Podemos pide imputar a una concejal del PP en el caso de los comisionistas Luceño y Medina

Podemos, partido personado como acusación popular en el caso de las comisiones millonarias recibidas por Luis Medina y Alberto Luceño por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo más duro de la pandemia, ha pedido imputar a Engracia Hidalgo, concejal del Ayuntamiento de Madrid y responsable del área de Hacienda. La formación de izquierdas atribuye a la edil del PP un presunto delito de prevaricación por haber firmado el convenio con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios que permitió pagar a los comisionistas a través de dicha compañía pública. El magistrado Adolfo Carretero, responsable de las pesquisas, deberá decidir ahora si cita a la concejal. También tiene pendiente resolver si llama como investigada a Elena Collado, la funcionaria responsable del departamento de Compras del Consistorio que mantuvo contacto fluido con Luis Medina y Alberto Luceño.

Según explica el partido en un escrito, fechado este jueves y al que tuvo acceso EL PAÍS, el Ayuntamiento firmó el 20 de marzo de 2020 un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios para centralizar a través de dicha sociedad toda la compra del “suministro de material sanitario y equipos de seguridad para el personal” del Consistorio tras el estallido de la pandemia. En ese documento, que firmó la concejal popular Engracia Hidalgo, se explicaba que la compañía pública está “habituada” a adquirir este tipo de productos y contaba con “los mecanismos de gestión económico-presupuestarios” necesarios.

Pero, según Podemos, ese acuerdo sirvió para “eludir la normativa de control aplicable a las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento”, lo que supone un “grosero apartamiento de la legalidad, cuyas nefastas consecuencias han salido ahora, al menos parcialmente, a la luz”. El partido observa un “evidente nexo causal” entre “las ilegalidades del proceso de contratación” y el perjuicio sufrido por las arcas del Ayuntamiento. La formación considera que la contratación se derivó “en fraude de ley” a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, lo que permitió evitar que un “técnico municipal cualificado” analizara el presupuesto, como establecen las pautas de contratación que la propia Dirección General dependiente del Área de Gobierno de Hacienda había publicado en desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta ausencia de fiscalización fue, a juicio de Podemos, “uno de los elementos clave que propició el sobreprecio” del material sanitario.

La Fiscalía Anticorrupción, que llevó a cabo la investigación que ha originado la causa, y el juez Carretero han descartado hasta ahora señalar a los responsables del Ayuntamiento. Las pesquisas se centran en Luceño y Medina, imputados por delito de estafa, falsedad documental y blanqueo —al hermano del duque de Feria se le atribuye también el delito de alzamiento de bienes—. El ministerio público mantiene que los dos empresarios engañaron al Consistorio con la venta de material sanitario defectuoso en lo peor de la pandemia. Una operación por la que se embolsaron casi seis millones de euros en comisiones.