El Poder Judicial jubila por incapacidad al juez que instruyó el mayor caso de corrupción policial de Mallorca

La comisión permanente del Consejo del Poder Judicial ha declarado la jubilación por incapacidad permanente del juez Manuel Penalva, antiguo instructor del caso Cursach que investigó durante años las relaciones entre el mayor empresario del ocio nocturno de Mallorca, Bartolomé Cursach, y varios policías locales de Palma y Calvià. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el acuerdo, fechado el pasado 21 de julio. Penalva llevaba dos años de baja médica apartado de su trabajo en el juzgado de instrucción y fue retirado de la investigación del caso Cursach en marzo de 2018 después de que un juzgado comenzara a indagar las filtraciones de parte del sumario a petición de las defensas de varios de los encausados en el caso.

Estas pesquisas revelaron la existencia de un chat de WhatsApp en el que los policías del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional encargados del asunto comentaban su día a día con el juez y el fiscal, intercambiando opiniones y en ocasiones insultos sobre detenidos e investigados. El asunto pasó a manos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares porque Penalva era aforado y este es el organismo competente para investigar a los jueces. Con la jubilación, Penalva dejará de ser magistrado. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que la investigación podría continuar en el Tribunal Superior de Justicia de las islas porque está muy avanzada y ya se han dado casos similares en España.

El pasado mes de abril el magistrado Carlos Gómez, que investiga las actuaciones de Penalva, del exfiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán (jubilado anticipadamente el año pasado) y de cuatro agentes del grupo de blanqueo de la Policía Nacional, dictó por segunda vez un auto de transformación a procedimiento abreviado apreciando presuntos delitos de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos por parte de los investigados. El juez dictó el sobreseimiento de los delitos más graves, como pertenencia a organización criminal o detención ilegal, una decisión recurrida por las acusaciones particulares y por la fiscalía, con los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo designados directamente por Madrid para hacerse cargo de las investigaciones. Los recursos están todavía pendientes de resolverse.

El asunto arrancó hace ocho años con la investigación sobre un supuesto amaño en las oposiciones de ascenso dentro del cuerpo de la Policía Local de Palma. Una operación paralela contra la banda motera de Los Ángeles del Infierno destapó una red de connivencia entre empresarios de las zonas de ocio nocturno playero, sus trabajadores y los agentes de la policía que hacían las patrullas para controlar ruidos, aforo y venta de drogas. Tras comenzar la jueza de instrucción Carmen González a tirar de la madeja, un cambio de destino de la magistrada dejó el asunto en manos del juez Manuel Penalva y del entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, que con la ayuda de un núcleo muy cercano de cuatro policías nacionales del grupo de blanqueo pisaron el acelerador de las investigaciones.

El goteo de testigos y detenidos fue constante durante dos años. El abanico de investigaciones se iba abriendo cada vez más y desfilaron por el despacho del juez desde mandos de la policía, altos funcionarios municipales y políticos a camareros de discoteca, empresarios de la noche y una madame. Las comparecencias judiciales se intercalaban con denuncias de los testigos de la fiscalía que acusaban de amenazas al entorno de Cursach y las quejas de los abogados personados por las formas y las resoluciones de los investigadores, que fueron autorizados a portar armas cortas tas denunciar episodios de seguimiento. La investigación alcanzó su cénit con la detención e ingreso en prisión provisional del empresario Cursach, acusado de más de una decena de delitos, y de su mano derecha, Bartolomé Sbert, en febrero de 2017.

A partir de ahí todo dio un giro. Poco después de la detención del empresario, dos abogados denunciaron episodios de coacciones hacia una testigo por parte del juez Penalva y el fiscal Subirán mientras varios imputados en el caso convocaron una manifestación para pedir la inhabilitación de ambos. Las conversaciones de WhatsApp del juez con la testigo, una madame que decía ser propietaria de un prostíbulo al que acudían personas pagadas por el empresario, recogen insultos del magistrado a algunos de los investigados y terminaron con el juez Penalva apartado del caso tras una recusación y con el fiscal Subirán de baja y también jubilado anticipadamente en octubre del año pasado.

El asunto pasó entonces a ser instruido por un tercer juez, Miquel Florit, que decidió indagar las continuas filtraciones de parte del sumario y provocó la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas y el descubrimiento de un chat de WhatsApp de los antiguos investigadores cuyas conversaciones terminaron siendo de dominio público. En ellas, intercambiaban pareceres sobre los testigos, los detenidos y hablaban sobre las acciones a llevar a cabo. Sobre esos comentarios ha pivotado la investigación que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desarrollado estos últimos meses contra el juez, el exfiscal y cuatro agentes de la Policía Nacional.

De forma paralela a toda esta trama judicial y policial, la investigación central del caso Cursach ha seguido su curso, lentamente. Sobre el empresario pesa una petición de ocho años y medio de cárcel por los presuntos sobornos a policías en la pieza matriz del caso. Junto a él se sentarán en el banquillo otras 23 personas, la mayoría policías locales, aunque el asunto está pendiente de un fino hilo sobre el destino de quienes lo investigaron, ya que según la suerte que corran se podría abrir la puerta a una nulidad que dejaría los años de investigación sobre las maniobras del empresario en papel mojado. Lo mismo podría ocurrir con la pieza que indaga las presuntas ilegalidades cometidas por varios policías locales de Calvià, la trama para amañar los ascensos en el cuerpo policial de Palma o la que tiene que juzgar a otro empresario del ocio y sus vínculos con políticos municipales.