La tensión electoral y la reducción del trasvase Tajo-Segura caldean una nueva ‘guerra del agua’

El bajo nivel de los embalses, pese a las últimas lluvias, y la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo están a punto de reavivar la guerra del agua por el trasvase Tajo-Segura, con una violencia inédita desde que en marzo de 2018 miles de regantes se manifestaron contra el Gobierno de Mariano Rajoy encabezados por un barón del PP, el murciano Fernando López Miras. La fractura interna que genera en los dos grandes partidos una cuestión tan sensible ha vuelto a aflorar tras el año más seco en décadas, con los pantanos españoles al 34,3% frente al 51,1% de media en la misma semana en los últimos 10 años. El PSOE y el PP asumen resignados la imposibilidad de fijar una estrategia de partido ante los intereses políticos, económicos y sociales contrapuestos de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (en manos del PSOE), y Andalucía y Murcia (del PP).

Un dirigente socialista de la Comunidad Valenciana señala que “el trasvase no es una cuestión ideológica, es territorial. Da igual que seas del PP o PSOE, es un tema identitario y provoca que defiendas posiciones diferentes a las de tus compañeros de partido en otras comunidades afectadas”. Tercia un diputado popular: “La financiación autonómica lleva pendiente de renovarse desde 2014 y tampoco nos ponemos de acuerdo ni entre nosotros, lo mismo que en el PSOE, pero la diferencia es que todo lo que rodea al agua es mucho más pasional”. El agua mueve decenas de miles de votos que, agitados por grupos de presión como las patronales y los sindicatos y asociaciones agrarias y de regantes, pueden determinar el futuro de más de un líder autonómico la noche del 28 de mayo.

La euforia de Emiliano García-Page y la indignación de López Miras por el aumento del caudal ecológico del Tajo, y, por tanto, de la reducción del trasvase, son dos caras de la misma moneda. Donde el presidente socialista de Castilla-La Mancha habla de una “decisión histórica” para “salvar el Tajo de verdad”, el presidente popular de Murcia denuncia un “hachazo” del 40% del agua transferida anualmente al sureste del país, un recorte que representa “la mayor afrenta a la Región de Murcia de los últimos tiempos por parte del Gobierno de España”.

En ambos casos responden a una sensación de agravio que a la oposición, sea del PP o del PSOE, le resulta muy difícil de contrarrestar. El líder del PP regional en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, guarda silencio mientras trata de sobreponerse a la enmienda a los Presupuestos Generales de 2023, que su partido presentó en el Congreso, igual que un año antes, para incrementar el trasvase. El secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, reivindica las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez frente a las críticas en su comunidad a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por el recorte del flujo de agua trasvasada. “El PSOE trabaja para interconectar las desaladoras, para que haya un aumento de la producción del agua desalada, para reducir el coste de la energía con plantas fotovoltaicas y que los regantes tengan garantizada el agua que necesitan a un precio razonable”, esgrime Vélez.

Choques entre Castilla-La Mancha y Murcia

El pulso principal de esta nueva guerra del agua con múltiples frentes, ya sean entre el Gobierno y barones del PSOE y del PP o entre líderes territoriales que comparten partido, lo libran Murcia y Castilla-La Mancha. López Miras ha anunciado acciones judiciales para evitar el recorte del trasvase, y García-Page recuerda que varias sentencias del Tribunal Supremo y la normativa marco de la UE avalan la disminución del riego para el sector primario del arco mediterráneo. Pero a nadie se le escapa la ola electoral de votos que puede arrastrar. Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la Comunidad Valenciana, ha advertido de que el agua del Tajo “es imprescindible para el desarrollo económico y social” de su provincia, lindante con Murcia. “El trasvase es absolutamente irrenunciable y defenderemos siempre, a través del diálogo, los intereses de los regantes y de los agricultores”, ha tenido que marcar perfil el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig.

