Muerte, hambre y humillaciones: las vidas reventadas de 108 familias de rojos

Benita Navacerrada no recuerda de qué color eran los ojos de su padre, Facundo, porque tenía solo siete años cuando lo mataron, en mayo de 1939. La foto que ha mirado miles de veces y que ahora determina, con otros retratos de fusilados, el perímetro de una exhumación en el cementerio de Colmenar Viejo (Madrid), es en blanco y negro y ya no queda nadie a quien preguntarle. Su madre, Margarita, y sus hermanos han muerto. “No tengo muchos recuerdos de él vivo, pero sí de haberle perdido”, explica al pie de la fosa. Benita duda —“creo que eran pardos”—, pero lo que no ha olvidado es la sensación de injusticia, el hambre, los insultos… Y por eso, 83 años después del fusilamiento, cuando ya no queda nadie vivo que recuerde de qué color eran los ojos de Facundo Navacerrada, ella aún llora por él y afronta orgullosa la misión de darle un enterramiento digno. “Me gustaría que fuera conmigo, cuando yo me vaya. Y si no es posible, al menos sabré que lo he intentado”.

El pasado lunes comenzó la exhumación de uno de los dos enterramientos masivos en Colmenar Viejo donde, entre abril y diciembre de 1939, fueron fusilados 107 hombres y una mujer tras ser condenados a muerte. Eran vecinos de esa localidad —en la que se improvisaron cárceles para acoger a decenas de presos a la espera de juicio— y también de San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Hortaleza y Fuencarral, en Madrid. Tenían, como explica el historiador Roberto Fernández, coautor del libro La sierra convulsa, tres cosas en común: “Eran campesinos, canteros, obreros. Eran la élite sindical y política de Madrid: alcaldes, concejales, dirigentes ligados al PCE, el PSOE, UGT y CNT. Y eran muy jóvenes: el 70% tenía menos de 40 años cuando los mataron”. Algunas familias pudieron enterrarlos tras la ejecución. Otras lo hicieron después de la muerte de Franco. Muchas otras esperan poder hacerlo ahora, aunque hasta el momento han sido hallados solo cinco cuerpos. La hija de Martina Aparicio Bastero, la única mujer entre esos 108 condenados a muerte, logró trasladar los restos a la tumba familiar en los años ochenta. “La condenaron, básicamente, por ser la mujer de Blas Colmenarejo del Valle, un gran líder de la lucha obrera de Colmenar que también fue fusilado”, explica Fernández, que ha leído su consejo de guerra. “Todos los españoles deberían leer uno para saber cómo funcionaba el sistema de represión franquista”, añade.

Benita cuenta que en el pueblo les comunicaron que habían matado a Facundo. “Mi madre entonces estaba presa y mi hermana mayor, que tenía 16 años, vino a recoger el cuerpo. Entró en un cuarto en el que había muchos difuntos y les lavó la cara para saber cuál era nuestro padre, pero no apareció. Un guardia le dijo: ‘En ese rincón ha muerto uno’, pero allí solo había una sombra negra. En el pueblo se corrió la voz de que lo habían rociado de gasolina y lo habían quemado”, relata entre lágrimas. Facundo era encofrador y había fundado UGT en San Sebastián de los Reyes. Tenía 37 años cuando lo mataron. Margarita López, su esposa, estuvo tres años y medio en la cárcel, condenada por haber destrozado un manto de la Virgen de la parroquia. Ella explicó que lo había utilizado para hacer un mantón para uno de sus hijos. “La familia de mi padre eran fascistas y no nos quisieron ayudar. Nos quedamos solos. Mi hermano, que tenía 11 años, se puso a trabajar de pastor y dormía con las ovejas. Yo, con 10, empecé a trabajar de niñera. Pasamos mucha hambre y muchos desprecios. Nos repudiaban. Decían: ‘Vosotros no jugáis con nosotras, que sois rojos’. Yo entonces no entendía a qué se referían”. Ahora sí.

En su última carta, Facundo insiste en que es inocente de todos los cargos por los que fue condenado en uno de esos consejos de guerra que una vez aprobada la nueva ley de memoria democrática será nulo. Se despide uno a uno de sus hijos. “Tan pequeñita te quedas sin padre”, le escribe a Benita desde la prisión. Margarita y él tuvieron ocho, pero tres murieron siendo aún bebés, dos de ellos, el mismo día, 18 de agosto de 1936.

Carmen Carreras, secretaria de la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, cuenta que la asociación se creó después de que la mujer que llevaba toda la vida trabajando en su casa, Esther Mateo Cabrero, les dijera un día que su abuelo había sido alcalde del pueblo y lo habían fusilado en 1939. “Empezamos a investigar, y Roberto [Fernández] nos contó que había 25 vecinos en las fosas de Colmenar. Ahí empezamos a movernos para impulsar la exhumación, que ha sido posible gracias a una petición de los distintos Ayuntamientos a los que pertenecían las víctimas y una subvención de la secretaría de Estado de Memoria Democrática”. Carmen no tiene ningún familiar directo entre los fusilados, pero le importan igual: “Yo tengo 108 familias”, explica.

