El Gobierno ofrece apoyo al Govern mientras ERC aparca la autodeterminación

La mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán ha dado sus primeros frutos, sin entrar de momento en las cuestiones más vidriosas. ERC deja aparcadas sus reivindicaciones máximas de autodeterminación y se compromete a seguir actuando dentro del marco legal, a cambio de algunas concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre todo en materia lingüística. El Gobierno se dirigirá al Parlamento europeo para pedir que permita el uso del catalán y expresa su respaldo a la ley sobre los idiomas en la enseñanza aprobada por el Parlament, con el voto a favor de los socialistas, e impugnada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el Constitucional.

Los gobiernos central y de la Generalitat se irán de pausa estival con la carpeta catalana encarrilada por el momento. Tras la reunión, hace dos semanas, entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès, el turno este miércoles fue para la mesa de diálogo entre ambos Ejecutivos, ya sin sus máximos representantes. Y por primera vez se fue más allá de la simple foto: a diferencia de las dos reuniones anteriores del órgano bilateral, de esta sí salieron acuerdos. El más específico, sobre diversas medidas de fomento del catalán. Y otro, más impreciso, sobre lo que ambas partes han dado en llamar la “desjudicialización del conflicto político”.

Ambas delegaciones salieron contentas de la cita en La Moncloa y se aseguraron de dejar algunas puertas abiertas para que, en breve, se puedan presentar más frutos de una negociación que critica con gran violencia la derecha y también los socios de ERC en el Govern, Junts. Los acuerdos están recogidos en dos documentos que transmiten un cierto clima de vuelta a la normalidad institucional tras el escollo del caso Pegasus de espionaje a líderes independentistas, que enturbió las relaciones entre los Ejecutivos.

Las dos propuestas que la Generalitat han puesto sobre la mesa desde que se pactó este foro, a cambio de facilitar la investidura Sánchez, son la amnistía a los afectados por causas judiciales o administrativas relacionadas con el procés y la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado. El rechazo del Gobierno central a esas dos posibilidades ya es conocido, pero, de momento, ambas partes se han concedido un margen para negociar otras reformas legales.

La tesis del Govern es que, antes de abordar su demanda de autodeterminación, se debe garantizar una “igualdad de condiciones”, es decir, que no haya “represaliados y exiliados”, en palabras de la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, que encabezó la delegación catalana. En ese punto, ERC reclama cambios en el Código Penal. El asunto central es la posible modificación del delito de sedición, lo que podría traducirse en un alivio para la situación penal de huidos al extranjero como el expresident Carles Puigdemont o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.

Según fuentes del Gobierno, la posición inicial expresada por la formación catalana es suprimir ese delito, por el que fueron condenados la mayoría de los dirigentes del procés. En cambio, el Ejecutivo no está dispuesto a ir más allá de “armonizarlo con las leyes europeas más avanzadas”, según expresó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que encabezó la representación del Gobierno central, junto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y los ministros de Política Territorial y Cultura. Eso supondría suavizar las penas con que se castiga, lo que rebajaría también los cargos pendientes en casos como el de Puigdemont.

Bolaños insistió con reiteración en que el Gobierno solo abordará esa reforma cuando cuente con una “mayoría parlamentaria suficiente”, una manera de invitar a ERC a negociar. La impresión en ambas partes es que hay margen para conversar, porque los republicanos tampoco presentan como una línea roja la eliminación del delito. En el documento suscrito tras la reunión, las dos partes se limitan a manifestar su voluntad de intentar un acuerdo al respecto en el Parlamento antes de que acabe el año.

Ese documento que aborda la llamada “desjudicialización” es, sobre todo, una declaración de principios, sin medidas concretas. Pero el Gobierno enfatiza la relevancia de que los representantes de la Generalitat se comprometan a actuar sin saltarse el marco legal y lo exhibe como prueba de que la situación en Cataluña se ha pacificado. En el documento hay alusiones expresas a que cualquier “solución política” debe alcanzarse en un “marco de seguridad jurídica”, “según los principios y el ordenamiento democrático” y con el respaldo de “una mayoría social amplia y transversal”. El texto incluye también demandas de los independentistas, como el rechazo a “la criminalización de los proyectos políticos democráticos” en aras de permitir una “negociación equilibrada y con garantías”. En la práctica, se trata de un compromiso para evitar que las disputas políticas acaben en los tribunales, sin más concreción.

Pese a que la Generalitat siempre había querido separar la mesa de diálogo de la discusión de temas sectoriales, para resaltar así la trascendencia de la resolución del conflicto político, el blindaje al catalán fue el otro gran punto de la reunión de La Moncloa. Vilagrà lo justificó como una excepción ante la constante “judicialización del modelo educativo catalán”. El documento aprobado sobre esta cuestión incluye el apoyo expreso del Gobierno a la nueva ley sobre los idiomas en la educación aprobada recientemente por el Parlament con el respaldo del PSC. El propio Bolaños se refirió a esa nueva norma como “un ejemplo de acuerdos transversales muy amplios”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que esa ley ignora su sentencia que obligaba a impartir un mínimo del 25% de asignaturas en castellano y ha pedido al Constitucional que la examine. En lugar de esa cuota, la norma aprobada por el Parlament deja autonomía a cada colegio para que decida el reparto entre las lenguas en función de sus circunstancias sociolingüísticas. El documento aprobado en la mesa señala que el “catalán debe seguir siendo la lengua normalmente utilizada como vehicular” en las aulas, mientras que el castellano deberá tener garantías de una “presencia adecuada en los currículos y los proyectos lingüísticos”.

En el campo de protección del catalán, además de la escuela, el Gobierno se compromete a pedir al Parlamento europeo que permita el uso de ese idioma. Bolaños garantizó que se hará lo mismo con las otras lenguas cooficiales en España si lo piden los Gobiernos autonómicos implicados. Al mismo tiempo, las dos partes se muestran de acuerdo en ampliar la presencia de todos los idiomas cooficiales en el Senado, donde ya se está negociando una iniciativa al respecto. En el Congreso, en cambio, el PSOE rechazó recientemente una iniciativa similar de todos los grupos nacionalistas.

Vilagrà explicó que ya se habían puesto en conocimiento de Junts los contenidos de la reunión. Y la primera reacción de los socios de ERC en el Govern no resultó muy efusiva. Su portavoz, Josep Rius, consideró que la mesa se está alejando de sus objetivos iniciales y criticó que en ella se aborden cuestiones sectoriales, “por muy respetables que sean”. “Sería bueno que el presidente explique en sede parlamentaria la orientación que está tomando la mesa”, apuntó el portavoz de Junts.