El PP negoció ceder Tráfico a Navarra y Cataluña y vetó la investigación en El Tarajal

Cambia el color de los gobiernos, los presidentes y los partidos, pero algunas acusaciones son muy similares según el PP y el PSOE estén en la oposición o en el Gobierno. El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha escandalizado mucho ahora porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha negociado con EH-Bildu la transferencia de la competencia de la Guardia Civil de Tráfico al gobierno de Navarra y lo cuestiona como “un pago a los herederos de ETA para mantenerse en La Moncloa a cualquier precio” y a cambio de respaldar los presupuestos del Estado para 2023. Los populares también denuncian “la falta de transparencia” y el “oscurantismo” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los sucesos ocurridos junto a la valla de Melilla en junio. El PP de José María Aznar cedió esa misma competencia de tráfico a Cataluña en el pacto del Majestic en 1996 al president Jordi Pujol para llegar al poder y en el 2000 se la reclamó Unión del Pueblo Navarro, su aliado en esa comunidad. En marzo de 2014, el PP de Rajoy rechazó una comisión de investigación sobre los sucesos ocurridos en 2014 en la tragedia El Tarajal, en la frontera con Ceuta, en la que 15 migrantes murieron ahogados. El PSOE, entonces, denunció el veto del PP a la investigación y pidió dimisiones por “la vergüenza” de intentar tapar aquel escándalo.

El Gobierno va a salvar este jueves su tercer proyecto de Presupuestos del Estado con una muy cómoda votación. Entre los socios parlamentarios, volverá a estar EH Bildu, un aliado embarazoso, pero con cinco escaños codiciados. El PP enfatizó este miércoles esa situación, como hizo en cursos anteriores, en esta ocasión para acusar a Sánchez de rendirse “ante los herederos de ETA” por ceder la gestión del Tráfico al ejecutivo autónomo de Navarra en vez de a la Guardia Civil.

La portavoz popular, Cuca Gamarra, recordó incluso que la primera víctima de la banda terrorista fue hace 54 años José Antonio Pardines, un guardia civil, y recalcó que 210 miembros del cuerpo armado “dieron la vida por España”. Algo similar había hecho desde el hemiciclo, en el debate de Presupuestos, el diputado tránsfuga de UPN Carlos García Adanero, hasta soliviantar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Dirigentes del PSOE y ministros salieron en tromba para rememorar que el Gobierno de Aznar ya negoció en el año 2000 precisamente con Unión del Pueblo Navarro la cesión de esa competencia para Navarra y, en 1996, lo hizo con la Generalitat de Cataluña tras el pacto del Majestic que mantuvo en el poder a Jordi Pujol. La firma de aquella concesión la ejecutaron en abril de 1997 el entonces ministro del Interior, el popular Jaime Mayor Oreja, y el consejero de Gobernación de Cataluña, Xavier Pomés.

El ministro Bolaños catalogó de “falso” e “indignidad” que se pudiera decir que el Gobierno actual retira a la Guardia Civil de Navarra y recurrió a datos: este ejecutivo ha incrementado la plantilla de la Guardia Civil allí en 100 agentes y con el Gobierno de Rajoy se perdieron 330. Nada de eso convenció a Gamarra, quien, cuando se le planteó una pregunta sobre la diferencia entre ambos escenarios, no articuló una respuesta clara: “Es el PSOE el que ha entregado algo por lo que muchas personas han dado su vida y eso el PP nunca lo hizo. Hay una grandísima diferencia en pactar con Bildu y los herederos de ETA aquello que ETA estuvo exigiendo”.

A puerta cerrada

Este viernes, el PP y otros grupos del Congreso, de derechas, izquierdas y nacionalistas, han forzado una comisión a puerta cerrada para que Interior ofrezca las imágenes grabadas el 24 de junio en la valla de Melilla, en una avalancha en la que murieron al menos 23 personas. Los aliados habituales del Gobierno reclaman una comisión de investigación, cuestionan la versión de Interior y de Marlaska. El PP aún no respalda esa comisión, pero exige el cese del ministro por querer “tapar” lo ocurrido y escudarse detrás de la Guardia Civil. Interior ha concedido que los vídeos se vean este viernes en la comisión del Congreso y no en su sede y enviará para las explicaciones a un alto cargo del instituto armado. Eso también lo critica el PP. Quiere que la sesión sea abierta y vaya un responsable político.

En febrero de 2014, cuando 15 inmigrantes perdieron la vida por intentar llegar nadando a la playa de El Tarajal, en Ceuta, el PP gobernaba, el ministro Jorge Fernández no dio explicaciones en el Congreso, el PSOE en la oposición y los partidos aliados que ahora aprietan a Marlaska exigieron su dimisión y la de los demás responsables del Ministerio “por mentir”, ocultar y censurar las imágenes y no prestar suficiente auxilio. El PP vetó entonces, como el PSOE ahora, una comisión de investigación. Eso sí, el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, estuvo varias horas en la sala, a la que entonces sí pudieron entrar los periodistas.