El plan de cuenca del Tajo —con unas reservas hídricas del 40,1%, por debajo de la media de los últimos 10 años (46%)— contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. “Esto haría inviable la agricultura de la zona que depende del trasvase”, pronostica Javier Berenguer, vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS); “si se cumplen nuestros temores habrá movilizaciones importantes y el PSOE se habrá montado una guerra del agua, también interna entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha”, subraya.

Los agricultores recuerdan su fuerza y arraigo en la zona: según el SCRATS, el trasvase genera más de 100.000 empleos y su industria agroalimentaria aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional. Otro dato que destacan es que las tres provincias que se benefician de la obra, aprobada en 1968 e inaugurada en 1979 y de 292 kilómetros de longitud, producen el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas. Un éxito de gestión que tiene sus contradicciones y da argumentos a quienes dudan de la sostenibilidad del trasvase: un informe del SCRATS reconoce que esa parte de España, pese a “sufrir de un déficit estructural de recursos hídricos, ha podido desarrollar una agricultura moderna y productiva y convertirse en una de las zonas de mayor producción hortofrutícola de Europa”. El precio es clave: el agua desalada se subvenciona a 32 céntimos el metro cúbico, aunque los regantes señalan que una vez se le suma el IVA, el peaje por el transporte y la inflación sube a 45 céntimos. El agua del trasvase es mucho más económica: sale a unos 13 céntimos, según el sindicato de regantes.

La prueba de que el Tajo no anda sobrado de agua es que el Ministerio de Transición Ecológica autorizó en septiembre un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos solo para abastecimiento urbano, desatando las protestas de Murcia y Andalucía. El Gobierno se defiende tirando de hemeroteca: entre 2014 y 2018, es decir, con Rajoy en La Moncloa, se trasvasaron 829 hectómetros cúbicos a través del acueducto Tajo-Segura. Desde que Sánchez es presidente, el volumen trasvasado ha sido de 1.229 hectómetros cúbicos.

Desconfianza dentro del PSOE

En este contexto de carestía, las posiciones encontradas alimentan la desconfianza. Incluso dentro del mismo PSOE. Los nervios se exacerbaron tras el Consejo Nacional del Agua del 29 de noviembre, en el que se avaló el proyecto de real decreto de los planes hidrológicos de cuenca de los ríos españoles para el periodo 2022-2027. La intención del Gobierno es aprobarlo en el Consejo de Ministros antes de fin de año, cuando se debería remitir a Bruselas. Sobre el papel, los problemas tendrían que haber quedado resueltos. El documento incluyó una disposición que establece que el Ministerio de Transición Ecológica evaluará, en función de la situación medioambiental, la aplicación de los caudales ecológicos mínimos fijados en el plan hidrológico de la parte española del Tajo a partir de 2026. Es decir, que no sería automático, lo que daría una salida al PSOE en la Comunidad Valenciana y en Murcia frente a sus agricultores, pero a lo que se niega García-Page.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, parece haber dado la razón al presidente de Castilla-La Mancha. El número dos de Ribera recordó el miércoles en el Senado que hay “cinco sentencias por las que los tribunales no nos van a dejar que demos marcha atrás”. Todas las comunidades involucradas lo interpretaron como un incremento paulatino del caudal ecológico del Tajo los próximos años. Morán lo justificó como “un procedimiento de aplicación progresiva que permita ir desplegando las infraestructuras para ir supliendo las disminuciones de caudales, básicamente consecuencia del impacto del cambio climático en la cuenca cedente, con agua desalada”. Unas explicaciones que han puesto en guardia a López Miras, pero también al presidente valenciano, que pide que se cumpla lo aprobado en el Consejo Nacional del Agua. “Sin acuerdo no va a haber agua. La guerra solo trae sufrimiento y fractura. Nosotros, con toda la firmeza, defenderemos el interés de los regantes”, ha avisado Puig. El barón socialista de la Comunidad Valenciana es el objetivo principal del PP en las elecciones de mayo y ha dejado claro al Gobierno que no admitirá que “haya rectificaciones sobre lo que ya está escrito”. Y menos con unas elecciones en las que se juega la reelección a la vuelta de la esquina, en las que el agua se ha convertido en un arma política.