Las peleas internas y la causa judicial por supuesta financiación irregular agrietan al PP en su feudo de Salamanca

Un grupo de afiliados exige a la dirección nacional que convoque el congreso provincial pendiente desde hace un año, mientras los jueces investigan irregularidades en las primarias de 2017

El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, saluda al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 11 de novimbre.
El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, saluda al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 11 de novimbre.JM GARCÍA (EFE)

El feudo de Salamanca se le fractura al PP. Las grietas proceden de dos movimientos internos que han llegado respectivamente a los juzgados y a la dirección nacional, y que comprometen al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La Audiencia Provincial ha ratificado la imputación del PP de Salamanca como persona jurídica; la de Javier Iglesias, presidente provincial de la formación; y la de Isabel Sánchez, gerente, por el caso primarias, que investiga si el PP incurrió en financiación ilegal en unos comicios internos que ganó Mañueco en 2017. Además, un grupo de críticos del partido ha denunciado ante la justicia y ante la dirección nacional que el congreso provincial lleva casi año y medio de retraso, algo que contraviene los estatutos. Salamanca es la única provincia española donde no se ha celebrado este proceso a tiempo, tardanza que fuentes de la formación achacan a la división en el partido. Esa crisis interna podría romper el liderazgo de Iglesias, hombre de confianza de Mañueco.

La pugna lleva cociéndose meses en Salamanca, bastión del PP —que ostenta la alcaldía desde 1987— y habitual granero de votos en elecciones generales y autonómicas. La pasada primavera, 147 afiliados —el PP de Salamanca tiene en torno a un millar, según fuentes del partido— escribieron a la dirección nacional ante el “flagrante incumplimiento de los estatutos” y el “ninguneo y falta de respeto a los afiliados”. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decían. Los críticos reclamaban la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaban de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. Este comité respondió meses después informando asépticamente del traslado del asunto al área de Derechos y Garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó con un “se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cuatro meses desde entonces.

Uno de los 147 firmantes de aquella carta, Francisco Javier Recio, insiste en que el congreso “es una garantía para hacer cosas y que no se limiten derechos”. Durante estos meses de quejas ha llegado a la conclusión de que la dirección autonómica ha tratado de “perder tiempo”, pues analizaron cada nombre de los firmantes para dirigirse solo a unos 60 que estaban al corriente de pago, consultarles si aprobaban el escrito y “comprobar que no había presiones o era inventado”. Solo Recio acudió a la sede, en Valladolid, y allí plasmó el sentir del grupo: “Somos compañeros, necesitamos el congreso ya y que se presente quien sea”.

Otro de los firmantes, que pide anonimato, cree que “el procedimiento judicial [sobre las primarias de 2017] es un problemón” y sospecha que el congreso no se convoca por miedo a un cambio de liderazgo, pues hay “un hartazgo patente”. Este afiliado avisa de que muchos ya no van a “tragar con los candidatos nombrados a dedo por Alfonso [Fernández Mañueco]”, ante lo que consideran un ataque a la “democracia interna”. La dirección replica que se está buscando el mejor momento para celebrar el cónclave y que se hará “cuando toque”.

Esa desazón ha saltado a la justicia. El pasado septiembre llegó a los juzgados de Salamanca una demanda “por vulneración del derecho fundamental de asociación en su vertiente de derecho por asociación política”, que solicitaba una medida cautelar para obligar al PP a convocar el congreso provincial. La vista se ha convocado para el 14 de diciembre.

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La reciente confirmación de que Javier Iglesias, también presidente de la Diputación, sigue imputado en el caso primarias ha provocado que a la división interna se unan ciertos editoriales críticos de la prensa autonómica, habitualmente reacia a posicionarse contra la Junta. Varios testigos del proceso judicial señalaron a Iglesias como muñidor de la trama para que altos cargos conservadores pusieran dinero propio para pagar deudas de afiliados que luego votaron a Mañueco. Este también aportó 1.000 euros en ese proceso de primarias, que acabó ganando. El partido recaudó más de 60.000 euros y para la Fiscalía hay unos 24.000 de “procedencia no justificada”, de ahí que se estudie una posible financiación irregular de la que el juez halla “indicios razonables”.

Mañueco despeja este debate manifestando su “confianza plena en la justicia” mientras espera novedades con las elecciones municipales asomando. Castilla y León no tiene previsto celebrar comicios autonómicos, porque estos se celebraron el pasado febrero, y de esas elecciones salió un Gobierno de coalición del PP y Vox.

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Sobre la firma

Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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