El Gobierno inicia con la Agencia de Inteligencia Artificial el traslado de sedes fuera de Madrid

La descentralización de las instituciones estatales pasa de la teoría a la práctica. La futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial estrenará el protocolo diseñado por el Gobierno para la ubicación de los organismos públicos de nueva creación fuera de la ciudad de Madrid. El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso, al que podrán concurrir las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que en un plazo máximo de seis meses resolverá el emplazamiento de la entidad. Su tramitación urgente reduciría el tiempo a la mitad. La Agencia dispondrá para su creación de una partida de cinco millones de euros, asignada con cargo a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y contará con un mínimo de 40 profesionales, aunque el Gobierno pronostica que este número “aumentará sustancialmente” cuando entre en vigor el marco jurídico europeo regulador de los usos de la inteligencia artificial, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Gobierno aprobó en marzo el real decreto que en adelante regulará la desconcentración de los organismos de la Administración central. El establecimiento, inédito, de unas condiciones “de elección racionalizadas” para decidir dónde se establecen las instalaciones públicas del Estado pretende “aprovechar el potencial” de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y “reforzar el papel del sector público como elemento vertebrador”. “Está acreditado que las instituciones públicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos físicos en los que se ubican”, destaca la normativa desarrollada por el Ministerio de Política Territorial, que dirige la también portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. El objetivo principal de la estrategia nacional es contribuir a la fijación de población en cabeceras de comarca y capitales de ciertas provincias mediante la creación de empleos directos e indirectos en un intento de compensar una realidad que parece insalvable: 41 millones de españoles residen en el 30% del territorio —Madrid, algunas ciudades del interior y zonas costeras— y solo 6,4 millones habitan en el 70% del territorio. Pero eso no quiere decir que se vaya a limitar a tratar de repoblar la España vaciada sin seguir ninguna lógica.

La Agencia de Inteligencia Artificial es el ejemplo de que también se podrán beneficiar nudos logísticos y tecnológicos que, pese a su proyección, no podían competir en igualdad de condiciones con el efecto capitalidad de Madrid, que atrae a grandes empresas y concentra funcionarios y empleos mejor retribuidos. “En previsión de las funciones y objetivos específicos de la Agencia, se considera necesaria la determinación de la sede física, con carácter previo a la creación de la misma y, por supuesto, con carácter previo a su puesta en marcha, con el objeto de crear un ecosistema y/o polo de innovación y atracción de talento especializado en materia de inteligencia artificial o supervisión de los sistemas que lleven aparejado el uso de esta tecnología, a la zona elegida para albergar su sede”, recoge la memoria elaborada por los ministerios de Economía y de Política Territorial para determinar la futura sede.

Las fuentes gubernamentales consultadas son tajantes y niegan tanto la existencia de candidaturas oficiales como contactos previos con ninguna administración a la espera de iniciar el mecanismo de elección de la sede. Las autoridades interesadas partirán en igualdad de condiciones en un procedimiento “objetivo y competitivo”. Las ciudades de Granada y Santiago de Compostela han mostrado interés. Se da la circunstancia de que ambos alcaldes son del PSOE y que el PP preside a las dos comunidades implicadas (Andalucía y Galicia): las localidades que presenten su candidatura para albergar una entidad en su término municipal tendrán más opciones si cuentan con el respaldo de sus comunidades autónomas. Otras regiones como Aragón, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana ya han mostrado su interés por acoger la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo mismo sucede con la Agencia Espacial Española, para la que se han ofrecido Sevilla o Teruel.

Comisión consultiva

Una Comisión consultiva formada por nueve ministerios —la presidirá la titular de Política Territorial y en ella estarán representados Presidencia, Economía, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Transportes, Derechos Sociales y Exteriores— tendrá un mes para establecer los criterios para la futura entidad. Las candidaturas podrán ofrecer compromisos adicionales como la cesión de bienes inmuebles y asumir los costes financieros. Cualquier ciudad de Madrid, con la excepción de la capital, podrá presentarse a este o los próximos procesos de descentralización. Esta será la hoja de ruta en adelante “salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital”, según el escenario que contemplan en el Gobierno. La decisión final sobre la ubicación de las nuevas instituciones le corresponderá al Consejo de Ministros.

En el caso de la Agencia de Inteligencia Artificial, no se primará “la tendencia demográfica” de las autonomías que se postulen, sino su pujanza tecnológica. “La sede escogida formará parte del sistema de conocimiento, innovación y desarrollo de la Inteligencia Artificial en España, lo que refuerza la conveniencia de una fijación previa de la sede para adecuar el escenario a los requerimientos técnicos, materiales y de personal para que la Agencia pueda desarrollar sus funciones con plenas garantías”, subraya la memoria. En ella se remarca que la Agencia será “un elemento preparatorio esencial para la posterior asunción rápida y eficaz de todas las obligaciones que imponga el Reglamento de la UE en materia de Inteligencia Artificial”, un área que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño. El Gobierno resalta que con su puesta en marcha España “se anticipa” al resto de Estados miembros de la UE, al tiempo que su creación contribuye a la vertebración del territorio, a reforzar la igualdad de oportunidades para quienes quieran integrarse en el sector público y a fortalecer el vínculo de las entidades públicas con su sector de actividad.

La Agencia de Inteligencia Artificial actuará “con plena independencia orgánica y funcional” de las Administraciones Públicas, “de forma objetiva, transparente e imparcial”, según la memoria del Ejecutivo. Su finalidad es convertir a España en un país puntero, liderando a nivel mundial el uso del castellano en la Inteligencia Artificial; la promoción de empleo cualificado; la mejora de la productividad de empresas y de la Administración Pública; y fomentar sectores estratégicos como el turismo, la restauración, la agricultura y alimentación, la movilidad y la energía. Entre sus funciones, aparte de su potestad “inspectora y sancionadora”, entra el asesoramiento a empresas y el sector público y el apoyo al desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial energéticamente eficientes y sostenibles. También se encargará de la concienciación, divulgación y formación para el desarrollo y uso de una inteligencia artificial ética y confiable mediante guías y manuales de buenas prácticas. “La inteligencia artificial tiene un enorme potencial transformador socioeconómico y, si bien sus beneficios al respecto son muy reseñables, es cierto que también trae consigo riesgos que deben ser conocidos”, advierte el Gobierno.

Su personal estará compuesto inicialmente por diferentes perfiles, como empleados con conocimientos técnicos en materias de Tecnologías de la Información y Comunicación, preferiblemente del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado. La plantilla también contará con expertos en el funcionamiento de la Administración, la colaboración público-privada o asesores jurídicos, entre otros. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, perteneciente al Ministerio de Economía, plantea un modelo “con capacidad de ampliar sus funciones en fases sucesivas” para dar respuesta a los requerimientos futuros de la UE.

En cuanto al eventual traslado de trabajadores públicos, “no supondrá un perjuicio en su carrera profesional y se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable sobre la materia para cada entidad”, según el real decreto que regula el procedimiento de ubicación de los nuevos organismos. La legislación especifica que se les deberán ofrecer “condiciones ventajosas”.