Conmutación de la pena tras el fusilamiento

Esther Mateo Cabrero, de 55 años, no solo busca a su abuelo sino también a su tío y a su primo. “Sabemos que mi abuelo, además de alcalde, era jornalero y albañil, y que le fusilaron un domingo de 1939. Mi padre, que entonces tenía nueve años, contaba que al día siguiente, cuando ya no servía de nada, llegó la conmutación de la pena de muerte”. El historiador Roberto Fernández explica que en aquella vorágine represiva “era habitual ese tipo de caos”: “A veces, por ejemplo, seguían buscando a alguien que ya habían fusilado”. Esther, que no conoció a sus parientes represaliados, se considera una “militante de la memoria”. “Me duele mucho hablar con gente y darme cuenta de que no tienen ni idea de lo que sufrieron tantas familias. Las exhumaciones han de servir para dar a las víctimas un enterramiento digno, pero también para que se sepa lo que pasó”, dice. Luis Pérez, presidente de la asociación y vecino de San Sebastián de los Reyes, acude a menudo a institutos a dar charlas a los chavales y hablarles de las torturas del policía apodado Billy el Niño, es decir, de su vivencia personal y de la historia de un país. “El desconocimiento que tienen es total. Un día, cuando me presenté y les dije que me habían condenado a 13 años de cárcel porque me encontraron unas octavillas que llamaban a los trabajadores a luchar por la libertad y la democracia, un chico le dijo a otro: ‘Verás cuando tu abuelo se entere de que hoy has tenido charla con un rojo’. Al principio no entienden bien la gravedad de todo esto. A uno que se reía mucho le expliqué que con Franco le habrían dado un buen meneo por llevar el pelo largo y a otros que estaban hablando que aquello era una reunión ilegal”.

Cartas desesperadas

Carlos López Nieto, de 52 años, y su primo Gerardo Díaz, de 49, buscan los restos de su abuelo, Felipe Molpeceres. “Mi madre no llegó a conocerle, pero siempre quiso saber dónde estaba para poder enterrarlo”, cuenta Carlos. “Era albañil, del PCE, no sabemos mucho más”. A Gerardo aún le sobrecogen las cartas que escribió desde la cárcel pidiendo a su familia desesperadamente que hablaran con unos y otros para que intercedieran por él, sin éxito. Tenía 31 años cuando lo fusilaron. “Ahí empezó el ostracismo para la familia”, relata. “Todos en Hortaleza dejaron de hablarles. A los dos años, mi abuela se volvió a casar con un hombre mayor, para protegerse, para rehabilitarse. Y hay miles de historias como esta. Conocer esas vidas tan complicadas es también un ejercicio de reparación”, añade.

El primer esqueleto hallado en la exhumación corresponde a un chico menor de 25 años. La arqueóloga Almudena García-Rubio, de Aranzadi, explica que las lesiones del cráneo apuntan a la muerte violenta. Pero los trabajos, en los que colabora el equipo A de Arqueología, no están transcurriendo como esperaban. Hasta ahora han hallado los restos de cinco personas, en cajas de madera, y una parte de la zanja está vacía. En ese caso, la mayoría de víctimas que buscan podrían yacer a escasos metros, en otra fosa conocida como “el paseo” que requeriría un mes de trabajo. Los ayuntamientos —gobernados por PSOE, PP y un independiente— y las familias afectadas les han ayudado con la logística para dormir y comer mientras hacen este estudio preliminar de la fosa.

El viernes, en señal de agradecimiento, la cantante argentina Ximena Villaro se acercó a tocar con su guitarra mientras los expertos trabajaban sobre los esqueletos. Algunos de los presentes lloraban emocionados al escucharla con los retratos de los fusilados en la mano y los primeros huesos a la vista. Facundo Navacerrada miraba de frente a tres generaciones de familiares, con sus ojos pardos.

La anomalía de Madrid

El estudio sobre las exhumaciones realizadas entre los años 2000 y 2019 coordinado por el forense Francisco Etxeberria solo recoge tres en la Comunidad de Madrid, con siete víctimas en total, frente a las 233 fosas abiertas y 1.936 esqueletos recuperados en Castilla y León, por ejemplo. El historiador Roberto Fernández explica: “Madrid fue zona republicana y no hubo tantos fusilados en cunetas al principio de la Guerra Civil, pero sí hay fosas en El Escorial, en Torrelaguna, en Getafe, en Alcalá de Henares, y en Madrid capital son 3.000 fusilados en el cementerio del Este. Lo que ha faltado es voluntad política”.

Mientras otras comunidades han desarrollado su propia legislación en materia de memoria histórica e impulsado la reparación a las víctimas del franquismo en los últimos años, en Madrid, gobernada por el PP, no se ha hecho nada. En 2021 el Gobierno madrileño no propuso ningún proyecto para beneficiarse de las ayudas del Ejecutivo central. Este año la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso solicitó una subvención para exhumar en un antiguo campo de trabajo para la construcción de un ferrocarril del Gobierno republicano donde el Ejecutivo madrileño asegura que murieron varias personas (presos obligados a realizar los trabajos) que fueron enterradas en una fosa. El Gobierno central concedió la ayuda solicitada, así como las subvenciones para abrir cuatro fosas a petición de los municipios de Torremocha del Campo, Brunete, Colmenar Viejo y Ciempozuelos. En el caso de Torremocha, para recuperar los restos de un sacerdote asesinado. El secretario de Estado de Memoria Democática, Fernando Martínez, explica que cuando la ley de memoria habla de víctimas se refiere “a todas”, también las del bando franquista. “Lo que ocurre es que la mayoría fueron exhumadas y sus familias reparadas durante los años cuarenta, por lo que la mayoría de fosas que quedan por abrir son de víctimas republicanas”, ha explicado.