Procesados 32 miembros de la mafia policial de Palma del ‘caso Cursach’

El juez Enrique Morell ha dado el primer paso para llevar a juicio a 32 agentes y mandos de la Policía Local de Palma por supuestamente favorecer al rey de la noche de la capital balear, Bartolomé Cursach, y a otros empresarios amigos de este, y acosar a sus competidores, todo ello a cambio de dinero y fiestas con drogas y prostitutas. La mafia policial también extorsionaba a establecimientos, a los que ofrecía servicios de diferente naturaleza (aire acondicionado, limpieza, vigilancia, gestoría…) que los empresarios contrataban a cambio de que los agentes corruptos no endurecieran las inspecciones sobre ellos. En esta pieza del macrosumario del caso Cursach, en la que hay 36 imputados, también se indaga el supuesto amaño del concurso de ascensos en la Policía Local, vital para que la trama corrupta funcionara con impunidad.

El magistrado Morell ha dado por concluida esta investigación iniciada en 2014. Entre los procesados figura el exconcejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma por el PP, Guillermo Navarro, el exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, dos funcionarios del Consistorio, así como los exjefes de la Policía Local Antoni Vera y Joan Mut. El empresario Cursach no está imputado en esta pieza en la que el juez apunta una quincena a de delitos, como pertenencia a organización criminal, cohecho, coacciones, extorsión, amenazas o tráfico de influencias. El rey de la noche de Palma sigue investigado en otras piezas del macrosumario.

El magistrado considera que Cursach y su entorno controlaban a la cúpula policial palmesana mediante la presunta entrega de “sobres” con dinero, y ofreciendo a los agentes el “disfrute gratuito de fiestas que incluían alcohol, servicios sexuales y cocaína”. Según el magistrado, los agentes obviaban las inspecciones a los establecimientos de Cursach y sus amigos, o bien falseaban sus resultados o les avisaban con tiempo suficiente antes de acudir a sus locales. “Se habrían creado claras conexiones directas entre intereses económico y empresariales (…) en perjuicio de las exigencias de la Ley, la lucha contra la corrupción, la justicia, la libertad de mercado y de igualdad de los ciudadanos” señala el auto.

El magistrado relata que la forma de perjudicar a determinados empresarios competidores del grupo Cursach “era sumamente sencilla a la vez que devastadora”, y consistía en realizar inspecciones solicitando siempre la misma documentación en horarios de máxima afluencia de clientes. “Si esto se hacía repetidamente era más que suficiente para hundir al empresario en cuestión” concluye.

Morell aprecia “muy serios indicios” de la existencia de “variados e inconfesables intereses” de negocio entre los policías. Los agentes supuestamente ofrecían a los establecimientos servicios como la instalación de aires acondicionados, de vigilancia, limpieza, tapicería o gestoría. Si los propietarios no contrataban estos servicios, los agentes sometían a los establecimientos a “durísimas inspecciones”, explica. “El hecho de que los propios agentes se ofrezcan a prestar determinados servicios o ejecutar determinadas obras (...) no cabe duda de que implica per se un acto de intimidación, coacción o en su caso de extorsión”, resalta el juez.

El instructor también subraya la existencia de “un plan” para que los policías que participaban en el entramado consiguieran ascender, o bien, adquirieran plaza en propiedad mediante los concursos de ascenso. En su resolución menciona unos correos electrónicos “altamente reveladores” de que la verdadera finalidad de la filtración del examen de ascenso de la Policía Local no solo pretendía “ascender en el escalafón policial a determinados agentes de policía corruptos” o que no merecían el ascenso, sino “asignarles determinados puestos que garantizarían la perpetuación en el tiempo de una trama delictiva”.

Episodios "esperpénticos"

El juez también pone el acento en la actuación de los mandos de la Policía Local de Palma que han quedado “seriamente en entredicho” en varios episodios “esperpénticos” que, según relata, se explican a efectos del grado de corrupción y servilismo “que impregna a toda una institución policial” en la que, recuerda, a los policías honrados que cuestionaban internamente o denunciaban públicamente estas prácticas “han sido vilipendiados, perseguidos, humillados, amenazados, coaccionados, intimidados, tratados de forma desigual” frente a la actuación delictiva “de otros agentes que se consentía abierta y descaradamente”.

En el auto en el que pone fin a la instrucción, el juez Morell recuerda que la corrupción policial “afecta de forma notable a la propia sumisión del Estado a la Ley y daña peligrosamente a la Justicia”. Subraya, además, que el código deontológico impuesto a estos agentes “ha sido defraudado” por los encausados que, sostiene, han venido haciendo conjuntamente “un uso torticero del poder, actuando de forma coordinada como una organización criminal, instalada de manera permanente en el delito, en sus múltiples y variadas manifestaciones”.

Morell se hizo cargo del caso hace varias semanas, después de que el anterior instructor, Manuel Penalva, fuera apartado por la Audiencia Provincial -a instancias de varios investigados- al considerar que había perdido “la apariencia de imparcialidad” tras salir a la luz mensajes de texto en los que insultaba a algunos de los procesados. El juez ha dado un plazo de veinte días a la fiscalía anticorrupción para que presente el escrito de acusación o pida el sobreseimiento de la causa.