Seis magistrados de la Audiencia de Palma se abstienen de juzgar al empresario Cursach

Seis magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma se han abstenido de juzgar la causa principal contra el empresario del ocio nocturno balear Bartolomé Cursach al considerar que concurre una pérdida de la imparcialidad objetiva tras haber resuelto 158 autos de apelación acerca del caso desde 2014. En un escrito dirigido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares los jueces consideran que las resoluciones dictadas en los últimos años comprometen su apariencia de imparcialidad objetiva y aluden al apartado 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el interés directo o indirecto en un pleito para desligarse de enjuiciar el proceso.

El presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Diego Gómez-Reino, deberá resolver ahora quiénes forman el tribunal que enjuiciará la causa contra el empresario Cursach, para quien la fiscalía reclama ocho años y medio de cárcel por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho y coacciones en una trama de supuestas prebendas a policías para favorecer sus negocios. El escrito está firmado por la magistrada ponente de la sección primera que debía enjuiciar el asunto, Rocío Martín, y por sus compañeros Jaime Tártalo, Samantha Romero, Gemma Robles, Eleonor Moyá y Cristina Díaz, que suscriben la petición de abstención.

“Esta sección ha tenido conocimiento de lo actuado en sede de instrucción y hemos dictado resoluciones relativas a diligencias de investigación, nulidad de resoluciones, peticiones de nulidad de actuaciones, competencia…”, señalan los magistrados, que recuerdan que desde el año 2014 han dictado 158 autos de apelación sobre esta causa y sus piezas separadas. Además, los jueces han instruido la recusación del juez instructor inicial Manuel Penalva —que fue finalmente apartado del asunto— y han deliberado en pleno sobre los recursos con el objetivo de evitar resoluciones contradictorias “atendiendo al galimatías de instrucción que hemos tenido que conocer”. “Las diligencias están por original e infinitas copias, se han incorporado notificaciones, lo que ha generado un volumen de la causa inaudito y muy difícil de seguir”, subrayan.

Los magistrados aluden a sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para reforzar sus argumentos e insisten en que no han ejercido un control “aislado y puntual” de la fase de instrucción sino diferentes controles en los que la sección “ha tenido que formar criterio”. El caso está pendiente de la designación final del tribunal y de una fecha para celebrarse. Sentará en el banquillo al empresario del ocio nocturno y a otras 23 personas, entre las que figuran 14 agentes de la Policía Local de Palma, que se enfrentan a peticiones de penas que suman más de 150 años de cárcel por la presunta trama de sobornos a los agentes con el objetivo de beneficiar a las sociedades y establecimientos del magnate.