El macrojuicio contra el empresario Cursach arrancará en junio y se prolongará durante seis meses

La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha señalado el macrojuicio del caso Cursach ―en la que se juzga al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y otras 23 personas por la connivencia con miembros de la Policía Local de Palma para obtener tratos de favor en sus negocios y perjudicar a la competencia― desde el mes de junio hasta el mes de enero de 2023. El tribunal ha reservado 89 sesiones y ha señalado de forma provisional el inicio del proceso para el 13 de junio. El juicio se convertirá en el más largo de la historia de Baleares por delante del caso Nóos, que se extendió desde enero a junio de 2016, pero en menor volumen de sesiones. Las partes personadas en la causa tienen tres días para comunicar al tribunal otros señalamientos preferentes, por lo que las fechas definitivas de las sesiones se fijarán en las próximas semanas. Por el momento no hay una ubicación cerrada para su celebración.

La causa investiga los presuntos sobornos por parte del magnate del ocio mallorquín a agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià para favorecer a los establecimientos de su propiedad frente a los de la competencia. La fiscalía pide para los 24 acusados penas que suman más de 100 años de prisión. Para el principal encausado, el empresario Bartolomé Cursach, reclama un total de 8 años y medio de cárcel por los delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado. El ministerio público solicita, además, una inhabilitación de 15 años para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo y una multa de 60.000 euros. La fiscalía le acusa de dirigir un entramado corrupto para beneficiar a sus negocios a cambio de dádivas a funcionarios y policías.

La fiscalía sostiene que los responsables del grupo de ocio dieron “las instrucciones y órdenes oportunas” para que se regalase y obsequiase de forma habitual a funcionarios públicos que tenían competencias en cuestiones que podían afectar a la marcha de los negocios del empresario. La entrega de obsequios, dicen los fiscales, llevaba implícita la contraprestación de que debían favorecer la actividad y los negocios del grupo Cursach, lo que permitía al empresario trasladar la idea de que no avenirse a aceptar los regalos y su contrapartida provocaría “represalias de toda índole”. Las dádivas y los regalos eran, según el relato fiscal, de diversos tipos, pero siempre con contenido económico e iban desde cestas de Navidad, pases para el gimnasio y cajas de champán de lujo, a servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes que eran dispensados de forma gratuita en sus locales. “Se fraguó en el tiempo un acuerdo en el que algunos empleados de la Comunidad y de los Ayuntamientos de Palma y Calviá y de la Policía Local, por sí mismos o dando instrucciones ilegales a sus subordinados, beneficiaban los intereses del grupo Cursach”, asegura la fiscalía.

El escrito de acusación, que data de 2018, está dirigido contra un total de 24 personas, entre las que también figura quien fuera mano derecha de Cursach, Bartolomé Sbert, el exjefe de la Policía Local de Palma, Joan Mut, la exdirectora general de Turismo del Gobierno balear, Pilar Carbonell, así como varios agentes de policía, funcionarios locales y autonómicos. Para ellos se solicitan penas de hasta seis años de cárcel en algunos casos e inhabilitaciones en otros. La fiscalía acusa por delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación, cohecho, abuso de función pública por solicitud sexual, omisión de perseguir delitos, contra la salud pública, coacciones, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, usurpación de funciones públicas y amenazas.

Juez y fiscal investigados

Mientras este caso está a punto de ser juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares mantiene abierta una causa contra el juez Manuel Penalva y el exfiscal, Miguel Ángel Subirán, que fueron los dos primeros investigadores del caso e hicieron desfilar por los juzgados a mandos de la policía, altos funcionarios municipales y políticos, camareros de discoteca y empresarios de la noche. Estas comparecencias judiciales se intercalaron con denuncias de los testigos de la fiscalía que acusaban de amenazas al entorno de Cursach y quejas de los abogados personados por las formas y las resoluciones de los investigadores, que fueron autorizados incluso a portar armas cortas tras denunciar episodios de seguimiento. La investigación alcanzó su cénit con la detención e ingreso en prisión provisional del empresario Cursach acusado de más de una decena de delitos y de su mano derecha Bartolomé Sbert en febrero de 2017.

Poco después de la detención del empresario, dos abogados denunciaron episodios de coacciones hacia una testigo por parte del juez Penalva y el fiscal Subirán mientras varios imputados en el caso convocaron una manifestación para pedir la inhabilitación de ambos. Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo, que decía ser propietaria de un prostíbulo al que acudían personas pagadas por el empresario, recogen insultos del magistrado a algunos de los investigados y terminaron con el juez Penalva apartado del caso tras una recusación y con el fiscal Subirán de baja y su jubilación anticipada en octubre del año pasado. El asunto pasó entonces a ser instruido por un tercer juez, Miquel Florit, que decidió indagar las continuas filtraciones de parte del sumario y provocó la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas y el descubrimiento de un chat de Whatsapp de los antiguos investigadores cuyas conversaciones terminaron siendo de dominio público. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares está pendiente de resolver los recursos de las partes en los que pedían ampliar el abanico de delitos contra el juez y el exfiscal. De momento, permanecen investigados por revelación de secretos, omisión del deber de impedir delitos y omisión del deber de promover la persecución de delitos. El pasado julio, el Poder Judicial jubiló por incapacidad permanente al juez Penalva. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020.