La Audiencia Nacional rechaza que Mapfre sea perjudicada en la causa del ‘Villa de Pitanxo’

La Audiencia Nacional ha frenado las intenciones de la compañía Mapfre de personarse como perjudicada en la investigación judicial sobre el hundimiento del buque gallego Villa de Pitanxo, que dejó 21 muertos al naufragar el 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de las costas de Terranova (Canadá). El tribunal, que mantiene imputado al patrón del pesquero por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores, ha rechazado las pretensiones de la empresa, que había asegurado a la embarcación ante posibles “daños” y que pretendía acceder a las pesquisas para obtener documentación sobre el incidente, según consta en una resolución de la Sala de lo Penal del pasado 9 de septiembre. Contactada por EL PAÍS, Mapfre no ha querido hacer comentarios al respecto.

El juez instructor Ismael Moreno, que investiga la muerte de los 21 marineros, ya rechazó la personación de Mapfre en mayo de este año. Pero la multinacional recurrió entonces la decisión del magistrado. La empresa alegó que, como aseguradora de los daños del buque, tenía derecho a que se le reconociera como perjudicada y a conocer cómo se produjo el naufragio, sobre el que los tres supervivientes —el patrón, su sobrino y un tercer tripulante— ofrecen versiones contradictorias. La empresa argumentaba, además, que no había podido acceder al Diario de Navegación, perdido en el hundimiento; ni a la Protesta de Mar ante el Cónsul de España en San Juan de Terranova, un acta que levanta el capitán del buque ante este tipo de incidentes.

Sin embargo, la Audiencia Nacional rechaza esa tesis. Primero, el juez Moreno incidió en que la aseguradora pretendía justificar su condición de perjudicada en que tenía un contrato de seguro de capturas y daños con el Villa de Pitanxo; un extremo que, según el instructor, nada tiene que ver con los hechos presuntamente delictivos que se investigan en estas pesquisas: la muerte de 21 personas por imprudencia. Sobre ello, además, la Sala de lo Penal añade que la compañía quiere “intervenir en este procedimiento para tener acceso a la Protesta de Mar y a las pruebas que se practiquen relativas a las causas del hundimiento”.

“Esas circunstancias no justifican su condición de perjudicada”, subrayan los magistrados de la Sala de lo Penal, que inciden en que Mapfre puede conseguir la Protesta de Mar por otras vías. E, incluso, los jueces indican que, de producirse una reclamación por la vía civil del dueño del buque a la aseguradora, la empresa puede pedir la paralización de ese proceso hasta que se resuelva esta investigación penal en la Audiencia Nacional.

El juez imputó al patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. El capitán y su sobrino, Eduardo Rial (el segundo superviviente), afirmaron oficialmente que, después de sufrir una parada “repentina” en el motor principal en plena recogida del aparejo, el pesquero se hundió “de forma muy rápida” por los golpes de mar que lo escoraron. Según aseguró la armadora a través de una nota, donde recogía la versión de Padín, la maquinaria del buque dejó de funcionar y este quedó “sin propulsión ni gobierno”, expuesto a olas de hasta 10 metros y a vientos de 56 kilómetros por hora. Además, el patrón dijo que había a bordo trajes de supervivencia para todos los miembros de la tripulación y que dio orden de que se los pusieran cuando el barco comenzó a hundirse.

Pero el tercer superviviente, el marinero Samuel Kwesi, ofrece una versión distinta. Este contó a la Guardia Civil que fueron las maquinillas que recogen los aparejos las que dejaron de funcionar y luego se paró el motor; que Padín no atendió a las advertencias que le habían hecho los marineros para que soltase la red, lo que podría haber permitido corregir la escora; y que el capitán tampoco dio la orden de abandonar el barco ni de colocarse los trajes de supervivencia.