Bolaños considera “lógico” que los condenados del ‘procés’ pidan su absolución tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, considera “lógico” que las defensas de los políticos independentistas condenados por el procés pidan al Supremo una revisión de sus condenas o su libre absolución. Así lo ha señalado en una entrevista en TVE este miércoles, preguntado por la intención de los abogados del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras (ERC) —que ahora no puede concurrir como candidato en ningunas elecciones— y de otros líderes de la intentona independentista de Cataluña en 2017, que fueron condenados dos años más tarde. El PP ha insistido en su oposición a que se reduzcan las penas aunque entiende que los jueces están obligados a aplicar la ley tras la reforma legal que entra en vigor este jueves y que suprime el delito de sedición, crea otro de desórdenes públicos agravados y modifica el de malversación.

“Es lógico que los abogados de los condenados pidan la revisión de la condena e incluso su libre absolución; lo raro sería lo contrario”, ha manifestado el ministro de Presidencia, que ha recalcado que la reforma del Código Penal comporta una tipología penal diferente. “Lo que procede es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda revisar la pena de inhabilitación, porque la [que comportaba] prisión recordamos que ya fue indultada”, ha especificado Bolaños, para quien esa revisión responde a un “funcionamiento absolutamente normal” de los procedimientos tras modificarse la legislación penal.

Con todo, Bolaños ha recalcado que las penas del nuevo Código Penal son “sumándolas, incluso superiores a las de inhabilitación que tienen en este momento los condenados, de 13 años”. Entiende el ministro que corresponde al alto tribunal discernir si procede reducir los años de condena o mantener los actuales, pues está “dentro de los umbrales” de las penas que, ha señalado, recoge la reforma legal. Preguntado por el caso de la petición del magistrado Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, que ha instado a la Fiscalía a que revise el caso Acuamed a raíz de los cambios en la malversación, el titular de Presidencia ha insistido en que se trata de un caso previo a la anterior modificación del Código Penal, de 2015, que, ha recalcado, fijó penas más livianas para ese tipo legal.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que su formación “se opone a que se reduzca cualquier tipo de condena”, aunque ha matizado que los populares entienden “que los jueces tendrán la obligación de aplicar la ley”, que ha criticado que impulsó el Gobierno “porque así se lo exigen sus socios independentistas de ERC”.