El juez retira el pasaporte al patrón del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ tras declarar como imputado

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha retirado este lunes el pasaporte a Juan Padín, el patrón del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que naufragó el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá) con 21 marineros fallecidos. Esta medida cautelar, además de la obligación de comparecer cada dos semanas en un juzgado, la había solicitado la Fiscalía tras escuchar al patrón —uno de los tres únicos supervivientes— en su interrogatorio de más de dos horas ante Moreno en calidad de investigado por homicidio imprudente como presunto responsable del naufragio.

En contra de lo que habían solicitado los familiares de las 21 víctimas, algunas de ellas personadas como acusación particular, Juan Padín podrá enrolarse nuevamente en otro barco de la empresa armadora Grupo Nores, ya que la Fiscalía no se opuso a que se ausente y regrese a su trabajo habitual como patrón de pesca de altura, aunque su comparecencia dificultará que pueda volver a faenar. También se rechazó la petición de decretar la prisión preventiva para Padín.

Los otros dos supervivientes del naufragio, el marinero ghanés Samuel Kwesi y Eduardo Rial, sobrino del patrón, han comparecido por este orden ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2. Las declaraciones se producen sin que se haya resuelto el conflicto de competencia para determinar qué instancia judicial, la Audiencia Nacional, o el juzgado de Marín, será la que instruirá la causa. Moreno resolvió que debía encargarse el juzgado de Marín, pero este rechazó hacerse cargo del caso.

Juan Padín, patrón del pesquero, ha sido citado en calidad de investigado para aclarar su responsabilidad en el fallecimiento de 21 tripulantes, puesto que la propia Audiencia Nacional advirtió indicios de posibles delitos de homicidio por imprudencia, contra la seguridad de los trabajadores y falsedad en documento oficial, al haber redactado una versión falsa de lo ocurrido en la protesta de mar —el acta levantada por el capitán ante hechos de los que pudiera resultar responsable— que firmó en el consulado español en Terranova. Su sobrino Eduardo Rial también está imputado por un delito de falsedad al haber firmado el documento que secunda la versión del patrón. Por su parte, el marinero ghanés declaró como testigo.

El patrón se ha ratificado en su versión de los hechos. Ha dicho que sobre las 4 de la madrugada el motor del barco se paró, incidiendo que esta avería precipitó la tragedia. Insistió en que dio orden a la tripulación de que se pusiesen los trajes de supervivencia y que había unidades para todos, aunque precisó que “fue responsabilidad de cada uno ponérselo ya que en esos momentos los marineros estaban en shock”, declaró.

En este punto crucial del naufragio, Samuel Kwesi ratificó su versión contraria a la del patrón y, según él, fueron las maquinillas que recogen los aparejos las que dejaron de funcionar y luego se paró el motor, y que solo Padín y Rial llevaban los trajes de supervivencia cuando se hundió el barco. Eduardo Rial detalló el suceso de forma similar a la de su tío Juan Padín.

El naufragio suscitó versiones contradictorias de los supervivientes ante la Guardia Civil días después de regresar a España. El marinero ghanés, que secundó en Canadá el relato del patrón y su sobrino, dio después una versión diferente y negó que se parase el motor principal, lo que dio lugar a esta causa. La Policía Judicial envío las diligencias a la Audiencia Nacional cuando Kwesi responsabilizó al patrón de lo ocurrido y le acusó de negligencia.

En una ampliación del atestado de la Guardia Civil se recogen manifestaciones de los marineros del Playa de Menduiña Dos, el barco gallego que rescató a los tres supervivientes y trasladó a Terranova los 7 cadáveres que fueron rescatados del mar. Según estas diligencias, varios marineros atestiguaron que durante el trayecto, los supervivientes habían comentado que recibieron presiones de la empresa armadora para que dieran una misma versión de los hechos, según fuentes de la investigación.

Cuando se van a cumplir cien días del naufragio, las familias de los fallecidos, algunas ya personadas en la causa, han anunciado que se querellarán de forma conjunta contra el patrón, su sobrino y la empresa armadora, Grupo Nores de Marín. Pedirán responsabilidades por 21 presuntos delitos de homicidio por imprudencia, delitos graves contra la salud de los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.

Los familiares de los fallecidos también han anunciado una concentración para este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno que cumpla su promesa de bajar al pecio y grabar imágenes que ayuden a investigar las causas del hundimiento. La portavoz de los afectados. María José de Pazo, ha insistido en que España dispone de medios, como el buque oceanográfico Vizconde de Eza, que acaba de zarpar para evaluar los stocks pesqueros en el área de la NAFO (Organización de Pesquerías del Atlántico Norte). Los familiares han criticado que el oceanográfico no incluya en su campaña la prospección del Villa de Pitanxo con un robot y la sonda que se prestó a ceder de forma altruista una empresa noruega para tratar de localizar el barco y tomar imágenes.