El Tribunal Superior de Baleares ordena juzgar al juez y fiscal del ‘caso Cursach’ por amenazar a investigados

A una semana de que arranque el juicio por el caso Cursach, una de las mayores tramas de corrupción policial de Baleares, el Tribunal Superior de la comunidad (TSJB) ha ordenado sentar en el banquillo a los antiguos investigadores de la causa por presuntos delitos e irregularidades cometidas durante los años que duró la instrucción. El que fuera juez instructor, Manuel Penalva, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, y cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares serán juzgados por presuntos delitos de prevaricación, amenazas y coacciones a testigos, obstrucción a la justicia y revelación de secretos.

La sala de lo penal del TSJB ha emitido un extenso documento en el que estima parcialmente los recursos que la Fiscalía y las acusaciones presentaron contra un auto dictado por el instructor del caso, Carlos Gómez, que en abril del año pasado finalizó la instrucción de la investigación apreciando únicamente delitos de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos en la conducta de los antiguos investigadores. Esta decisión fue contestada en forma de una avalancha de recursos que plantearon la Fiscalía y las acusaciones y que han sido resueltos ahora, casi un año después y cuando apenas queda una semana para que se juzgue el caso matriz por el que sus antiguos investigadores son objeto de escrutinio.

La Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal ha dictado este lunes un auto en el que confirma el sobreseimiento libre de los acusados con respecto a un listado de hechos y episodios concretos, pero revoca y pide seguir el proceso con respecto a otros, como presuntos delitos de prevaricación cometidos en la docena de detenciones ordenadas en una pieza separada del caso Cursach que investigó el cobro de una mordida por parte de un concejal del Ayuntamiento y que terminó siendo archivada. Los jueces consideran que las detenciones no estaban suficientemente motivadas y justificadas y estiman que el magistrado también podría haber cometido un presunto delito de prevaricación al ordenar el ingreso en prisión provisional de uno de los implicados en esta pieza, un empresario que terminó siendo absuelto.

El auto de la sala también acuerda que se siga el procedimiento contra el juez y el fiscal por presuntos delitos de amenazas y coacciones contra un total de nueve personas, todos ellos investigados o testigos en las diferentes ramas del caso Cursach. Sobre el fiscal Subirán, los jueces de la sala también aprecian indicios de un presunto delito de inducción al falso testimonio sobre un testigo protegido de la causa. “No puede descartarse ahora que los destinatarios de tan claras presiones se hubieran podido sentir amenazados o en su caso coaccionados” dicen los magistrados, sobre algunas de los episodios en los que algunos investigados denunciaron que habían sido advertidos de que podían cambiar a peor su condición procesal o incluso ser enviados a prisión si no declaraban lo que los investigadores pretendían. La sala abre la puerta juzgar a los seis acusados por múltiples delitos de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos por las numerosas filtraciones que en ocasiones terminaron siendo públicas y que las acusaciones atribuyen a un intento de los antiguos investigadores de crear “un clima mediático de contaminación hostil” con respecto a los investigados.

El juez Penalva fue jubilado por incapacidad permanente por el Consejo General del Poder Judicial en julio del año pasado y el fiscal Subirán fue jubilado de forma anticipada en 2020. Ambos fueron apartados de la investigación del caso Cursach en marzo de 2018 después de que un juzgado comenzara a indagar las filtraciones de parte del sumario a petición de las defensas de varios de los encausados en el caso. Estas pesquisas revelaron la existencia de un chat de WhatsApp en el que los policías del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional encargados del asunto comentaban su día a día con el juez y el fiscal, intercambiando opiniones y en ocasiones insultos sobre detenidos e investigados. El asunto pasó a manos del TSJB porque Penalva era aforado y este es el organismo competente para investigar a los jueces.

El caso Cursach comenzó hace nueve años con la investigación sobre un supuesto amaño en las oposiciones de ascenso dentro del cuerpo de la Policía Local de Palma. Una operación paralela contra la banda motera de Los Ángeles del Infierno destapó una red de connivencia entre empresarios de las zonas de ocio nocturno playero, sus trabajadores y los agentes de la policía que hacían las patrullas para controlar ruidos, aforo y venta de drogas. Tras comenzar la jueza de instrucción Carmen González a tirar de la madeja, un cambio de destino de la magistrada dejó el asunto en manos del juez Penalva y del entonces fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, que con la ayuda de un núcleo muy cercano de cuatro policías nacionales del grupo de blanqueo pisaron el acelerador de las investigaciones.

El goteo de testigos y detenidos fue constante durante dos años. El abanico de investigaciones se iba abriendo cada vez más y desfilaron por el despacho del juez desde mandos de la policía, altos funcionarios municipales y políticos a camareros de discoteca, empresarios de la noche y una madame. Las comparecencias judiciales se intercalaban con denuncias de los testigos de la Fiscalía que acusaban de amenazas al entorno de Cursach y las quejas de los abogados personados por las formas y las resoluciones de los investigadores, que fueron autorizados a portar armas cortas tras denunciar episodios de seguimiento. La investigación alcanzó su cenit con la detención e ingreso en prisión provisional del empresario Cursach, acusado de más de una decena de delitos, y de su mano derecha, Bartolomé Sbert, en febrero de 2017.

Poco después de la detención del empresario, dos abogados denunciaron episodios de coacciones hacia una testigo por parte del juez Penalva y el fiscal Subirán, que comenzaron a ser investigados. Las conversaciones de WhatsApp incluidas en el sumario recogen insultos del magistrado a algunos de los investigados y terminaron con el juez Penalva apartado del caso tras una recusación y con el fiscal Subirán de baja. El caso Cursach pasó entonces a ser instruido por un tercer juez, Miquel Florit, que decidió indagar las continuas filtraciones de parte del sumario y provocó la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas y el descubrimiento de un chat de WhatsApp de los antiguos investigadores cuyas conversaciones terminaron siendo de dominio público y les llevaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El caso Cursach ha seguido su curso hasta el comienzo, el lunes, del juicio.