El Congreso rechaza la revisión de la ley del ‘solo sí es sí’

La mayoría del Congreso rechaza por ahora revisar la ley del solo sí es sí y, en la misma línea que había marcado el Gobierno, esperará a que el Tribunal Supremo termine de fijar doctrina sobre la aplicación de las penas. Los aliados parlamentarios han cerrado filas con el Ejecutivo ante el intento del PP de promover la revisión de la norma, apenas tres meses después de haber sido aprobada, ante la reducción de condenas que están aplicando numerosos jueces ateniéndose a las nuevas tipificaciones penales. El conjunto de la izquierda y de los nacionalistas sigue defendiendo la ley, pese a la polvareda que ha levantado su aplicación.

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Un magistrado explica la polémica de la ley del 'sí es sí'

El PP llevó este martes al pleno del Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a “revisar por vía de urgencia” la norma aprobada por amplísima mayoría el pasado agosto —205 votos a favor— a fin de que los agresores sexuales “puedan tener cuanto antes las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022″. Solo uno de los grupos que refrendaron la ley, Ciudadanos, se mostró dispuesto a apoyar ahora la iniciativa sobre la revisión, que se votará este jueves, aunque la ha enmendado. La formación liberal reconoce que la aplicación de las penas ha evidenciado una “brecha”, sobre la que ya había avisado en su día, pero aun así defiende el conjunto de la ley y su objetivo de acabar con la separación entre abusos y agresiones sexuales, como explicó la diputada Sara Giménez.

“Esta ley es lo peor que hemos vivido en estas décadas de democracia”, denunció la diputada del PP Rosa Romero, que salpicó su intervención con un torrente de crítica a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hasta exigir su dimisión. Romero comenzó reproduciendo declaraciones de víctimas de abusos que estos días han visto cómo las penas de sus agresores eran rebajadas. “Es un clamor de toda la sociedad frenar la hemorragia de beneficios” de los que están disfrutando algunos de los condenados, señaló Romero. “Si el Gobierno no lo hace, demostrará que es un Gobierno sin alma”. La diputada popular recordó que su grupo fue también de los que advirtió en su momento que podía producirse este problema y que Montero lo desdeñó entonces como “interpretaciones machistas”.

El debate se celebró en ausencia de Vox, que poco antes había abandonado el pleno después de que le quitasen la palabra a su diputada Patricia Rueda por negarse a retirar el término “filoterroristas” en alusión a los socios del Gobierno. El partido de extrema derecha tenía previsto que interviniese la diputada Carla Toscana, la misma que la pasada semana desató un gran escándalo en la Cámara por sus insultos machistas a la ministra de Igualdad. Eso facilitó que el tono del debate no se desmandase en ningún momento, aunque dejó a los populares un tanto solos en su acometida contra la ley.

Los dos partidos del Gobierno se defendieron atacando. La socialista Andrea Fernández se remontó hasta la primera ley del aborto de 1985 para repasar las diferentes negativas del PP a normas que concedían nuevos derechos a las mujeres. Sofía Castañón, de Unidas Podemos, se centró en la polémica campaña contra las agresiones sexuales de la Xunta de Galicia, gobernada por los populares, y que, según algunos colectivos de mujeres, responsabiliza a las víctimas de los ataques que sufren. Los tres principales aliados del Gobierno, ERC, PNV y EH Bildu, fueron contundentes en su defensa de la ley y de la ministra. La republicana Pilar Vallugera insistió en que con el texto en la mano y las disposiciones del Código Penal los jueces no están obligados a hacer una interpretación restrictiva de las penas. “No nos vamos a dejar llevar por la improvisación y el populismo”, afirmó el representante del PNV Joseba Agirretxea para argumentar que debe esperarse a que el Supremo unifique doctrina.