El Gobierno alerta del objetivo de Vox de suprimir el Estado autonómico: “La extrema derecha quiere acabar con la sanidad pública universal”

La declaración de intenciones de Vox en el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco de que suprimirá el Estado autonómico en cuanto tenga ocasión, lo que va en contra de la organización territorial del Estado que establece la Constitución, ha multiplicado las alarmas en La Moncloa tras la entrada de la extrema derecha en su primer Gobierno desde la restauración de la democracia. Y también ha obligado al PP a desmarcarse de su socio de gobierno en Castilla y León, una alianza que Génova no descarta repetir en otras comunidades ni en el Ejecutivo central si fuera necesario en las próximas citas electorales. “Nuestro objetivo político fundacional es y seguirá siendo, cuando tengamos la mayoría parlamentaria suficiente, en primer lugar la devolución de competencias como educación, sanidad y justicia al Estado central, para después derogar el título VIII de la Constitución Española [que establece la organización territorial del Estado]”, afirmó el nuevo vicepresidente castellano y leonés, Juan García-Gallardo, en el pleno en el que Mañueco fue elegido presidente y pasó a la historia como el primero de una comunidad autónoma que cogobierna con la ultraderecha.

“Con esos planteamientos, la ultraderecha está atentando contra el sistema democrático y constitucional de nuestro país. El Estado de autonomías representa el avance de derechos en el ámbito de la protección social, la educación o la sanidad. La extrema derecha quiere acabar, por ejemplo, con la sanidad pública universal, a la que ha llegado a catalogar como lacra”, ha denunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. “Es muy grave que alguien pueda obviar que estamos en un Estado compuesto, en un Estado autonómico. Hay que respetar la Constitución, el título VIII de nuestra Carta Magna es un elemento también de nuestro Estado. Es una cuestión de Estado, y por tanto, es una cuestión bastante preocupante”, ha incidido la ministra de Justicia, Pilar Llop, tras el Consejo de Ministros de este martes.

El PP se ha visto forzado a marcar distancias con la revisión que Vox promueve de la Constitución mediante la supresión de las comunidades y la recentralización de competencias. “Somos un partido nacional, pero autonomista”, ha querido diferenciar el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, que compagina la función de número tres del partido con la portavocía de la Junta de Andalucía y la consejería de Presidencia. La eliminación del actual modelo territorial “es una de las grandísimas diferencias” entre su partido y Vox, ha insistido Bendodo, que a diferencia de la extrema derecha, ha defendido que el Estado autonómico “ha funcionado”, aunque haya que “seguir perfeccionando en su desarrollo”. Mientras el PP hacía equilibrismos, el Gobierno insistía en la “anomalía” en España, donde la ultraderecha puede gobernar sin cordones sanitarios a diferencia del resto de Europa. “Alberto Núñez Feijóo está abriendo de par en par las puertas a la ultraderecha, dejando su entrada en gobiernos, algo que no solo es anómalo, sino que va en dirección contraria a lo que está haciendo la derecha europea”, ha resaltado Rodríguez, en alusión al presidente del Partido Popular.

Al Gobierno también le indigna la falta de prisas en el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde hace tres años y medio pese a los plazos que regula la Constitución. Bendodo afirmó el domingo en una entrevista en EL PAÍS que la renovación del órgano de gobierno de los jueces “no es una prioridad”. “Hay que cumplir la Constitución, es grave que el PP no quiera cumplirla o diga que no es urgente abordar lo que es una cuestión de Estado”, ha observado Llop. La ministra de Justicia ha recordado que la parálisis del Poder Judicial “afecta de manera urgente a los derechos de los ciudadanos” y está imposibilitando el nombramiento de las vacantes que se están produciendo en el Tribunal Supremo. La consecuencia es el retraso de más de mil casos al año, “sin hablar del desprestigio institucional que puede ocasionar”.