El Gobierno cuestiona abiertamente la sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE fraudulentos basándose en la doctrina penal

El Gobierno ha deslizado por primera vez este martes argumentos de índole jurídica que invitan a pensar en el posible indulto de José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación además de prevaricación en la sentencia de los ERE, mientras en el PSOE hay opiniones para todos los gustos sobre el impacto electoral de la medida de gracia. El partido se divide entre los dirigentes para quienes conceder la medida de gracia antes de las elecciones del próximo año —habrá autonómicas y municipales en mayo y generales a finales de 2023— lastraría aún más las opciones de revalidar el poder territorial y La Moncloa, y los que creen que el caso de corrupción está amortizado. La sensación que dejó el enfrentamiento este martes entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el coordinador general del PP, Elías Bendodo, en la sesión de control del Senado es que el Gobierno ha encontrado más motivos para el indulto que la división entre los magistrados que emitieron el fallo. “En el PP no tenemos ningún interés, créanme, en ver al expresidente Griñán entrar en la cárcel. Entendemos el sufrimiento tanto de su familia como del resto de condenados a prisión. Pero las sentencias están para cumplirse y los gobiernos ni mucho menos están para hacer una revisión libre y caprichosa de las sentencias judiciales”, expuso el número tres del PP, que hasta su salto a la dirección nacional del PP fue el consejero de Presidencia del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Llop no solo recalcó que el fallo del Tribunal Supremo “no es unánime” y cuenta con dos votos discrepantes de dos de los cinco magistrados. La ministra de Justicia destacó que se trataba de una sentencia “que está siendo además contestada por la doctrina penal”. Para reforzar su posición citó un artículo de Gonzalo Quintero Olivares, un catedrático de Derecho Penal muy apreciado entre los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo según fuentes jurídicas, publicado en el Diario de Sevilla y otros diarios del Grupo Joly en diciembre de 2019 bajo el título La contradictoria sentencia de los ERE. El debate jurídico giró alrededor del delito de malversación desde que la Audiencia de Sevilla hizo pública la sentencia en noviembre de ese año. “Se tiñe de delictuosidad la creación de un sistema de transferencias presupuestarias y controles alternativos a los clásicos y mucho más lentos, y se asevera que el propósito no fue la ‘imprescindible agilización’ sino el fin de desviar; o sea, de malversar. Pero esa extravagancia jurídica choca con una realidad no negada por la sentencia: que la inmensa mayoría de las ayudas fue a destinos justos y correctos, y que solo un paquete minoritario registró desviaciones, lo que demuestra que en modo alguno el desvío era ‘programado’ por la Administración”, recalca el texto. Aunque contestaba a otro momento procesal, con el caso de los ERE todavía en la Audiencia de Sevilla, los argumentos en defensa de Griñán para no entrar en prisión serían igualmente válidos.

Otra parte reseñable de la tribuna del catedrático, que según fuentes jurídicas podría motivar el indulto del expresidente de la Junta de Andalucía, exconsejero de Hacienda y expresidente del PSOE entre otros cargos es la siguiente: “Se repite una y otra vez que el presidente autonómico y sus consejeros o viceconsejeros, por razón de su cargo, tenían que saber que algo anormal estaba sucediendo, y por eso son responsables. El recurso a la inferencia es todo lo contrario a la presencia de una prueba, por la sencilla razón de que la inferencia es la ‘solución’ a falta de prueba. La inferencia puede tener un papel importante en otros campos, pero en el Derecho Penal el sistema de garantías no consiente suposiciones”.

Los motivos que recoge Quintero Olivares en la tribuna que la ministra de Justicia puso como ejemplo enlazan con los votos particulares en la sentencia de los ERE. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo tildan el fallo del Supremo de “salto al vacío” y sostienen que se basa en indicios “no concluyentes”. Su conclusión es que los cinco acusados de malversación continuada, entre ellos Griñán, ajenos a la Consejería de Empleo —donde se repartieron “sin control” las ayudas—, debieron ser absueltos de la pena de cárcel. “Ninguno de los cinco acusados referidos intervino en esos actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo”, observaron. La conclusión de los tres magistrados del alto tribunal que revisaron los recursos presentados por Griñán y su predecesor en la Junta, Manuel Chaves —condenado a nueve años de inhabilitación a Chaves por prevaricación, por lo que se libra de la prisión— es que la Junta de Andalucía creó y mantuvo entre los años 2000 y 2009 un sistema de concesión de ayudas sociolaborales pensado para evitar “todo control administrativo”. El resultado fue que se dispuso de dinero público “de forma discrecional” y “al margen de toda legalidad”. El fondo de los ERE estuvo dotado de 680 millones de euros. El fallo del Tribunal Supremo considera artífices “determinantes” del fraude a Chaves y Griñán.

Bendodo recordó a Llop la contundencia del fallo y la gravedad del dinero defraudado. “Coja al azar cualquier página de las 1.205 de la sentencia de los ERE y comprobará que se trató del reparto de casi 700 millones de euros sin un papel, sin nada. Setecientos millones del dinero de los parados de Andalucía para amigos, primos y allegados del PSOE. La sentencia era clara: Andalucía no era socialista, el socialismo llegaba dopado a las elecciones con los ERE. Esa es la realidad, para seguir ganando elecciones. Llegó a reinar la impunidad y el descaro en el PSOE de Andalucía tanto que hasta el chófer del director general compraba la cocaína con el dinero de los parados”, aseveró el número tres de Alberto Núñez Feijóo.

4.000 firmas

El PP es plenamente consciente de lo sensible que le resulta al PSOE todo lo que concierne al indulto. Hasta Unidas Podemos es contrario a concederlo, como ha dejado claro su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique: “La prerrogativa del indulto no debe ser utilizada para este tipo de cosas. Pensamos que el indulto está para otras cosas, no para temas como este”, dijo la semana pasada. “El Gobierno lleva jugando a la ambigüedad, a tirar balones fuera en este tema desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo ya hace casi dos meses. La ambigüedad de Pedro Sánchez es calculada. Es la misma que siguió en el caso de los condenados por el procés: primero negaron los indultos, luego prepararon el terreno, nos fueron haciendo el cuerpo y después firmaron los indultos”, insistió Bendodo. El PP propone impedir por ley que el Gobierno perdone a miembros de su propio partido. La petición de indulto, una iniciativa de la familia de Griñán, ha recogido de momento 4.000 firmas, entre los que además de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y otros exministros del PSOE figuran políticos del PP, IU, andalucistas y nacionalistas.

Llop rebatió a Bendodo recordándole “el inventario de indultos que hubo durante las presidencias de los presidentes Rajoy y Aznar”. “Aquello señoría, aquello, sí que fue una barra libre”, finalizó la ministra de Justicia. Entretanto, el indulto se ha convertido en un tabú para los socialistas. Los barones no lo abordaron en la reunión a puerta cerrada del Consejo de Política Federal del sábado en Zaragoza. Los líderes territoriales del PSOE esperan que, llegado el momento, el Tribunal Constitucional anule la sentencia. “Es una decisión que tomará el Gobierno y siempre pensando en el interés general y en la justicia”, se atrevió a decir el presidente valenciano Ximo Puig a su llegada al Consejo. Fue el único que lo hizo.