El Gobierno confía en que ahora será mucho más fácil que Puigdemont pueda ser juzgado en España

El Gobierno ha optado por evitar un choque directo con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha hecho una interpretación de la reforma del delito de sedición muy diferente a la que esperaba el Ejecutivo cuando llevó a cabo ese cambio. El Gobierno pretendía que el delito de sedición, que decidió derogar, se sustituyera por uno más suave —de 15 años de condena máxima a 5— de desórdenes públicos agravados, que se diseñó, según el Ejecutivo, para que encuadrara perfectamente los comportamientos del procés, hasta el punto de que se utilizaron en él expresiones exactas de la sentencia del Supremo que condenó a sus líderes. Pero el juez del Supremo ha interpretado que esos comportamientos, que sí entraron en la sedición, no encajan en el delito de desórdenes públicos agravados, dando así la razón a ERC, que decía que quedaban fuera. Pese a la evidente discrepancia de interpretaciones, el Gobierno ha optado por no entrar al debate y quedarse en el tradicional “respeto absoluto a las decisiones de los tribunales españoles y, en su momento, europeos”, pero sobre todo ha decidido ver el vaso medio lleno.

El auto de Llarena, explican fuentes del Ejecutivo, demuestra que los comportamientos del procés no quedan impunes. “Los hechos ocurridos en Cataluña en 2017 eran delito con el Código Penal anterior y son delito tras la reforma actual del Código Penal. Esto es indiscutible tras el auto de Llarena”, señalan estas fuentes. Pero aún más importante, dentro de esta idea de ver el vaso medio lleno: este movimiento de la reforma del Código Penal, tras el auto de Llarena, puede acercar la posibilidad de que el expresident Carles Puigdemont pueda ser extraditado, algo que no se ha logrado en estos cinco años cuando se le perseguía por sedición, un delito que no existe en Bélgica ni en casi ningún país europeo, al menos con ese nombre.

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El Gobierno reacciona al auto de Llarena sobre Puigdemont tras la reforma del Código Penal

La idea inicial del Gobierno es que al eliminar la sedición, Llarena buscara a Puigdemont y otros líderes por desórdenes públicos, un delito que sí existe en Bélgica y en casi todos los países, y por malversación, aunque con una pena menor después de la modificación. Sin embargo, Llarena opta por perseguirlo por malversación y desobediencia.

No era el plan del Ejecutivo, pero el resultado puede ser el mismo, según estas fuentes: que Puigdemont vuelva a España y sea juzgado por un delito de malversación, que tiene una condena alta, entre 8 y 12 años de prisión —aunque menos que la sedición, hasta 15 años— y una inhabilitación muy fuerte, de 10 a 20 años. Para el Ejecutivo sí supondría un golpe insoportable que el expresident quedara totalmente impune tras la reforma, pero de momento nada indica que eso vaya a ser así. Esto también sirve para Oriol Junqueras, que se arriesga incluso a que se amplíe su inhabilitación, por lo que no podría presentarse a las próximas elecciones. Aunque aún queda tiempo para ver el efecto real en otros acusados y condenados.

Si el efecto final de esta jugada es que es entregado a España por Bélgica para ser juzgado por el Supremo, el golpe político será mucho menor. “Con la europeización de nuestro Código Penal y la superación de un delito arcaico y decimonónico como la sedición, las probabilidades de éxito de las euroórdenes han aumentado exponencialmente. Por tanto, estamos más cerca de ver cómo los fugados rinden cuentas ante la justicia española, algo que resultó imposible con el Código Penal anterior”, señalan las fuentes del Gobierno.

La conclusión política final, en consecuencia, es que parece evidente que el Supremo no ve las cosas como el Ejecutivo, y de hecho el auto de Llarena dedica palabras muy duras a la reforma del Gobierno, pero el pragmatismo de La Moncloa les lleva a concluir que lo importante es la solución final y sobre todo que se vea que ellos han intentado resolver un problema político, aunque sea evidente que los jueces son independientes y actúan conforme a su criterio y en muchas ocasiones en contra de la línea del Ejecutivo. Llarena es un juez de indudable tendencia conservadora.

En la esfera pública, el Gobierno evitó ayer en todo momento el choque. La portavoz, Isabel Rodríguez, recordó que con el auto de Llarena el procés y la actuación de Carles Puigdemont “continúan teniendo una condena, un reproche penal”. Rodríguez señaló que la con la reforma del Código Penal se ha homogeneizado y armonizado con el resto de la legislación penal europea, lo que constituye un compromiso que tenía España con los demás países de la eurozona.

Rodríguez aseguró que después de la reforma hay “herramientas suficientes” para proseguir con el procedimiento contra el expresidente de la Generalitat por el referéndum ilegal de 2017. La ministra de Transportes, la catalana Raquel Sánchez, también cree que las consecuencias pueden ser positivas. “Quiero recordar que hace algunos años, cuando se tramitaban las peticiones de extradición, uno de los problemas jurídicos y procesales a los que se enfrentaba la justificación era precisamente esa falta de homologación de nuestro Código Penal”, aseguró.