El Gobierno concede la nacionalidad a Samuel Koufie, superviviente y testigo de cargo del naufragio del ‘Villa de Pitanxo’

El Consejo de Ministros concedió el martes la nacionalidad española al marinero ghanés Samuel Koufie, uno de los tres supervivientes del naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, hundido en aguas de Canadá en febrero. En el accidente, murieron 21 tripulantes (12 de ellos siguen desaparecidos) y la Audiencia Nacional investiga sus causas.

El acuerdo, tomado a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), que refiere “las circunstancias excepcionales que concurren” para “conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a Samuel Koufie”, residente en el municipio pontevedrés de Marín (24.200 habitantes) desde su llegada a España hace una década y ahora testigo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la investigación abierta para esclarecer las causas del siniestro.

Koufie, casado y con hijos, llegó a España como polizón en un portacontenedores desde Ghana al puerto de Vigo, en una travesía épica junto a otros compañeros, según el mismo ha relatado. Con experiencia como marinero, trabajó como tripulante en varios barcos gallegos dedicados a la pesca de altura.

El 26 de enero, Samuel Koufie se enroló por primera vez en el Villa de Pitanxo por las bajas producidas por parte de varios miembros de la tripulación. Era su primera experiencia en el caladero de Canadá, aunque había faenado anteriormente en Gran Sol y Malvinas. Tras el naufragio, la mayor tragedia del sector pesquero gallego, la vida de Samuel Koufie dio un vuelco radical, no solo por ser el tercer superviviente localizado por los equipos de salvamento que participaron en la búsqueda de los náufragos en Terranova, sino por convertirse en el testigo de cargo en la investigación del caso al desmentir categóricamente la versión del capitán y de su sobrino sobre las causas del accidente.

Cambio en la declaración

Koufie cambió la declaración que inicialmente dio ante las autoridades canadienses y que coincidía con la de los otros dos supervivientes, pero luego ante la Guardia Civil de Pontevedra los acusó de mentir y de dar una versión al dictado de la compañía armadora. Así se abrió una investigación penal que dirige la Audiencia Nacional después de plantearse un conflicto de competencias sobre la instrucción de la causa entre Marín y Madrid. El titular del Juzgado número 2, Ismael Moreno, puso fin al limbo judicial del caso siete meses después del accidente para evitar “dilaciones innecesarias”, apelando al principio de ubicuidad del Tribunal Supremo, por el que otorga las competencias al juzgado que haya iniciado las primeras diligencias de investigación.

La posición del magistrado, aunque no coincide plenamente con los criterios de la Fiscalía, que defiende que la competencia le corresponde a un juzgado gallego, trata de agilizar el caso en el que están investigados el capitán, Juan Padín Costas, y su sobrino, Eduardo Rial Padín, al apreciar indicios de un delito de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Respecto a Rial, el juez ha rechazado imputarlo por un presunto delito de encubrimiento a su tío, como pidieron las familias de las víctimas.

En lo que sí parece que Ismael Moreno ha dejado abierta la puerta es en ordenar la inspección del barco que vienen reclamando los familiares en una incansable procesión a través de múltiples instancias en instituciones y organismos internacionales. El juez valorará los informes técnicos que obran en el sumario para tomar la decisión.

María José de Pazo, portavoz del colectivo de afectados, explicó que el magistrado ha pedido un informe a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) acerca de la conveniencia de bajar al pecio y cualificación de su personal, basándose en los datos relativos sobre las causas del siniestro. De hecho, el informe pericial preliminar del Ciaim concluye que naufragio del Villa de Pitanxo pudo evitarse soltando la red, y descarta que el motor se hubiese parado de forma súbita, tal y como ha defendido la empresa armadora y han mantenido el patrón del barco y su sobrino, incluso después de que Samuel Koufie cambiara esta versión ante la Guardia Civil.

Esta petición del juez sobre una posible investigación en los restos del naufragio en aguas de Terranova ha sido recibida con optimismo por los familiares, y creen que sería un paso definitivo, ya que el Gobierno siempre ha mantenido el criterio de que el acceso al barco con un robot para grabar imágenes se produciría solo en el caso de que se solicitara en el marco de la instrucción judicial.