El comisionista Luceño comunica al juez que no puede pagar los cuatro millones de fianza que le faltan

El comisionista Alberto Luceño ha avisado al juez que no dispone de más dinero y bienes para cubrir los cuatro millones de euros de fianza que le faltan. El empresario, investigado junto a Luis Medina por cobrar comisiones desorbitadas en la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, ha enviado este miércoles un escrito al magistrado Adolfo Carretero para informar de su situación después de que el instructor le diera un plazo de 48 horas. “Muy respetuosamente, venimos a comunicar la imposibilidad del señor Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados. Si bien, tan pronto se disponga de patrimonio, se atenderá a la solicitud del juzgado”, apunta el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La defensa de Luceño recibió este martes la notificación del ultimátum del juez Carretero, que emitió una resolución el pasado 29 de abril donde le otorgaba un plazo de 48 horas para completar los 6,2 millones de euros que le impuso como fianza para asegurar el presunto dinero estafado. En su dictamen, el magistrado explicaba que hasta el momento solo se le había podido embargar al comisionista un inmueble de 1,1 millones de euros; diversos vehículos, con un valor cercano a los 950.000 euros; y 129.140 euros que tenía en sus cuentas corrientes. Por tanto, faltaban poco más de cuatro millones.

El juez mantiene imputado a Luceño por estafa agravada, falsedad y blanqueo de capitales. El magistrado ha rechazado imputarle alzamiento de bienes, un delito que sí le ha atribuido a su socio Medina, hermano del duque de Feria. Según la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios se conchabaron para defraudar al Ayuntamiento. Según la querella del ministerio público, le ofrecieron “la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”. Pero, a cambio, se embolsaron seis millones de euros, gracias a que “inflaron artificialmente” los precios de los productos con comisiones disparadas: del 60% para las mascarillas; del 71% para los test; y del 81% para los guantes, según las pesquisas.

Con los beneficios que obtuvieron, compraron bienes de lujo, como coches de alta gama; relojes de oro; un yate, al que Medina bautizó como Feria y registró en Gibraltar; y una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con tres plazas de garaje y valorada en más de un millón de euros. Luceño también pagó 60.000 euros por una estancia de una semana en un hotel de Marbella.

Suspendida la declaración de Collado

Por otro lado, el juez ha decidido suspender la declaración de Elena Collado, el alto cargo del Ayuntamiento de Madrid que mantuvo contacto fluido con los comisionistas. Collado, responsable de compras del Consistorio durante la pandemia, se encontraba citada el próximo 9 de mayo como testigo, pero el magistrado ha acordado anular el interrogatorio a la espera de decidir si, como pidió una de las acusaciones populares, debe acudir como imputada por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y cómplice de estafa. Hasta ahora, la Fiscalía ha descartado su implicación. Collado fue quien escribió un mensaje a Luceño que decía: “Nos han estafado seguro”.

A través de otra resolución fechada este miércoles, Carretero también ha descartado la petición de Más Madrid de imputar a Fernando Sánchez, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, a través de la cual se gestionaron los pagos de los comisionistas. El partido de la oposición atribuyó a Sánchez un presunto delito de falsificación y mantiene que el Ayuntamiento aportó al ministerio público unas “cartas de encargo” del material adquirido diferentes de las facilitadas por la Empresa de Servicios Funerarios, pese a que “deberían ser exactamente iguales”: “Todo lo anterior hace indicar que, posiblemente, estas modificaciones a posteriori se hicieron para hacer desaparecer u ocultar cualquier vinculación del cargo político con los actos administrativos dictados”.

Una tesis que rechazó Anticorrupción, y ahora el juez. “Si constan diferencias en las cartas de encargo, como resulta de su lectura literal, ninguna de ellas —sin perjuicio de que puedan resultar documentos complementarios, como dice el Ayuntamiento— afecta a elementos esenciales de los documentos, cuya fecha, identidad de firmas y contenido coincide, como dice el Ministerio Fiscal”, apunta el magistrado, que remacha: “No constando, además, que las modificaciones las haya hecho el gerente, ni que se hiciesen con objeto de dificultar las investigaciones de la Fiscalía, ni ocultar su contenido”.