Pablo Casado, imputado por los bulos sobre las escuelas en Cataluña

Un juez de Barcelona ha citado a declarar, como investigado, al exlíder del Partido Popular Pablo Casado por sus bulos sobre la escuela en Cataluña. La Generalitat presentó una querella el pasado diciembre por injurias, calumnias y delito de odio contra Casado, después de unas declaraciones públicas en las que este denunció la discriminación que sufren los alumnos en las aulas en función del idioma en que se expresan. El que fue jefe de la oposición afirmó que a los niños que hablan castellano en el colegio no se les permite ir al baño. Después de un largo periplo procesal, el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha admitido la querella y ha ordenado que se tome declaración a Casado por un delito de injurias

“¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones de no dejar ir a niños al baño porque hablen castellano? ¿Se puede tolerar que a niños se les metiera piedras en la mochila porque en el recreo hablaban castellano? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que estos niños no pueden estar integrados?”, se preguntó Casado, cuando aún era presidente del PP y en pleno conflicto por las resoluciones judiciales sobre la presencia del castellano en las aulas catalanas. Con esas palabras, Casado se refería la polémica desatada en una escuela de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde supuestamente se había discriminado a hijos de oficiales por haber intervenido en las cargas policiales en el 1-O. Un juzgado de Martorell archivó el caso en 2019, al no encontrar indicios contra los tres maestros acusados.

El magistrado considera que los hechos pueden constituir, de forma indiciaria, “al menos un delito de injurias” y ordena admitir a trámite la querella y que se practiquen “las diligencias esenciales para aclarar los hechos y qué personas participaron en ellos”.

El juez ordena que Casado declare como investigado e indica que puede ser citado en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid. También ordena a la formación conservadora que entregue “la grabación completa de la rueda de prensa” y “la relación de medios de comunicación que asistieron” al acto.

La decisión de presentar la querella, argumentó en su día la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, buscaba responder a “acusaciones falsas que atacan al conjunto del profesorado y al sistema educativo”. El escrito ha tardado casi un año en ser aceptado debido a un periplo procesal. Los servicios jurídicos de la Generalitat la presentaron inicialmente contra Casado ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforado. Eso sucedió tres días después de la rueda de prensa en las que el entonces líder del PP hizo las declaraciones ahora investigadas. Seis meses después, en junio pasado, el Supremo decidió el archivo, ya que Casado había dejado su escaño en abril. El Ejecutivo catalán insistió y recurrió a la justicia ordinaria.

Pero ahí volvió a topar con otro conflicto jurisdiccional. En el reparto, el escrito del Govern cayó en el despacho del juez García, que en ese mismo mes de junio dictó una interlocutoria en la que se inhibía a favor de los tribunales de A Coruña, argumentando que era allí donde se había celebrado la rueda de prensa. La Generalitat presentó un recurso contra esa decisión y finalmente, en septiembre pasado, se le dio la razón sobre la competencia de los juzgados de Barcelona. El pasado 27 de octubre, finalmente, el mismo juez García ha aceptado y la querella y ha abierto diligencias.