Aznar logra el apoyo de Pujol para formar Gobierno

Rodrigo Rato y Joaquim Molins anunciaron a las 21.15 de ayer que las delegaciones del PP y de Convergència i Unió (CIU) habían alcanzado un acuerdo "de colaboración política y parlamentaria" según Rato; "de investidura y de gobernabilidad", según Molins. El pacto hará posible que José María Aznar sea investido presidente del Gobierno en los próximos días. El acuerdo será efectivo después de que lo aprueben los consejos nacionales de Convergència Democrática y de Unió Democrática, convocados con carácter de urgencia para las diez de la mañana del domingo. Rato anunció que el comité ejecutivo del PP también se reunirá el domingo para ratificar el pacto. Jordi Pujol manifestó horas después su deseo de que la investidura se celebre lo antes posible.

Los negociadores se negaron a explicar el contenido del pacto y se limitaron a hacer una declaración pública sin aceptar preguntas de los informadores. Mientras Rato habló en castellano, Molins utilizó el catalán. Al llegar a la sede de los grupos parlamentarios de CiU, a las 18.15, en el paseo de Gràcia de Barcelona, Rato dijo a los informadores que a la salida contestaría todas sus preguntas y daría todas las explicaciones. Pero estas buenas intenciones las cortadas en seco los nacionalistas, que no quieren que se conozcan los detalles antes de los consejos nacionales.A las nueve de la noche trascendió que Rato había telefonea do a la sede de su partido para informar a Aznar de que había acuerdo. La delegación del PP la formaban Rato y Juan Costa. Por CiU participaron Molins, Macià Alavedra y Josep Sánchez Llibre.

400.000 millones

Fuentes nacionalistas estiman en aproximadamente 400.000 millones el montante que recibirá en los próximos cuatro años Cataluña gracias al acuerdo. El último escollo de la negociación fue la transferencia a la Generalitat de las competencias en Tráfico. Pese al hermetismo de los negociadores, trascendió anoche que también en esto había habido acuerdo. Al parecer, la Generalitat asumirá esta competencia, que ejercerá inicialmente a través de la Guardia Civil de carretera hasta que, de forma gradual, asuman esa función los Mossos d'Esquadra (policía autonómica).El acuerdo se ha logrado tras 55 días de negociaciones, a menudo en sesiones maratonianas y tras muchas conversaciones telefónicas. Jordi Pujol manifestó anoche que el objetivo del acuerdo es garantizar "la gobernabilidad" y que, en principio, "es para toda la legislatura". Horas antes se le había atribuido unas palabras en un almuerzo con intelectuales en el sentido de que el PP tenía un año de tiempo para demostrar si sabe gobernar.

Después de que los consejos nacionales de CDC y UDC aprueben al pacto, éste se firmará el domingo por la noche o el lunes. Queda por aclarar si participarán en esa liturgia Jordi Pujol, Duran Lleida y Aznar, o si sólo estarán Molins y Rato. La mayoría de los diputados y senadores de CDC reunidos ayer preferirían que no hubiera foto con Aznar y Pujol.

El aspecto más destacado del acuerdo es el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autonómica que supone una profundización en la responsabilidad fiscal de las comunidades. El PP ha aceptado elevar del 15% al 30% la cesión del impuesto sobre la renta (IRPF). En una primera etapa se dividirá en un 15% sobre la cuota y un 15% sobre la tarifa. Posteriormente será un 30% sobre la tarifa.

Las autonomías participarán en la Agencia Tributaria y tendrán capacidad normativa sobre los impuestos cedidos y compartidos. Lo más relevante es que la cesión del 30% se hace sin limitación alguna. Por tanto, desaparecen los topes (actualmente del 2%) que limitaban las ganancias procedentes de un mayor esfuerzo fiscal derivado de un incremento de la recaudación sobre las previsiones teóricas. Este aspecto es, sin duda, el que ha producido mayor satisfacción a los nacionalistas ya que, según sus cálculos, permitirá incrementar sensiblemente esta fuente de ingresos.

El acuerdo también establece que se tomará 1996 como año base para el cálculo de la cesión del impuesto sobre la renta. Este aspecto modera, especialmente en los primeros años, las ganancias adicionales que proporcionará la cesión del 30% del IRPF.

Sin embargo, CiU ha logrado que se garantice a las autonomías el beneficio por mayor esfuerzo fiscal derivado del sistema vigente. Aunque el problema de la financiación de la Sanidad transferida se abordará en el marco del debate presupuestario, el acuerdo prevé soluciones parciales: en relación con el coste que suponen los enfermos desplazados de otras comunidades y en relación con la rebaja del ahorro impuesto por el Gobierno a las comunidades.

Otro punto del acuerdo es el compromiso del PP de suprimir el servicio militar obligatorio en el plazo de seis años. El PP se compromete a elaborar la nueva ley para que sea aprobada en el Congreso en dos años, pero existirá un periodo transitorio de cuatro años para que entre completamente en vigor.

Gobernadores

Los gobernadores civiles desaparecerán y serán sustituidos por subdelegados provinciales. Serán funcionarios sin rango político, nombrados por los delegados del Gobierno en las comunidades. Sus recursos económicos y materiales se adecuarán a su condición de meros funcionarios. Esta desaparición era una de las reivindicaciones históricas del catalanismo político.Las políticas de promoción de empleo del Inem serán traspasadas a la Generalitat, pero no la gestión de las prestaciones económicas a los desempleados. Los puertos, pero no los aeropuertos, serán transferidos a las autonomías. En el caso de Cataluña, esto afecta a los puertos de Barcelona y Tarragona y al Consorcio de la Zona Franca. También se acepta el traspaso del Instituto Social de la Marina.

Las comunidades, de acuerdo con el pacto, participarán en la formación de la opinión española sobre temas de la Unión Europea (UE), a través de una mesa sectorial. Un delegado autonómico se integrará en la delegación española del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de los Estados miembros de la UE. Las comunidades también participarán en los comités preparatorios de las decisiones de la Comisión Europea. El PP asume la revisión de las leyes de Costas y del Suelo y el compromiso de rebajar el IVA del peaje de las autopistas al 7%. Según el canal autonómico TV-3, la Generalitat tendrá capacidad normativa sobre los impuestos del juego.