El Congreso valida el nuevo plan fiscal de Sánchez con insatisfacción de los socios y el rechazo de la derecha

El presidente Pedro Sánchez sale de su primer debate del estado de la nación tras más de cuatro años en La Moncloa con un refrendo entusiasta de su partido y el apoyo escéptico tanto de Unidas Podemos, su socio de coalición, como de sus aliados parlamentarios para implantar cuanto antes las medidas políticas, fiscales y presupuestarias de su anunciado giro a la izquierda. El PSOE logró, además, que prosperara sobradamente en las votaciones finales una resolución en la que se incluyeron los nuevos impuestos excepcionales a las grandes empresas energéticas o la gratuidad de los viajes entre septiembre y diciembre para los trenes de cercanías y media distancia operados por Renfe. En las votaciones hubo varios detalles simbólicos. Se aceptaron 41 de las 138 resoluciones registradas, 26 de partidos ajenos al PSOE, pero ninguna de los aliados ni de Unidas Podemos en las que exigían mayor presión fiscal. No se aprobó ninguna de Vox, EH Bildu o la CUP. Los socialistas asumieron una enmienda del PP para coordinar mejor la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y los populares apoyaron otra del PSOE para impulsar el presupuesto de Defensa hasta el 2% como demanda la OTAN.

El PSOE negoció hasta el final en distintos frentes parlamentarios para conseguir la aceptación de sus 15 resoluciones con las que se plasman por escrito y quedan registradas en la Cámara sus intenciones políticas para el futuro periodo de sesiones, ya tras las vacaciones de verano, y que coincidirá con el último año de esta compleja legislatura.

Entre las 15 propuestas de resolución del PSOE, todas aprobadas, hay exposiciones genéricas para reforzar el cuarto pilar del llamado Estado del Bienestar, la educación y la sanidad pública, con la creación de un Centro Estatal de Salud, y apelaciones a un Pacto de Rentas con los agentes sociales. En una de esas resoluciones englobada en el capítulo de “Transición Ecológica y cambio climático” el PSOE quiso introducir en su punto sexto el impuesto a las grandes empresas energéticas para 2023 y 2024 con cargo a los beneficios extraordinarios que obtuvieron en 2022 y 2023 “los grupos dominantes del sector eléctrico, gasista y petrolero”.

Ese impuesto extra, que Unidas Podemos y otros aliados venían reclamando hace tiempo, ha sido el estandarte con el que Sánchez ha superado del Debate como un presidente más progresista de cómo entró y que ha servido para cohesionar más a los dos partidos de la coalición, según fuentes de ambas formaciones. Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, el PDeCAT, Más País, Compromís y varios partidos minoritarios le prestaron su apoyo al PSOE en esta ocasión, aunque subrayaron en la mayoría de esos casos que las medidas prometidas les parecían pocas y coyunturales, no estructurales y de fondo. También reclamaron que el impacto de esas medidas se lleve a partidas concretas a los próximos presupuestos, que se tienen que empezar a negociar en breve.

Unidas Podemos se tuvo que conformar con que se aceptaran por parte de la mayoría socialista solo tres de sus 15 iniciativas y ninguna relacionada con imponer un impuesto a las rentas más altas o crear el impuesto a las grandes fortunas. Esa meta, que se no se olvida, queda para la siguiente negociación y para la filosofía del proyecto electoral de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sumar, que está iniciando su vuelo pero haciendo hincapié en ese tipo de demandas sociales. Las resoluciones de Podemos sí asumidas por el PSOE tienen que ver con desarrollar la agenda feminista con más financiación, recoger la estrategia nacional de cuidados, aumentar el Ingreso Mínimo Vital, declarar los cuidados como derecho fundamental, trabajar en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, asegurar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ampliar los derechos sexuales y reproductivos y aplicar el antirracismo como política transversal.

El PSOE, por su parte, acogió algunas de las alternativas que le plantearon partidos nacionalistas, vascos y catalanes, pero ninguna sobre la plurinacionalidad de España, sino sobre asuntos concretos que se puedan explicar porque “mejoran la vida de la gente”. Fue el caso de la aceptada por ejemplo a JuntsxCAT, que normalmente no vota nada con el PSOE ni con este Gobierno, y a la que sí se le votó una para agilizar el registro en el Sistema Nacional de Salud de los medicamentos ya autorizados por la Unión Europea para el tratamiento del cáncer metastásico. Igual sucedió con las recogidas de ERC o del PNV. No se respaldó ninguna de EH Bildu ni la CUP.

El PSOE y el PP, los dos exponentes del bipartidismo que ha gobernado España en esta etapa democrática, se maltrataron dialécticamente durante toda la jornada, con intervenciones duras y destempladas de sus respectivos oradores sobre el Debate de la Nación y sobre los otros cuatro proyectos simbólicos que se discutieron como largo colofón a las extensas sesiones. El PP, sin embargo, ofreció un pequeño gesto al abstenerse este jueves en la convalidación del decreto anticrisis aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros, pero votó en contra de las nuevas medidas anticrisis que anunció el martes el presidente Sánchez y que el PSOE introdujo en varias de sus resoluciones. Los socialistas, no obstante, querían ofrecer la imagen de su disposición a hablar con todos, negociaron con el PP y apoyaron una de sus enmiendas para coordinar mejor el trabajo que tendrá que hacer España en el segundo semestre de 2023 como presidenta de turno de la Unión Europea, unos meses en los que Sánchez volverá a acaparar protagonismo en la escena internacional en teoría en vísperas de convocar las próximas elecciones generales.

El PP, por su parte, vio cómo prosperaban cuatro de sus planteamientos. Uno de ellos bastante significativo, porque recogía aprobar una ley de financiación de la defensa nacional con una programación de financiación plurianual que permita alcanzar los objetivos de inversión del 2% para el Ministerio de Defensa como España se ha comprometido ya en el marco de la OTAN y en su reciente cumbre de Madrid, para enorme malestar de los socios de Unidas Podemos. El PSOE retocó algunas frases de esa resolución, obvió los ataques referidos precisamente a la división interna en el Ejecutivo por ese asunto, y se quedó con la idea de impulsar “un escenario presupuestario” con ese objetivo. Unidas Podemos respondió que sobre ese tema son conocidas sus divergencias con el PSOE.

El PP cosechó a última hora apoyos para dos resoluciones sobre sanidad y vertebración territorial y sobre otra, denominada sobre “modelo constitucional y víctimas del terrorismo”, que el PSOE acabó votando también pese a los acalorados debates y discusiones que se sucedieron durante toda la jornada sobre la utilización partidista de las víctimas de ETA. El PSOE la toleró porque los populares, después de desarrollar sus tesis críticas contra el Gobierno sobre la situación del terrorismo, se limitaban a instar la defensa de la Constitución, de la transición, del estado de las autonomías, reconozca el referente ético de las víctimas y promueva una cultura democrática que rechace todos los totalitarismos y los métodos violentos que “han intentado destruir la democracia con la persecución y el asesinato de cientos de españoles”.