La alto cargo del Ayuntamiento que trató con Medina y Luceño ejerce de dique de contención ante el juez

Las acusaciones populares del caso Medina y Luceño se han topado este viernes con un importante dique de contención en sus intentos por dilucidar el papel del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia a través de Luis Medina y Alberto Luceño. Elena Collado, la alto cargo del Ayuntamiento de Madrid que trató con los empresarios, ha explicado al juez que ella asumió la responsabilidad de gestionar estas adquisiciones —como lo hizo con otras— y que no recibió ninguna orden concreta sobre estos contratos bajo sospecha. Según detallan fuentes presentes en el interrogatorio, la testigo ha insistido también en que la oferta de los comisionistas les llegó a través de la vía oficial habilitada por la Administración, respaldando así la versión del Consistorio.

La declaración de Collado, que se ha prolongado durante cerca de cuatro horas, limita las posibilidades de apuntar más arriba. De hecho, aunque el juez Adolfo Carretero ha mostrado sus dudas sobre si los imputados recibieron un “trato de favor” (sin concretar de quién), ya descartó la posibilidad de citar a la alto cargo como imputada, al considerar que fue “engañada” por los comisionistas. Una línea que respalda la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó el delito de tráfico de influencias y que, al igual que el magistrado, califica de víctima al Ayuntamiento.

En esta tesis ha ahondado Collado este viernes. “Ella sigue asumiendo toda la responsabilidad de la gestión de estos contratos”, ha especificado Nuria Zapico, abogada de Más Madrid, al concluir el interrogatorio. Según ha defendido la alto cargo ante el juez, las compras de material sanitario del Ayuntamiento no fueron las más caras y se descartaron algunas operaciones porque les pedían el 100% del dinero por adelantado o porque detectaron certificados falsos. Sin embargo, según ha explicado Zapico, Collado ha dicho que la propuesta de Luceño y Medina les pareció fiable: entre otras razones, porque eran “empresarios” y “españoles”.

El juez Carretero ha citado a Collado tras interrogar primero a los comisionistas y a la red de contactos que usaron para llegar hasta ella. Esa ronda de declaraciones dejó sobre la mesa una gran contradicción que, en opinión de las acusaciones populares, aún no se ha aclarado. Medina aseguró que el primo del alcalde le facilitó el contacto directo de Collado. Sin embargo, el familiar del regidor negó esa versión y aseveró que solo facilitó al empresario un e-mail genérico del Ayuntamiento, al que podía enviar su oferta. El Consistorio respalda este último relato y, es más, esta semana aportó al magistrado los correos remitidos por el hermano del duque de Feria a esa dirección de correo.

En este sentido, Collado ha mantenido este viernes una línea similar a la del Gobierno de Almeida. Ha explicado al juez que se puso en contacto con Medina después de que le rebotasen un e-mail que el comisionista había enviado a la dirección genérica. Entonces fue, según ella, cuando se pusieron a hacer tratos.

Las partes esperaban que las respuestas de Collado arrojasen luz sobre este extremo. Aunque, por si acaso, las acusaciones habían movido ficha antes. El PSOE ha pedido al juez que intervenga los teléfonos de los comisionistas “para conocer si pudieran existir terceros implicados de alguna manera en los hechos delictivos”. Más Madrid ha solicitado el tráfico de llamadas de ambos, del primo del alcalde y de la profesora universitaria que les ayudo a contactar con el Consistorio (María Díaz de la Cebosa).

“Collado tiene que decir quién dio la orden de contratar con Medina y Luceño. No me creo que fuese un director general quien tomase esa decisión”, ha denunciado Mar Espinar, portavoz municipal del PSOE. Alejandra Jacinto, diputada de Podemos, ha añadido: “Collado debe explicar por qué se usó a una empresa de Servicios Funerarios para sortear toda la contratación de emergencia del Ayuntamiento y qué papel jugó Engracia Hidalgo, la concejal responsable de Hacienda que firmó el convenio”. Este partido ya solicitó la imputación de esta edil, rechazada por el magistrado Carretero.

Dos meses de instrucción judicial

Tras más de un año de investigación, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Luceño y Medina a principios de abril. El ministerio público les atribuye los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al que después se ha sumado el de alzamiento de bienes para el hermano del duque de Feria—. El ministerio público sostiene que los dos empresarios engañaron al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de material sanitario en la fase más crítica de la pandemia, que les permitieron embolsarse casi seis millones de euros en comisiones. Un dinero que después utilizaron para adquirir bienes de lujo como relojes, una vivienda, un velero o coches de alta gama.

La causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que encabeza Carretero. El juez ha asumido la tesis de la Fiscalía y ha mostrado una enorme contundencia con los dos imputados. “Estos tres contratos, en los que intervinieron Luceño y Medina, constituyen un negocio jurídico criminalizado”, afirmó el magistrado al retirarles los pasaportes y prohibirles salir del país. “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los tests en un 71%, como consecuencia de las comisiones que los investigados habían pactado con Leno”, añadió.

Además, en estos dos meses de pesquisas se han sumado nuevas pruebas contra los empresarios que ahondan en las acusaciones de que falsificaron los documentos que usaban para presentarse como supuestos agentes “exclusivos” de Leno, la empresa asiática que suministraba el material sanitario. La Cámara de Comercio Internacional ha denunciado que el modelo de formulario que utilizaron es “falso”.