El otro drama tras un naufragio: falta de respuestas y un calvario burocrático

El marinero gallego Luis Rodal desapareció en el Atlántico hace más de 15 años y su familia sigue sin saber exactamente qué le pasó. Era oficial de máquinas de un pesquero que naufragó cerca de la costa de Namibia en un día de buena mar, pero su cuerpo jamás fue devuelto por las aguas. La explicación con la que tuvieron que conformarse sus padres aquel 8 de noviembre de 2006 fue que, tras declararse un incendio, el barco se hundió. Lo cuenta su hermano Xosé con tristeza: “Cogimos un abogado, pero el barco era de una filial de Pescanova con sede en Namibia que era con la que había firmado mi hermano el contrato y la conclusión fue que teníamos que pleitear allí. Nos era imposible y no lo hicimos”.

Rodal era un experimentado navegante de 35 años y vecino de Cangas (Pontevedra), la misma localidad de origen de parte de la tripulación del Villa de Pitanxo. “La armadora no pagó nada y no se investigó. La Xunta dijo que iban a seguir el caso, pero no se hizo nada”, prosigue su hermano. Xosé Rodal asegura que el marinero traía a casa unas notas que tomaba en el barco y en las que recogía que a veces tenía que reparar vías de agua en plena navegación. La familia recibió unos pocos miles de euros del seguro que tenían los marineros y así hasta hoy.

Algo ha avanzado la legislación, y las viudas y huérfanos de los marineros desaparecidos en el mar ya no son obligados a esperar años para poder cobrar una pensión. Desde 2000, explica la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape), el derecho a la prestación de viudedad y orfandad es “inmediato” aunque los cuerpos de las víctimas no hayan aparecido durante las labores de rescate en Terranova que Canadá ha suspendido. En tres meses las familias ya pueden solicitar la declaración de fallecimiento. Con todo, esta organización advierte de que a los damnificados por el naufragio del Villa de Pitanxo aún les queda un doloroso “peregrinaje burocrático” y reclama que las autoridades abran una oficina que les ofrezca asistencia en los asuntos legales.

Encontrar respuestas en la tragedia de Terranova, con 9 marineros muertos y 12 desaparecidos, no va a ser fácil. Los expertos consultados coinciden en que sin pecio y con solo el testimonio de los tres supervivientes, entre ellos el patrón, será complicado reconstruir con precisión las causas del hundimiento de un arrastrero congelador construido en 2004, que, según quienes lo pilotaron, estaba en buenas condiciones y en manos de una tripulación experimentada.

Luz Baz Abella es la coordinadora en España de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y lleva muchos años defendiendo a los marineros que surcan los mares por todo el planeta. Anima a los parientes de las víctimas a “perseguir los derechos y la memoria de sus familiares”. “Las familias necesitan respuestas, respeto y rigor en el tratamiento de las causas y consecuencias del naufragio”, demanda. Considera “fundamental” aclarar qué ocurrió y cómo se podría haber evitado. Para ello, añade, se deben explicar cuestiones como las condiciones de trabajo de los marineros en el Villa de Pintanxo, las horas de descanso, la organización del trabajo a bordo o la seguridad en condiciones meteorológicas adversas como las que afrontó la tripulación el fatídico día que el barco se fue a pique.

Baz explica que, aunque el naufragio haya sucedido en Canadá, la legislación aplicable tanto para la investigación como para el cobro de indemnizaciones es la del Estado del pabellón del Villa de Pitanxo, es decir, la española. Esta experta cree además que el hecho de que se trate de un armador español, “conocido y con trayectoria en el sector” debería facilitar que se atiendan adecuadamente las necesidades de los afectados. “El objetivo de la investigación no debería centrarse solo en buscar ‘la culpa’, sino en cerciorarse de que se toman medidas para que tragedias semejantes no se repitan”, subraya.

Las quejas de los familiares de la tripulación del Villa de Pitanxo se han sucedido desde el primer día por la angustia que atraviesan ante la falta de información. La indignación se ha desatado tras decidir Canadá la suspensión de la búsqueda de los 12 desaparecidos. Los afectados exigen al Gobierno de España que ponga medios para proseguir con el dispositivo de rescate. “Estamos abandonados”, ha lamentado este viernes su portavoz e hija del jefe de máquinas del barco, María José de Pazo. “Queremos respuestas, no que se dé carpetazo. Quieren archivar esto y nosotros no los vamos a abandonar”.

Las familias critican que el Ejecutivo envíe una fragata “en cinco minutos” a Ucrania por el conflicto con Rusia y no a Terranova para buscar a marineros españoles desaparecidos. “Es un dolor y un estrés tener una pérdida y andar suplicando. Esto es todavía clavarnos más el dolor. No hay humanidad. No están haciendo nada. Por favor, ¡reaccionen!”, ha pedido este viernes De Pazo tras una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Horas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que ha mantenido una conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que las labores de búsqueda se reanudarán cuando mejore la climatología.

Indemnizaciones

Los parientes de las víctimas tienen derecho a la compensación que cubra la póliza del seguro de la armadora, pero si sospechan que el accidente no fue fortuito, deberán emprender una lucha por otras indemnizaciones. En el caso del Villa de Pintaxo, hay afectados que ya han pedido explicaciones sobre las circunstancias del siniestro. Allegados a los tres tripulantes peruanos que formaban parte de una misma familia —Edwin Córdoba, Daniel More y Diego Andrés More— han criticado públicamente que el barco estuviera lanzando el aparejo con tan mala mar en vez de capear el temporal.

La legislación incluye la posibilidad de reclamar un recargo en las pensiones que recibirán las viudas y huérfanos de las víctimas si se demuestra que se incumplieron las medidas de seguridad, explica Alipio Santiago, excapitán de la Marina Mercante y abogado que ha llevado en Galicia varios casos de naufragios. Santiago apunta otra vía si las familias dudan de que el naufragio fuera fortuito y sospechan de una falta de seguridad laboral: reclamar una indemnización por responsabilidad civil apelando al incumplimiento de los protocolos de prevención de riesgos laborales. “En este caso se invierte la carga de la prueba: es el empresario el que tiene que demostrar que ha cumplido”, señala el abogado.

La pesca es el sector con mayores índices de peligrosidad y tasas de muerte y, pese a ello, la protección de los trabajadores del mar es “mínima”, critica la coordinadora en España de la ITF. Baz ilustra su afirmación con un hecho: el convenio internacional que regula la seguridad en buques pesqueros data de 1977 pero en estos casi 50 años aún no ha entrado en vigor por el bajo número de países que lo han ratificado. “Se dice que la gente joven no quiere ir al mar… ¿alguien arriesgaría su vida y abandonaría familia y amigos por un sueldo que puede cobrar en tierra?”, se pregunta.