscal argumentó los motivos por los que había decidido retirar su acusación y calificó este movimiento procesal como algo “extraordinario” y “grave”. “Se produce muy pocas veces, y tan anormal es que, para que se produzca, el fiscal tiene que seguir unos trámites”, explicó. Entre ellos, pedir autorización al fiscal jefe, citó. Según sus palabras, su informe final tenía como objetivo “reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia”.

Miguel Ángel Subirán, el primer fiscal del caso, y el juez Manuel Penalva, que inició la instrucción, están pendientes de ser enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presuntas irregularidades en esa investigación, como amenazar a los sospechosos. En 2018 fueron apartados del caso y resultó verdaderamente difícil encontrar instructores para retomar unas pesquisas centradas en el dueño de un holding que manejaba las mejores discotecas de la isla, Pachá y BCM, por sospechas de que tenía a sueldo a policías locales para beneficiarle a él frente a empresarios competidores.

Entre los motivos por los que han terminado retirándose las acusaciones, según citó el fiscal Herranz, está el “uso injustificado de testigos protegidos”, cuando muchos de ellos, dijo, no corrían riesgo y, por tanto, no debían contar con esta fórmula de protección. “Tenemos jurisprudencia que habla de los testigos protegidos. Una denuncia anónima en el ámbito penal no puede considerarse una denuncia en el ámbito formal”, manifestó, para señalar que habría sido necesario un “juicio de ponderación reforzado” para valorar su verosimilitud. “A fuego debería estar grabado en el juzgado número 12 [el que instruyó el caso] esta jurisprudencia, en el frontispicio”, censuró el fiscal. “Quien llevó la instrucción de esta causa en los años 2016-2017 o desconocía esta jurisprudencia o hizo olímpico desprecio de la misma, porque aquí se han producido detenciones y se han acordado prisiones en base a testimonios de testigos protegidos anónimos sin la verificación de la credibilidad de los mismos”, prosiguió.

El fiscal subrayó también que las defensas habían manifestado durante el juicio que no habían podido conocer la instrucción hasta muy tarde. “El legislador quiere que el debate sea público, no quiere que sea secreto”, manifestó. “¿Qué ha pasado aquí?”, se preguntó el fiscal, al que escuchaba su compañero el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau. Herranz se respondió refiriéndose a la difusión de “la calumnia”, en forma de “brisa suave”. “Esto es lo que hicieron algunos empresarios personados como acusación particular cuando acudieron al juzgado de instrucción número 12 [...] Llegaron a las orejas del equipo instructor, juez, fiscal y grupo de blanqueo de capitales, y le susurraron a los oídos su versión y aturdieron el cerebro de este grupo de investigadores, que perdió el sentido, y el resultado fue que se menoscabó la fama de los aquí acusados, y decimos que injustamente porque el resultado de la prueba practicada en este acto nos permite decirlo: no han hecho nada delictivo”, defendió.

La instrucción se ha prolongado durante nueve años y ha sido muy compleja. Por ella han pasado tres jueces instructores y se han abierto varias piezas separadas. También ha vivido momentos en los que costaba trabajo encontrar a un magistrado que se hiciera cargo del caso. Al menos tres se inhibieron.

La acusación fiscal ha ido desinflándose poco a poco. A diez días del comienzo del juicio, los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz pidieron el sobreseimiento de la causa para siete personas y variaron de forma relevante el relato de su acusación. La petición de condena para el principal imputado, Bartolomé Cursach, pasó de ocho años y medio de cárcel a 18 meses, por delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación. Cuando arrancó el juicio, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma se sentaron 23 personas. Junto a Cursach estaban procesados el número dos de su conglomerado empresarial, Bartolomé Sbert, y otros tres trabajadores; 14 agentes y mandos de la policía local de Palma; tres funcionarios y un ex cargo público. Los delitos que se les atribuían iban desde pertenencia a organización criminal a prevaricación, pasando por amenazas o revelación de secretos. La única acusación particular que se mantiene en el proceso representa a un local de ocio y solo acusa a dos policías municipales de Palma.

Sbert, mano derecha de Cursach, contó este miércoles, en el turno de última palabra, lo difíciles que han sido estos años: “Estuve a punto de suicidarme. Toni lo sabe. Tenía la mano en la barandilla de un puente”, dijo. Dirigiéndose al fiscal, afirmó: “Deseamos y aceptamos la disculpa de todo el dolor que se nos ha hecho porque necesitábamos esas palabras [...] Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de Derecho, deberían hablar de este caso en las universidades. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. [Para ellos] Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos como seres humanos, cómo somos a nivel familiar y cómo hemos sido como empresarios. A partir de ahí iremos reconstruyendo. Muchas gracias”. Sbert y Cursach se fundieron en un abrazo y la presidenta del tribunal, Samantha Romero, decretó el caso visto para sentencia.