El Gobierno aguarda a que Castilla y León le informe por escrito del protocolo antiabortista

El Gobierno no da crédito ante las contradicciones constantes que el PP y Vox mantienen en la Junta de Castilla y León, la principal administración donde gobiernan en coalición, y que, lejos de aminorar, se retroalimentan. El intento del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de querer cerrar la crisis asegurando que no se instará a los médicos a ofrecer a las mujeres que decidan abortar la escucha del latido fetal, atención de los servicios de salud mental o una ecografía 4D, no solo no ha convencido sino que ha incrementado la desconfianza en La Moncloa. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “actuará con toda la fuerza de la ley”. El requerimiento con el que el Gobierno emplazó a la Junta a comunicarle por escrito su protocolo antiabortista, que sigue sin ser público ni se ha notificado al Gobierno, es “el primer paso” de una batalla legal que puede alargarse meses. Lo que no se contempla es la suspensión de la autonomía de Castilla y León mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución: “El Gobierno no está ahí”, zanjó Pilar Alegría, portavoz de la ejecutiva federal del PSOE y ministra de Educación.

El requerimiento fue la reacción del Gobierno a la falta de respuesta de Castilla y León a la carta que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, remitió a la Junta para que pormenorizase las medidas antiabortivas. La ley de la jurisdicción contenciosa establece en su artículo 30 que la comunidad autónoma que preside Fernández Mañueco dispone de un plazo máximo de 10 días para dar respuesta por escrito al Ejecutivo central, según trasladan fuentes gubernamentales. De mantenerse abierto el conflicto entre las partes, se podría crear una comisión técnica para negociar entre ambos gobiernos, pero el grado de desencuentro dificulta ahora mismo ese escenario. “Da la sensación que [el PP] quiere ganar tiempo para buscar la fórmula que le permitiera sortear la ley al tiempo que atiende las condiciones de su socio de Gobierno”, ha observado la portavoz del Ejecutivo. “O se cumple con la ley o se cumple con Vox”, ha apostillado Rodríguez.

El silencio al requerimiento desembocaría en la presentación de un recurso por la vía contencioso-administrativa en la que el Gobierno podría solicitar medidas cautelares, que no implicaría la paralización automática del protocolo antiabortista (se trata de una decisión que corresponde al juez). La conclusión, según diversas fuentes del Ejecutivo, es que el proceso podría alargarse meses. En el Gobierno recuerdan que al inicio de la legislatura ya se colisionó con Murcia, otra comunidad gobernada por el PP, para la implementación del pin parental. Entonces también se presentó un requerimiento y el siguiente paso que dio el Ministerio de Educación fue un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el Gobierno autónomo de Fernando López Miras —formado en aquel momento por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox— tras la resolución de la Consejería de Educación que obligaba a los centros educativos a pedir autorización escrita a los padres para que sus hijos asistiesen a actividades escolares impartidas por personal externo. La justicia ordenó suspender cautelarmente la aplicación del veto parental para actividades complementarias días antes de la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia. En el curso siguiente Murcia estableció un pin parental más suave que establecía el requisito de informar a las familias de las actividades complementarias con una semana de margen. De esta forma el pin parental dejó de afectar a los planes curriculares.

El PSOE y Unidas Podemos han redoblado mientras tanto la presión sobre Alberto Núñez Feijóo a la espera de conocer al detalle el contenido del protocolo, que Castilla y León pretendía aplicar desde este lunes. Sin embargo, los sanitarios no han recibido ninguna instrucción sobre el protocolo antiabortista impulsado por la Junta. “Feijóo no es el líder del PP, es el rehén de Vox. Todo el mundo sabe que el PP necesita a Vox para llegar al Gobierno, es su aliado natural. Frente a esta decisión acordada y pactada en la Junta de Castilla y León, la pregunta es cuál es la opinión de Feijóo, que lleva cuatro días callado. Si sigue en silencio entenderemos que le falta autoridad dentro del PP”, ha afirmado Alegría. “Su silencio le desacredita como líder del PP y acredita a la ultraderecha”, ha remachado.

“Mucho más preocupadas”

“Estamos mucho más preocupadas que antes de escuchar al presidente Mañueco. No se trata ya de obligar o instar, lo que quiero decirles es que la ley orgánica de interrupción voluntaria del embarazo establece cuál es la información que hay que trasladarle a las mujeres que quieran interrumpir libremente su embarazo. Y no ofrecerle otras pruebas alternativas que puedan condicionar su libertad como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional”, ha destacado Darias. La ministra de Sanidad ha lamentado que el PP “sea ejecutor de las políticas de Vox”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado al PP al comparar la propuesta de la ultraderecha en el Ejecutivo que preside en Castilla y León con las políticas de Viktor Orbán. “Lamentablemente, el PP permite que convirtamos los derechos de las mujeres en lo que está pasando en Hungría. El Gobierno es un Gobierno feminista que va a garantizar los derechos sexuales reproductivos de las mujeres en todo el territorio español. No queremos ser Hungría, sino una democracia como somos, sólida con derechos para las mujeres en nuestro país”, ha señalado a la salida de un acto en Madrid, informa Paula Chouza.