El empresario mallorquín Bartolomé Cursach irá a juicio acusado de liderar un grupo criminal

El juez que instruye la pieza principal del caso Cursach, Enrique Morell, ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el empresario del ocio nocturno, Bartolomé Cursach, y otras 23 personas en el caso que investiga la connivencia del empresario con miembros de la Policía Local de Palma para obtener tratos de favor en sus negocios y perjudicar a la competencia. El juez sienta en el banquillo a Cursach por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, coacciones y cohecho activo continuado. La fiscalía reclama para él ocho años y medio de cárcel, una inhabilitación de 15 años para toda actividad relativa a la hostelería, ocio o recreo y una multa de 60.000 euros.

En el auto, el magistrado también dicta la apertura de juicio oral para la mano derecha de Cursach y gerente de sus empresas, Bartolomé Sbert y varios directivos de sus negocios, como el director de la discoteca Tito’s, Jaime Lladó. También tendrán que ir a juicio el exjefe de la Policía Local de Palma, Juan Miguel Mut, y otros 13 mandos policiales, así como la exdirectora general de Turismo de Baleares, Pilar Carbonell, y varios funcionarios municipales y autonómicos para quienes la fiscalía pide penas que varían de la inhabilitación a los seis años de prisión. Además de la fiscalía anticorrupción, en el caso están personadas la Abogacía de la Comunidad Autónoma y tres empresarios propietarios de establecimientos de la competencia de Cursach.

El relato de los hechos de la acusación pública, que presentó su escrito hace más de un año, sostiene que de manera continuada entre el año 2000 y 2016, los acusados que ejercían cargos y funciones de responsabilidad en el grupo Cursach "dieron las instrucciones y órdenes oportunas" para que se llevase a cabo la práctica habitual "de regalar y obsequiar" a funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podían afectar a la marcha de los negocios del grupo. Los fiscales señalan que la entrega de obsequios llevaba implícita la contraprestación de que debían favorecer la actividad y los negocios del grupo Cursach, lo que permitía al empresario trasladar la idea de que no avenirse a aceptar los regalos y su contrapartida provocaría "represalias de toda índole".

Las dádivas y los regalos eran, según la fiscalía, de diversos tipos, pero siempre con contenido económico e iban desde cestas de Navidad, pases para el gimnasio y cajas de champán de lujo a servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes que eran dispensados de forma gratuita en sus locales. "Se fraguó en el tiempo un acuerdo en el que algunos empleados de la Comunidad y de los Ayuntamientos de Palma y Calviá y de la Policía Local, por sí mismos o dando instrucciones ilegales a sus subordinados, beneficiaban los intereses del grupo Cursach", asegura la fiscalía.

Señalan los fiscales que Cursach llegó a un acuerdo con el responsable directo de la patrulla policial encargada de las inspecciones para favorecer a sus establecimientos a cambio de ventajas económicas "que en ocasiones superaban su retribución como funcionario". En el escrito se relatan actuaciones de la policía de Palma contra empresarios de la competencia de Cursach, actuaciones del grupo del magnate contra propietarios de locales de Calviá, episodios de trato de favor y ejemplos de dádivas a funcionarios del Ayuntamiento de Palma.