El Gobierno autoriza el refuerzo de las tropas de Estados Unidos sin pasar por el Congreso

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa a negociar con Estados Unidos el despliegue de dos nuevos destructores en la base naval de Rota (Cádiz), que se sumarán a los cuatro ya destacados desde 2015. Tal como adelantó EL PAÍS el pasado 2 de enero, el aumento en un 50% de la presencia de la Navy en España se hará sin modificar el convenio bilateral de defensa entre los dos países, firmado en diciembre de 1988, por lo que no será sometido a la aprobación del Parlamento. La llegada de los dos destructores, con 300 tripulantes cada uno, se producirá en los años 2024 y 2025, según la petición que ha hecho el Pentágono.

El refuerzo de las tropas de Estados Unidos en España fue anunciado por el presidente estadounidense, Joe Biden, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la visita que el primero hizo a Madrid en junio pasado, con motivo de la cumbre de la OTAN. Los dos nuevos buques se encuadrarán en el escudo antimisiles de la Alianza Atlántica, pero también realizarán misiones por cuenta de Washington.

Para sortear el refrendo parlamentario, al contrario de lo que sucedió en las tres anteriores ocasiones en que se modificó el convenio (en 2002, 2012 y 2015), el Gobierno se basa en que este aumento “no altera la naturaleza” del tratado militar con Washington, cuyo segundo protocolo de enmienda, que autorizó el despliegue de los cuatro primeros destructores, ya preveía que se pudieran firmar “acuerdos administrativos”, en desarrollo del mismo, “siempre que sean conformes con el convenio y con las respectivas legislaciones nacionales”.

Al eludir la reforma del convenio, el Gobierno evita que su socio minoritario, Unidas Podemos, vote en el Parlamento en contra de la llegada de los nuevos buques, pero eso impide legalmente prorrogar su vigencia. El convenio de cooperación para la defensa entre España y EE UU entró en vigor en mayo de 1989, con una vigencia de ocho años, pero las dos primeras veces que se reformó (para regular la actuación en España de los servicios secretos de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses y para incluir la llegada de los cuatro primeros destructores) se prorrogó por el mismo periodo, extendiéndose hasta el 21 de mayo de 2021. Desde entonces se aplica el artículo 59.2 del convenio, según el cual este se prorroga automáticamente por periodos anuales si, seis meses antes de su finalización, ninguna de las partes lo denuncia. Como no se denunció antes del 21 de noviembre pasado, su vigencia se ha extendido hasta mayo de este año.

Tener de inquilinas a las Fuerzas Armadas estadounidenses con un contrato que caduca cada año puede causar inseguridad jurídica, pero las fuentes consultadas sostienen que Washington sabe que España es un aliado sólido y que este vínculo no va a cambiar aunque lo haga el partido en el Gobierno. Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es controvertida, pues el convenio bilateral tiene rango de tratado internacional para España, (aunque no para Estados Unidos) y requiere la aprobación de las Cortes. La enumeración de las unidades destacadas en Rota figura en un anexo, pero este forma parte del propio convenio, como especifica su artículo 69.1, por eso se sometió a ratificación del Congreso la llegada de los cuatro primeros buques.

Las fuentes consultadas señalan que, en todo caso, no se superará el tope de personal estadounidense fijado en el convenio para la base de Rota: 4.250 militares y 1.000 civiles. En septiembre de 2021, la presencia real de estadounidenses se limitaba a 3.200 militares y 450 civiles, el 70% de lo autorizado. Tampoco los seis destructores estarán nunca simultáneamente en Rota, agregan, ya que siempre hay más de uno navegando o en dique seco, por avería o mantenimiento.

Además de autorizar la firma del acuerdo, el Gobierno encarga a Exteriores y Defensa que, mediante la creación y concesión de las Instalaciones de Apoyo (IDAs) y las correspondientes autorizaciones de carácter temporal, tomen las medidas necesarias para albergar la futura fuerza de seis destructores, sus tripulaciones y equipamiento embarcado en la base gaditana. Más allá del debate político, está el económico. El aumento del número de destructores supondrá más trabajo para los astilleros de Navantia, a los que la Navy ha adjudicado el mantenimiento de sus buques en Rota por un máximo de 822 millones de euros hasta 2028.

Los cuatro primeros destructores de la clase Arleigh Burke llegaron a Rota entre febrero de 2014 ―el primero de ellos fue el USS Donald Cook― y septiembre de 2015 ―el USS Carney fue el último―. Dotados con el sistema de combate Aegis, forman el componente naval del escudo antimisiles que la OTAN aprobó poner en marcha en 2010 para protegerse de un hipotético ataque de países como Irán y Corea del Norte (entonces se consideraba todavía a Rusia como un socio), e incluye bases terrestres lanzamisiles en Polonia y Rumania y un radar en Turquía. Sin embargo, esa no es la única misión que les encomienda el Pentágono: con frecuencia hacen patrullas de vigilancia y disuasión en el mar Negro y, en abril de 2017, dos de estos buques lanzaron 59 misiles Tomahawk en represalia por el uso de armas químicas por el régimen de Bachar el Asad.

A partir de mayo de 2020, la Navy ha relevado a los destructores inicialmente destacados en Rota por otros cuatro más modernos: el USS Arleigh Burke, el USS Roosevelt, el USS Paul Ignatius y el USS Bulkeley. Tras la llegada de este último, en agosto pasado, ha quedado completado el relevo de los buques del Escuadrón de Destructores 60 que integran las Fuerzas Navales de Despliegue Avanzado en Europa (FDNF-E). Los nuevos barcos, a diferencia de los anteriores, tienen un helicóptero embarcado, lo que ha llevado a desplegar en junio en la base de Rota un Escuadrón de Helicópteros Navales de Ataque (HSM-79), conocido como los Griffins (”grifos”, la criatura mítica con garras de león y alas de águila), dotado con aeronaves MH-60R Seahawk.