El juez cita como testigo a la profesora que facilitó a Luis Medina el contacto del primo del alcalde de Madrid

El magistrado Adolfo Carretero, que investiga a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, ha citado a declarar como testigo a María Díaz de la Cebosa, a quien el hermano del duque de Feria señaló como la profesora universitaria que le puso al habla con Carlos Martínez-Almeida, primo del actual alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El juez acepta así la petición de Más Madrid y Podemos, personados como acusaciones populares en la causa, que consideran clave esta comparecencia para aclarar la cadena de contactos que siguieron los imputados hasta llegar al Consistorio.

A través de un escrito fechado el miércoles, el magistrado fija el interrogatorio de Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad privada The College for the International Studies (CIS University), para el próximo 9 de mayo. Ese mismo día también se encuentra citada como testigo Elena Collado, la alto cargo del Ayuntamiento encargada de Compras en lo peor de la pandemia, que mantuvo el contacto más asiduo con los comisionistas —“Nos han estafado seguro”, escribió Collado en un mensaje a Luceño tras detectar irregularidades—.

El juez no ha decidido aún si cita también a declarar a Carlos Martínez-Almeida. Podemos pidió al magistrado que lo llamara como imputado, mientras que Más Madrid optó por solicitarlo como testigo. Pero, antes de resolver, el magistrado ha requerido su opinión al resto de partes presentes en la causa.

Según explicó Medina en su declaración ante el juez el pasado lunes, Díaz de la Cabeza fue el primer escalón que subieron hasta llegar al Ayuntamiento, al que estafaron supuestamente con la venta de material sanitario defectuoso en marzo de 2020, por lo que cobraron casi seis millones de euros en comisiones. El imputado aseguró que la docente le facilitó el teléfono del primo del alcalde, que a su vez le dio el contacto de Collado. El juez mantiene que el hermano del duque de Feria se aprovechó de su “influencia” y “su condición de personaje público”.

“Ningún obstáculo”

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de Más Madrid de imputar también a Fernando Sánchez, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, a través de la cual se gestionaron los pagos de los comisionistas. El partido de la oposición atribuye a Sánchez un presunto delito de falsificación y mantiene que el Ayuntamiento aportó al ministerio público unas “cartas de encargo” del material adquirido diferentes de las facilitadas por la Empresa de Servicios Funerarios, pese a que “deberían ser exactamente iguales”: “Todo lo anterior hace indicar que, posiblemente, estas modificaciones a posteriori se hicieron para hacer desaparecer u ocultar cualquier vinculación del cargo político con los actos administrativos dictados”.

Una tesis que rechaza Anticorrupción. “No se ha alterado ningún elemento o requisito esencial de los documentos”, apunta el ministerio público en un escrito del 26 de abril: “Contrariamente a lo que afirma [Más Madrid], la remisión de estos documentos no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que han respondido puntualmente a todos los requerimientos”, añade.

Más denuncias

En paralelo, Podemos denunció este jueves en la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea nuevos contratos firmados durante la pandemia por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP). La formación ha solicitado que se investigue el papel de Vin Dore 24K S. L. y Air Global Medial S. L. “como suministradores de material sanitario”. Según el partido, ninguna tenía “experiencia previa en este negocio” y existen indicios del “pago de comisiones millonarias”.

Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos, ha explicado la iniciativa: “Estamos denunciando que hay dos empresas que pasan de facturar una media de 80.000 euros a más de 10 millones de euros cada una en un solo año, en el año de mayor vulnerabilidad, el de la pandemia, gracias a los contratos adjudicados por el Gobierno de Ayuso”. Según ha contado, las empresas “no se dedicaban a la importación de material sanitario y, de hecho, cambiaron su objeto social posteriormente”. Además, ha calificado su contabilidad de “sumamente opaca”, “hasta el punto de que aparecen indicios del posible cobro de comisiones millonarias, que deben ser investigadas por las fiscalías”. “Este es otro episodio más de posibles irregularidades que salpican toda la gestión del Gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento”, ha remachado.