Las comunidades y los ayuntamientos competirán por alojar los nuevos organismos que descentralice el Gobierno

La descentralización de las futuras sedes de instituciones públicas del Estado con la que el Gobierno de Pedro Sánchez confía en combatir la despoblación adquirirá la máxima relevancia en plena campaña en Castilla y León, una de las comunidades más perjudicadas por la pérdida de habitantes. El Consejo de Ministros aprobará este martes el procedimiento que regulará la desconcentración de los organismos de nueva creación y “permita racionalizar” su “ubicación física”, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Ministerio de Política Territorial ha diseñado un proceso “objetivo, transparente y competitivo” con el ánimo de “potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio”. Con esa meta, las comunidades autónomas podrán proponer la candidatura de una localidad para albergar una institución. Las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y ayuntamientos también podrán concurrir, según contempla la propuesta que la ministra Isabel Rodríguez llevará al Consejo de Ministros tras meses de deliberaciones con expertos en demografía y cohesión territorial y los servicios jurídicos del Ejecutivo.

El Gobierno insiste en que no sacará de Madrid a las instituciones centrales del Estado, consolidadas desde hace décadas. Pero sí que primará la implantación de las nuevas en áreas muy castigadas por la despoblación “salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital”, como avanzó este diario en noviembre.

Las entidades de nueva creación cuya sede se someterá a este procedimiento serán organismos públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica. El Gobierno, entretanto, ha puesto en marcha varios proyectos. Así, Renfe ha abierto el abanico con centros tecnológicos repartidos por el territorio en las ciudades de Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Linares (Jaén) y Miranda de Ebro (Burgos), con la creación de entre 40 y 125 puestos de empleo cualificados en función del complejo. La UNED impulsa a su vez dos centros en Alcañiz (Teruel) y Ponferrada (León). Otro ejemplo es la base logística que el Ejército de Tierra abrirá en Córdoba en 2026 y empleará a unas 850 personas.

El nivel de desempleo de los municipios que se postulen como sedes, la situación del mercado de la vivienda en la localidad y su entorno y el número de instituciones públicas del Estado presentes en la región serán algunos de los factores que se valorarán en el proceso de selección. Además, las administraciones interesadas podrán ofrecer compromisos adicionales como la cesión de bienes inmuebles y asumir todo o parte del coste financiero de la instalación.

El Gobierno también apreciará las medidas de apoyo que las administraciones aspirantes garanticen al personal que pudiese ser trasladado. Un ejemplo es el del Centro de Datos de la Seguridad Social, que se mudará en 2024 de Madrid a Soria, con 60 empleos directos. “Se tendrá en cuenta en todo momento el papel de los trabajadores públicos, de modo que el procedimiento incorporará la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad en la que se ubique”, establece la propuesta de Política Territorial.

Sin pasar por las Cortes

Todos estos detalles se concretarán en un real decreto que, según el Gobierno, no requiere su paso por las Cortes Generales. Una vez comience la tramitación administrativa con carácter urgente, el Ejecutivo estima que entrará en vigor en las próximas semanas. “La Constitución no prescribe la forma en la que se debe fijar la distribución territorial de las sedes del sector público. El artículo 5 de la misma establece que la capital del Estado es la villa de Madrid, pero no incluye ninguna disposición relativa a qué localidad deberá albergar las entidades públicas. Tampoco se fija ninguna reserva de ley ni se preconfigura ningún procedimiento concreto para la determinación de estas sedes”, sostiene el documento con el que La Moncloa quiere regular la ubicación de los nuevos organismos.

El Consejo de Ministros iniciará el proceso y lo finalizará aprobando el destino de la nueva sede. Una comisión consultiva, formada por los ministerios afectados y que presidirá la persona titular del Ministerio de Política Territorial, elaborará un informe con los criterios a los que deberán atenerse las diferentes candidaturas. Junto a la apertura del proceso, serán publicados en el Boletín Oficial del Estado. La persona responsable de Política Territorial elaborará un dictamen con las distintas candidaturas presentadas, en el que el Consejo de Ministros se basará para tomar una decisión.

El Gobierno insiste en que está acreditado que las instituciones públicas ejercen “un papel extremadamente beneficioso en los entornos físicos en los que se ubican”. “Además de contribuir a la creación de empleos directos e indirectos, facilitan la participación ciudadana en la toma de decisiones”, reiteran en Política Territorial. Y, por tanto, esta es la respuesta que creen más efectiva ante el reparto tan descompensado de los 47,5 millones de españoles. Mientras 41 millones se concentran en el 30% del territorio —Madrid y zonas costeras—, los otros 6,5 millones lo hacen en el 70% restante, que engloba el interior peninsular salvo la capital de España y su cinturón metropolitano y excepciones como las ciudades de Zaragoza y Valladolid.