El Gobierno inicia una negociación de las medidas contra los estragos de la guerra con tanteos a derecha e izquierda

Fase de tanteo entre los dos grandes partidos antes de rematar un posible giro político completo con el primer gran pacto de la legislatura. La salida de Pablo Casado, la guerra en Ucrania y la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP parecen haber abierto una ventana de oportunidad para que los populares apoyen por primera vez un gran decreto con medidas económicas urgentes de 6.000 millones de euros que aprobó este martes el Consejo de Ministros. Pero queda un mes para esa votación, y los dos partidos se lanzan mensajes contradictorios en público mientras en privado ambos apuntan que será muy difícil que esta vez el PP vote en contra, aunque podría apostar por una abstención. El Gobierno quiere que los populares entren, pero no está dispuesto a aceptar el marco ideológico que plantea por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que insiste en que la solución es una bajada generalizada de los impuestos.

La Moncloa señala que en este decreto hay muchas bajadas fiscales —más de 10.000 millones de euros anuales de reducción de ingresos, sobre todo por la prórroga de las bajadas de impuestos a la electricidad—, pero no cree que sea necesario apostar por una reducción generalizada de todos los tributos, como plantea el PP.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida para enfrentarse al impacto de la guerra en Ucrania en la economía española “no puede ser en ningún caso una bajada generalizada de impuestos que lleve a un estímulo fiscal del conjunto de la economía” que agrave la inflación que ya se está viviendo. Por eso, entre otras cosas, y porque la ven más eficaz, España, como Francia y la mayoría de los países europeos, ha descartado una bajada de impuestos al combustible y ha optado por una ayuda directa para bajar los precios 15 céntimos.

El Gobierno cree que los populares, cuando lean este miércoles el decreto en el BOE, verán que sus reclamaciones más importantes sí están ahí. El Ejecutivo se reunió con todos los grupos, incluido el PP, y asegura que cada uno de ellos podrá encontrar propuestas propias en el decreto.

El texto también es fruto de un pacto interno en el que el PSOE ha aceptado incluir banderas de Unidas Podemos, como el límite a la subida de los precios del alquiler del 2% o la prohibición de los despidos derivados del alza de la energía si se reciben ayudas públicas como los ERTE, algo que defendió Yolanda Díaz frente a las críticas de Antonio Garamendi, líder de la CEOE. Díaz recordó que el jefe de la patronal ya firmó una medida como esta en pandemia.

El Ejecutivo confía en encontrar apoyos de sobra al decreto, e incluso en que el PP entre en el acuerdo, pero no se cierra completamente a tramitarlo como proyecto de ley para permitir que los grupos introduzcan modificaciones. No es la idea inicial, pero no está descartada en función de la negociación. No sería muy operativo, porque el decreto solo está pensado para tres meses y la tramitación de enmiendas podría durar bastante más, pero no hay un rechazo rotundo por si eso fuera imprescindible para lograr más apoyos.

El PP sigue con dudas y muchos recelos. La coordinadora general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, rebajó este martes algo las expectativas creadas el día anterior con su “máxima disposición” a negociar, al observar con malestar que el decreto seguía adelante sin que desde el Gobierno les hubieran vuelto a llamar ni se les aportase un mero borrador para discutir.

Los populares exigen para revelar ya el sentido afirmativo de su voto a ese plan que el Ejecutivo aplique nuevas bajadas de impuestos, como entienden que se firmó en la Conferencia de Presidentes de La Palma el 13 de marzo. El Gobierno insiste en que en este decreto ya hay más reducciones de impuestos, por ejemplo a los pescadores, además de prorrogar las que ya había para la energía.

En la declaración de La Palma, en su punto 4, se dice: “Las medidas que se incorporarán al plan desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear. El Gobierno de España y las comunidades autónomas comparten la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía”.

Feijóo y el PP interpretan ese párrafo como que el Gobierno y su presidente se habían comprometido a bajar más los impuestos. Y han fijado ese punto casi como una línea roja. El nuevo líder, en cualquier caso, asegura que quiere estudiar todo el paquete antes de definirse porque es consciente de que puede marcar el tono de arranque de su etapa como jefe de la oposición.