El juez imputa a Luis Medina un delito de alzamiento de bienes por ocultar el dinero de la comisión cuando ya era investigado

El juez Adolfo Carretero, que instruye la causa por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia con comisiones desorbitadas, ha acordado este miércoles imputar un nuevo delito, el de alzamiento de bienes, a uno de los implicados, Luis Medina, por desprenderse de una parte de su patrimonio cuando ya sabía que era investigado por la Fiscalía Anticorrupción. La maniobra, que consistió en desprenderse de un producto financiero en el que había invertido 400.000 euros de la comisión, buscaba presuntamente que no le fuera embargado ese dinero. Hasta ahora, los dos empresarios estaban acusados de estafa agravada, blanqueo y falsificación. Ambos deben declarar ante el juez el 25 de abril.

La decisión del juez constata la dificultad que está encontrando la justicia en este caso para bloquear bienes a Medina y su socio, el también empresario Alberto Luceño, para garantizar las fianzas de responsabilidad civil que la Fiscalía Anticorrupción pide que se les imponga. De los 6,7 millones que reclama, hasta ahora solo se han podido asegurar bienes por un total de 1,5 millones, menos de una cuarta parte del total.

Anticorrupción fijó las cuantías de la responsabilidad civil a partir de la cantidad que se embolsaron Luceño y Medina con su contrato con el Ayuntamiento de la capital, a la que suma un tercio de la misma, como fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En total, ambas fianzas representan 6.784.714 euros. De esta cantidad, reclama 1.216.989 euros a Medina y los 5.567.725 restantes a Luceño, que es quien se llevó el mayor porcentaje de las comisiones presuntamente abusivas. No obstante, la Fiscalía recuerda que lo que no se le pueda embargar a uno se le puede reclamar al otro, “dado el carácter solidario de la responsabilidad civil”, según recoge en un escrito remitido al juez.

Hasta ahora la justicia solo ha podido embargar a Medina bienes por un total de 325.762 euros (un yate valorado en 325.515 euros y los 247 euros del saldo de una cuenta), después de que Deutsche Bank, la entidad financiera en la que ingresó la comisión, informase de que, de las tres cuentas que tenía abiertas (una en dólares), dos tenían saldos negativos y en la tercera solo una pequeña cantidad. En su informe, el banco también detallaba que el investigado mantiene una deuda de 5.719 euros con la entidad por no atender los cargos de una tarjeta de crédito y que se había desprendido poco antes de ser interrogado por Anticorrupción de bonos por un valor de 400.000 euros. La Fiscalía cifró entonces en 891.221 euros la cantidad que aún queda por asegurar en su caso, que es la cantidad que ha fijado ahora el juez Carretero en el auto en el que imputa el nuevo delito a Medina.

En el caso de Luceño, las gestiones judiciales también están lejos de conseguir bloquear bienes por una cuantía suficiente para cubrir la fianza que pide Anticorrupción para él, y que es de 5.567.725 euros. En su caso, la justicia ya ha dado órdenes al Registro de la Propiedad para que bloquee la vivienda que adquirió tras embolsarse la comisión en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y por la que pagó 1.107.400 euros. Además, también ha retenido los fondos que tenía en tres cuentas en Caixabank a su nombre o al de su empresa Takamaka Invest S.L. En total, 129.139 euros.

La justicia también ha intentado bloquear los vehículos de lujo que el empresario adquirió tras cerrar el negocio con el consistorio, pero ha descubierto que, al menos, tres de ellos los vendió entre enero y abril pasado, cuando ya era investigado por Anticorrupción. Entre ellos se encuentra un Range Rover y un Lamborghini. El juez ha pedido este martes a las partes que planteen qué medidas cautelares económicas adopta con el empresario para lograr asegurar el resto de la fianza.

Embargo de derechos hereditarios

En el caso de Medina, la Fiscalía solicitó al juez que reclame al comisionista garantías para cubrir el dinero restante y, en caso de que no lo haga, que ordene el embargo de otros bienes que pudieran estar a su nombre, sin especificar cuáles. En la misma línea ha apuntado Podemos, que es una de las acusaciones populares personadas en la causa. En su caso, plantea al magistrado que requiera a Medina que entregue en el plazo de tres días un listado con sus bienes y, si no lo hace, que se averigüe cuál es su patrimonio para proceder a su embargo. También ha planteado que solicite a la Agencia Tributaria información sobre los bienes que Medina pudiera disponer en el extranjero.

Por su parte, el PSOE, también personado como acusación popular, ha recordado al juez que existe un proceso en un juzgado de Sevilla para dirimir el reparto de la herencia de la abuela de Medina, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, entre cuyos beneficiarios estaría el comisionista, con vistas a embargar sus derechos hereditarios. Sobre Luceño, la Fiscalía y el resto de las partes aún no han planteado medidas, aunque todo apunta que serán similares que las pedidas a su socio.

Mientras, la justicia de Malasia ha echado un jarro de agua fría a la investigación, tras informar que el empresario San Chin Choon, responsable de la empresa Leno que vendió el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, se niega a colaborar en la investigación. Anticorrupción había enviado en mayo de 2021 una comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial) a las autoridades del país asiático para interrogar como testigo a San Chin Choon. El escrito incluía las 19 preguntas que se le querían plantear a este.

En un primer momento, Malasia planteó como condición para ejecutar que España se comprometiera a cumplimentar peticiones de ayuda similares que pudieran enviarles el país asiático. Tras hacerlo España, sus autoridades localizaron al empresario, que finalmente se negó a responder las preguntas, según se recoge en la respuesta que llegó al Ministerio de Justicia español el pasado lunes. En la misma también se destaca que la ley malasia no permite forzar a hacerlo.