Las acusaciones adelgazan el ‘caso Cursach’, la mayor investigación de corrupción policial en Palma

El caso Cursach, que investigó y ahora juzga una de las mayores tramas de corrupción empresarial y policial de Mallorca, está adelgazando a fuerza de quedarse sin acusaciones. La fiscalía avanzó la semana pasada que retirará los cargos contra los 17 enjuiciados de que sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial desde junio. La decisión, que se hará efectiva en el momento procesal oportuno, se ha tomado tras las declaraciones de testigos de las últimas semanas. Según el ministerio público, “no hay prueba de cargo” para sostener un escrito de acusación que reclama penas de prisión por delitos como pertenencia a organización criminal, prevaricación, amenazas o revelación de secretos. Al anuncio de la fiscalía se han sumado dos de las tres acusaciones particulares que también retirarán parte de las acusaciones, incluidas las que dirigían contra el magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach.

La instrucción del caso, que juzga la supuesta connivencia entre policías locales y sociedades del empresario Bartolomé Cursach para beneficiar sus negocios, duró nueve años. La sospecha sobre la actuación de los principales investigadores ―el juez Manuel Peñalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán― que están a punto de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presuntas irregularidades en la instrucción de este caso, ha sobrevolado todo el proceso. Diez días antes del arranque del juicio, la fiscalía ya modificó su escrito de acusación y retiró los cargos contra siete de los 23 implicados que inicialmente iban a ser procesados. Pasó de reclamar ocho años y medio de cárcel contra el empresario Cursach a pedir 18 meses por pertenencia a organización criminal y prevaricación. El escrito dejaba sin efecto gran parte del anterior, suscrito por el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, ahora investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de impedir delitos y omisión del deber de promover la persecución de delitos en el proceso de instrucción. La fiscalía afirmó entonces que se había comprobado “una falta de verosimilitud” de los hechos contenidos en la acusación sobre estas siete personas. El pasado viernes, al finalizar la sesión, el fiscal Tomás Herranz avanzó tras finalizar la práctica de la prueba de las acusaciones que retirará todas las acusaciones. “El entendimiento del Ministerio Fiscal es que no hay prueba de cargo para sostener ninguno de los hechos de acusación de nuestro escrito contra ninguno de los acusados” manifestó Herranz.

Con el anuncio del ministerio público, el proceso quedó a expensas de las acusaciones particulares, que representan los intereses de empresarios supuestamente damnificados por las prácticas de la Policía Local en connivencia con Cursach. Dos de las tres partes personadas en el proceso anunciaron este lunes que retirarían buena parte de las acusaciones, dejando fuera al empresario Cursach que seguirá en el juicio acusado sólo por una de ellas, que representa a un empresario de la zona de Magaluf. Las acusaciones se mantienen contra el director general de sus empresas, Bartolomé Sbert, dos policías locales y un funcionario del Ayuntamiento de Calvià.

El juicio continúa esta semana con la declaración de testigos propuestos por las defensas, como los agentes de la Policía Nacional que investigaron las presuntas irregularidades cometidas durante la fase de instrucción del caso. Uno de ellos calificó de “torticero” el uso de la ley procesal por parte del antiguo juez instructor Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional que permanecen investigados. El agente afirmó que utilizaban a determinados testigos como “misiles teledirigidos” que trataban de obtener beneficios para sus pleitos personales. Este agente señaló que los antiguos investigadores utilizaron la prisión preventiva “para ablandar” a algunos investigados y abusaron de la figura del testigo protegido y del secreto de sumario. “Las declaraciones de personas con intereses dudosos eran suficientes para convertirte en un presunto culpable” dijo el agente, que relató el “miedo” vivido por algunos de los investigados.

El abuso del secreto de sumario era otra de las prácticas habituales, según otro de los agentes, que acusó al anterior magistrado de ofrecer beneficios a algunos de los testigos para resolver sus causas personales. “El final al que había que llegar ya estaba predeterminado” señaló durante su declaración, en la que también relató que la mayoría de los hechos que se imputaban a los acusados “no se comprobaban” y no llevaban adjunto ningún soporte probatorio. Tras los anuncios y las renuncias de las defensas a buena parte de los testigos, el calendario se ha reajustado y el juicio finalizará el 14 de diciembre y no en abril, como se planteó inicialmente