Interior y la Generalitat cierran el acuerdo para ceder el control del tráfico a Cataluña

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el consejero de Gobernación de Cataluña, Xavier Pomés, aprobaron ayer el texto del anteproyecto de ley que permitirá traspasar las competencias de tráfico a esta comunidad. Esto no incluye, sin embargo, la facultad de retirar el carné de conducir a los automovilistas. Este traspaso se materializará en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, que permite que el Estado pueda transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a una materia de titularidad estatal".

El Gobierno catalán confía en que la tramitación parlamentaria de esta ley orgánica se agilice con objeto de que el despliegue de efectivos de los Mossos d'Esquadra, que ejecutarán las competencias de tráfico, pueda iniciarse el año 1998 en Girona, en 1999 en Lleida y en el año 2000 en Barcelona y Tarragona.Tras recordar que ésta es la primera vez que se utilizará el artículo 150.2 para hacer efectivo un traspaso de competencias estatales, el consejero Pomés dijo ayer que la futura ley orgánica de transferencia de competencias en materia de Tráfico y Circulación de vehículos otorgará a Cataluña la facultad de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

El Estado se reserva, por su parte, la expedición, revisión y revocación de la licencia de circulación y las cuestiones relacionadas con las matriculaciones de vehículos y los permisos de conducir, según indicó Pomés. El anteproyecto establece también los principios de colaboración y coordinación entre ambas administraciones en materia de tráfico.

"Lo único que no ha sido incluido en el anteproyecto es la petición de la Generalitat en el sentido de que en el régimen de sanciones se tuviera la competencia de suspensión temporal del carné de conducir", precisó Pomés. Así, la Generalitat tendrá competencia en la regulación de las autoescuelas y en la gestión económica de las multas de tráfico, pero el Estado se reserva la facultad de suspensión temporal de los permisos.

El consejero justificó esta exclusión en la necesidad de que no se cree una inseguridad jurídica y por respeto al compromiso que adquirieron el Ministerio del Interior y el Gobierno catalán para elaborar un texto "absolutamente impecable".

El anteproyecto prevé que el traspaso sea efectivo el 1 de enero de 1998 si para esa fecha se han cumplido los trámites parlamentarios, un plazo que el consejero consideró "razonable", puesto que el despliegue de los mossos (policías autónomos) se realizará en las tres fases mencionadas y "con las máximas garantías de seguridad para el ciudadano".

Este anteproyecto incluye los aspectos generales del traspaso, en tanto que los detalles técnicos serán recogidos en un real decreto que se elaborará en la Comisión Mixta de Transferencias entre ambas administraciones.

Pomés expresó su satisfacción por el acuerdo, por el que se cumple el compromiso adquirido el pasado 29 de enero de cerrar los trabajos en el primer trimestre del año y uno de los aspectos más relevantes del pacto de investidura que suscribieron CiU y PP. El consejero de Gobernación confía en alcanzar el máximo consenso posible en las Cortes y ayer expresó su deseo de que el grupo socialista adopte una posición "positiva y favorable". Como ya ha ocurrido con otros acuerdos, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, mantendrá un contacto con el presidente de Gobierno, José María Aznar, para abordar esta cuestión.