El debate sobre la descentralización de instituciones se abre paso

Las propuestas para revisar y acabar con la concentración de instituciones en Madrid se abren paso cada vez con más fuerza frente a los tambores de recentralización de la convención del PP. El último ejemplo es la iniciativa de dos profesores de Derecho Constitucional que han planteado trasladar el Tribunal Constitucional a Cádiz. El alcalde de la capital gaditana, José María González Kichi, promocionará la candidatura pese a que las opciones de que se realicen son muy remotas: una decisión de ese calibre debería ser aprobada por el Consejo de Ministros. El Gobierno no contempla tal posibilidad, según las fuentes consultadas, que mantienen que el compromiso de Pedro Sánchez de “desconcentrar” algunas de las instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid está vigente. Pero habrá que acometerlo después de un estudio profuso de las opciones y alternativas más viables con el fin añadido de reactivar las zonas especialmente afectadas por la despoblación.

“Creemos en la descentralización del Estado, consideramos que es la mejor vía para atender la pluralidad de un país tan diverso como España. Además, producirá cohesión territorial”, afirma Paco Cano, concejal delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Cádiz. El equipo de gobierno ya ha avanzado que llevará la idea como propuesta al pleno municipal que se celebrará en el Ayuntamiento el último viernes de octubre para conseguir que el resto de grupos municipales en la oposición se sumen a la idea. A partir de ahí, el plan municipal es ir sumando adhesiones de instituciones y personalidades para, posteriormente, presentar una candidatura o solicitud formal al Gobierno de España. Desde la perspectiva de Cano, “el Estado se concibe como una red axial, con un eje central que es Madrid, y estaría bien apostar por una red nodal con distintos puntos repartidos por toda la geografía”.

En esa misma línea se pronunció este miércoles Ximo Puig. El presidente de la Comunidad Valenciana es uno de los presidentes autonómicos más beligerantes para un reparto más equitativo de las instituciones de la Administración. El barón del PSOE defiende la desconcentración “por justicia, y por inteligencia” mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del PP, rechaza los planes de La Moncloa. Según el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, 42 organismos tenían su sede central y otras secundarias en la capital de España en 2019. El número de empleados ascendía a 7.492. El listado de instituciones con la sede y unidades centrales en Madrid era de 14, con 11.571 trabajadores. En cuanto a los 19 organismos con sede en Madrid pero con delegaciones en el resto de provincias, el volumen de empleados era de 8.979 personas. Las ocho entidades públicas empresariales con unidades territoriales pero con fuerte presencia en la capital contaban con 7.253 empleados en la región.

Al igual que Puig, otro presidente socialista, el aragonés Javier Lambán, lleva años defendiendo un “segundo proceso de descentralización” autonómica. Lambán piensa que Madrid alberga de “manera monopolística” todos los ministerios, oficinas, agencias e institutos, lo que significa “competir en desigualdad de condiciones” con el resto de autonomías. Por esa razón aboga por trasladar algunas secciones y recursos a ciudades como Zaragoza y convertirlas en “capitales compartidas” para que “los ciudadanos sientan cerca a la institución fundamental” y las oportunidades de riqueza y de empleo “se distribuyan por todo el territorio”.

Entretanto, los impulsores del traslado del Constitucional a Cádiz apelan a la historia, entre otros motivos. Sentados a los pies del altar mayor del Oratorio de San Felipe de Cádiz, los magistrados del Tribunal Constitucional celebraron una atípica sesión el 19 de marzo de 2012. Aquel encuentro fue breve y lejos de su sede en Madrid por un motivo histórico: el Bicentenario de la aprobación de la primera Constitución española, La Pepa. Los presentes en aquella cita descubrieron —algunos, con decepción— que la reunión resultó ser más simbólica que pragmática. Pero ahora, el Ayuntamiento de Cádiz quiere que lo que no fue más que un encuentro conmemorativo se convierta en una realidad permanente.

La idea de mudar la sede del Constitucional desde su actual edificio en la calle Isaac Peral de Madrid hasta un domicilio ignoto, pero ubicado en Cádiz, ha surgido de la mano de los profesores de Derecho Constitucional Gabriel Moreno González (Universidad de Extremadura) y Germán Teruel Lozano (Universidad de Murcia). A raíz de la luz verde dada por el Parlamento de Portugal al traslado de su Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Supremo Administrativo a la ciudad de Coimbra, Moreno se preguntó en Twitter el pasado 17 de septiembre si el caso portugués no era un ejemplo a seguir. “Le contesté ‘hagámoslo en España para Cádiz’. Hicimos un artículo defendiendo la idea, pero tardó en publicarse y, en ese lapso, habló el presidente sobre la descentralización”, explica Teruel, en referencia a El Tribunal Constitucional, a Cádiz, publicado en la web de análisis Agenda Publica el pasado domingo.

“La razón que nos mueve de fondo es una idea de dar presencia al Estado en todo el territorio. Somos conscientes de que descentrar una institución no va a resolver el problema de la España vaciada, pero sí ayuda. Esto se puede hacer con museos o agencias públicas”, defiende el profesor murciano en una entrevista telefónica con EL PAÍS. Y tanto él como su colega creen que comenzar esa tarea por el traslado del Constitucional a Cádiz sería toda una declaración de intenciones: “Congreso y Gobierno no se pueden separar, pero los tribunales constitucionales son órganos llamados a realizar contrapoder. No hay razón por la cual tenga que estar cerca del resto de instituciones”.

Los dos expertos creen que, más allá de la cuestión histórica, hay más motivos que marcan a Cádiz como ciudad idónea. Es una institución intermedia — 215 trabajadores sirvieron al Tribunal, según su Memoria de 2020— que tendría un importante impacto social y económico en una capital de apenas 116.000 habitantes y con un histórico problema de paro. Además, el desembarco en “una ciudad tan lejana del centro, costera y del sur, incrementaría la capacidad de integración de nuestro sistema constitucional, al verse reflejada una clara periferia geográfica y económica en la conducción misma de la nave del Estado”, apuntan ambos profesores en su alegato.

Pero que la idea se materialice en una realidad tangible se antoja imposible. La logística, para empezar, no sería nada sencilla. Cano reconoce que, en estos momentos, la ciudad no tiene claro qué edificio podría ser la sede del Constitucional: “La voluntad es que todas las posibilidades estén abiertas, que sean espacios municipales, otros abandonados o crear un propio edificio”. Todo ello, en una ciudad colmatada urbanísticamente y en la que no sobran, precisamente, los solares. Además, tampoco sería sencillo tramitar el traslado de decenas de funcionarios que trabajan en las instalaciones y de los once magistrados, organizados en dos salas y cuatro secciones. “Si esta medida se llevase a efecto, obligaría a la institución a repensar las formas de trabajo del Tribunal Constitucional. Pero creemos que es asequible”. En el Gobierno, en cambio, son tajantes y no le ven ninguna posibilidad.