La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional asuma el ‘caso Villa de Pitanxo’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que este órgano judicial asuma la investigación sobre el accidente del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que dejó nueve muertos y 12 desaparecidos tras naufragar el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros de las costas de Terranova (Canadá). Según mantuvieron este miércoles fuentes del ministerio público, la Audiencia Nacional no es competente para asumir estas pesquisas, pues los hechos ocurrieron “dentro de territorio español”, al considerar como tal todo buque que navegue bajo bandera española.

La Fiscalía defiende así que el magistrado instructor Ismael Moreno, que tiene el asunto sobre la mesa desde hace unos días, remita el caso a un juzgado de Marín (Pontevedra), “al ser puerto de base del buque”. Moreno había pedido opinión al ministerio público y ahora, una vez recibida su posición, deberá decidir si asume la investigación o la envía a Galicia.

El naufragio del Villa de Pitanxo, el peor accidente de la historia del sector pesquero gallego, ha conmocionado a la comunidad. Sobre todo, después de que los investigadores elaboraran un informe con los testimonios contradictorios de los tres únicos supervivientes.

El papel del patrón

El patrón del pesquero español, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial, mantienen que el accidente se produjo durante la maniobra de virada del parejo, cuando el pesquero se hundió “de forma muy rápida” por los golpes de mar que lo escoraron después de sufrir una parada “repentina” en el motor principal. Según aseguró la empresa armadora a través de una nota, donde recogía la versión de Padín, la maquinaria del buque dejó de funcionar y este quedó “sin propulsión ni gobierno”, expuesto a olas de hasta 10 metros y a vientos de 56 kilómetros por hora.

Sin embargo, un tercer superviviente, Samuel Kwesi Koufie, señaló al patrón como responsable del naufragio. Este aseguró que Padín no atendió a las advertencias que le hicieron los marineros para que soltase la red, lo que hubiera permitido corregir la escora y evitar el naufragio, según esta versión.

Además de las pesquisas judiciales abiertas para dilucidar si existen responsabilidades penales, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), dependiente del Ministerio de Transportes, también investiga el caso.