La Audiencia aprecia indicios de delito en el ‘caso Villa de Pitanxo’ y lo envía a un juzgado de Marín

El testimonio de Samuel Koufie lo cambia todo. “En ningún momento, el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban”, detalló a la Guardia Civil este marinero, uno de los únicos tres supervivientes del naufragio del pesquero español Villa de Pitanxo, que dejó nueve muertos y 12 desaparecidos tras hundirse el 15 de febrero a 450 kilómetros de las costas de Terranova (Canadá). Tras respaldar en un primer momento la versión del patrón y el armador, que achacaron el incidente a un paro del motor, Koufie creyó que debía cambiar su relató. Explicó entonces a los investigadores que sus jefes lo habían estado “presionando” para no contar la verdad; y responsabilizó directamente del incidente a su superior. Una historia a la que ahora dan credibilidad la Audiencia Nacional y la Fiscalía: “Hay dudas acerca de la versión del capitán”.

El juez instructor Ismael Moreno aprecia indicios de delitos de homicidio por imprudencia grave. Según consta en un escrito firmado el pasado lunes, en línea con el ministerio público, el magistrado de la Audiencia Nacional da un importante valor al relato de Koufie.

Moreno abrió la causa hace unas semanas tras recibir un informe de la Guardia Civil sobre los testimonios contradictorios de los tres supervivientes. El capitán del pesquero, Juan Padín, contó que sobre las cuatro de la madrugada “se paró el motor del buque” y que, debido a las complicadas condiciones meteorológicas, comenzó a entrar agua en la nave y provocó que se fuera escorando. En ese momento, según dijo, “dio a la tripulación la señal de abandono [del Villa de Pitanxo], previa colocación del traje de supervivencia y chaleco salvavidas”.

Otro de los supervivientes, Eduardo Rial, que es también sobrino de Padín, ratificó su historia. E, incluso, así lo hizo en un primer momento la tercera persona que salió viva del naufragio: Samuel Koufie. Pero, después, este último cambió su relato. Su segunda versión, a la que la Fiscalía concede indicios de credibilidad, dibuja un escenario distinto: “Indicó que el motor no se para, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien, tensando pero no recogiendo y provocando la escora. Que le gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero este se negó. Que después, con el buque muy ladeado, se para el motor y se incrementó la escora de babor”.

El ministerio público recoge con profuso detalle el testimonio de Koufie: “En ningún momento, el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban. Y le sorprendió que, una vez consigue subir a una de las balsas, se hunde el buque produciendo con su arrastre un agujero en la balsa”. El marinero detalló a los investigadores “el orden de fallecimiento por hipotermia de cada uno de los tripulantes refugiados en la balsa”.

La Fiscalía considera, además, que las primeras averiguaciones arrojan multitud de dudas sobre la historia relatada por el capitán, su sobrino y la empresa armadora —que, tras el naufragio, emitió una nota donde decía que el buque dejó de funcionar y quedó “sin propulsión ni gobierno”, expuesto a olas de hasta 10 metros y a vientos de 56 kilómetros por hora—. “Existen indicios de que la versión primeramente ofrecida puede no ajustarse a la realidad, tratando con ello de eludir las posibles responsabilidades”, incide la acusación pública.

El capitán aseguró que los componentes de la tripulación se pusieron los equipos de salvamento. “Sin embargo”, explica la Fiscalía, “la declaración de Koufie indica que solo lo tenían puesto el capitán y su sobrino”: “Este hecho queda corroborado con la realidad: ni el citado marinero ni ninguno de los cadáveres recuperados tenía el equipamiento de seguridad puesto”. Y añade el ministerio público: “La velocidad del buque a esas horas, instantes antes de su hundimiento, suscita dudas acerca de la versión de Padín sobre la parada de los motores por avería como causa determinante de la escora y posterior hundimiento del buque”.

La Fiscalía concluye que existen indicios que “permiten imputar, al menos, 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, y contra los derechos de los trabajadores”. Todo ello, en una causa que recaerá ahora en un juzgado de Marín (Pontevedra), adonde el magistrado Moreno ha enviado la causa. En línea con la Fiscalía, el instructor considera que la Audiencia carece de competencia para asumir estas pesquisas al considerar que, al haber ocurrido los hechos en un pesquero bajo bandera española, deben considerarse como sucedidos en “territorio” español.

Las víctimas piden una “instrucción rigurosa”

“La inhibición de la Audiencia Nacional a favor de un juzgado de Pontevedra en el caso del hundimiento del pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova (Canadá) no ha sorprendido a los familiares de las 21 víctimas del naufragio que se enteraron del auto judicial este miércoles por los medios de comunicación. “No nos ha sorprendido, incluso la esperábamos después de conocer el contenido del informe del fiscal”, comentó este miércoles a EL PAÍS la portavoz de los afectados, María José de Pazo.

De Pazo insistió, una vez más, en que la inspección del pecio hundido es ahora más necesaria, si cabe. “Esperamos que la instrucción del caso sea lo más rigurosa posible y confiamos en la justicia, pero ante la tipificación penal que se ha hecho respecto a las muertes y ante la investigación que se abre por delante, creemos que es más necesario que nunca llegar al barco para recabar pruebas”, explicó De Pazo.

“Creemos que bajar al buque hundido arrojaría mucha información para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas del naufragio”, insistía la hija del maquinista del Villa de Pitanxo, uno de los desaparecidos en el accidente. “Los familiares queremos que se llegue a conocer toda la verdad, teniendo en cuenta las diferentes versiones que han dado los tres supervivientes”. La negativa del Gobierno a descender al barco que se encuentra hundido a unos 1.000 metros o más de profundidad a 450 kilómetros de las costas de Terranova, alegando razones técnicas que hacen inviable la operación, no ha impedido que las familias sigan haciendo gestiones para continuar reivindicando la búsqueda.

Con este objetivo convocaron varias movilizaciones. La última se celebró el pasado domingo en Marín. Por primera vez, participó Samuel Koufie, el marinero ghanés que sobrevivió al naufragio. Su declaración ante la Policía Judicial ha dado un vuelco al caso, al haber acusado al patrón de una supuesta negligencia.

Koufie se dirigió a centenares de asistentes para pedir justicia para las víctimas: “Pido al Gobierno de España que se aclare el caso, pero no se puede hacer justicia sin bajar al barco porque ahí es donde está la justicia buena, la justicia de la verdad”.

Las familias pretenden que un robot baje al barco para comprobar si puede quedar algún cuerpo y recoger pruebas periciales. “No queremos que nadie más arriesgue su vida por esclarecer las causas de este accidente, pero hay que intentarlo por nuestros familiares fallecidos y para defender los intereses de un sector amenazado por estas tragedias”, subrayó De Pazo.