Gamarra anuncia la “máxima disposición” a apoyar las medidas de Sánchez, pero en el PP insisten en bajar impuestos

La dirección provisional del PP afronta con “máxima disposición” la posibilidad de apoyar las medidas que prepara el Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, según ha anunciado la coordinadora general, Cuca Gamarra, aunque para posicionarse espera a conocer el borrador del real decreto que el martes aprobará el Consejo de Ministros. Gamarra, que habló el domingo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha abierto la puerta este lunes a que los populares respalden el plan sin condicionar su apoyo a ninguna cuestión concreta, según fuentes de su entorno, si bien el PP insiste en pedir una bajada de impuestos. El candidato único a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado un tono más duro que la coordinadora general y ha constatado que de momento el Gobierno “incumple” el compromiso de una bajada fiscal que asumió en la Conferencia de Presidentes de La Palma, pero en su equipo subrayan que los populares están abiertos al acuerdo. Por su parte, los socios del Gobierno exigen negociar más avances sociales y manifiestan su desconfianza por la escasa información aportada por el Ejecutivo.

De hecho, estos últimos han mostrado este lunes su interés por seguir acordando en los próximos días medidas más concretas y sobre todo más sociales para sumar a la oferta de un pacto de Estado que dé respuesta a la guerra de Putin, tal y como ha reiterado esta mañana el presidente Sánchez. El decreto que se aprobará el martes en el Consejo de Ministros debe ser convalidado en un mes en el Congreso. Partidos como Unidas Podemos, que están dentro de la coalición gubernamental, pero también aliados habituales como PNV, ERC y EH Bildu o Ciudadanos, han contestado a los “breves contactos” que han mantenido con los interlocutores del Ejecutivo que esperan poder aportar sus ideas para ampliar el contenido del acuerdo.

Cuca Gamarra representa el poder político del PP hasta que el congreso del 1 y 2 de abril entronice a Feijóo, y como tal asume la tarea de liderar las conversaciones con el Gobierno hasta entonces. Después del primer contacto que mantuvo el domingo con el ministro de la Presidencia, la coordinadora general ha dejado este lunes la puerta muy abierta a un posible pacto con el Ejecutivo. Los populares se quejan de que las medidas “van tarde” y de que les falta información, porque el Gobierno todavía no les ha trasladado un borrador del real decreto para el que les pide apoyo, pero a pesar de todo ello el mensaje que transmiten es el de una voluntad de acuerdo inédita en la etapa de Pablo Casado. “Tenemos máxima disposición a dialogar, máxima disposición a apoyar medidas que creemos que son necesarias, bajadas de impuestos o racionalización del gasto público, y en ese sentido es importante tener conocimiento del borrador del real decreto para podernos posicionar sobre el mismo”, ha manifestado Gamarra en una rueda de prensa en Génova 13. Esa “máxima disposición” anticipa al menos una intención de pacto clara por parte del PP.

La coordinadora general ha insistido en el mensaje de responsabilidad de su partido en un momento de crisis a consecuencia de la guerra en Ucrania. “Somos perfectamente conscientes de que España necesita que estemos a la altura de las circunstancias. Nos hemos mostrado siempre dispuestos a arrimar el hombro para dialogar y apoyar medidas que sean concretas, inmediatas y suficientes”, ha abundado Gamarra. Fuentes de su entorno aseguran además que no condicionan el sí del PP a ninguna cuestión concreta, ni siquiera a la bajada de impuestos que los populares están reclamando.

El tono de Feijóo ha sonado distinto al de Gamarra, bastante más duro, pero tampoco ha cerrado la puerta al acuerdo. Eso sí, el presidente de Galicia sí es contundente al exigir una bajada de impuestos como condición para respaldar el plan. “No vemos el compromiso de la bajada de impuestos que habíamos asumido en la Conferencia de Presidentes en La Palma. No está al menos en la documentación conocida por los medios de comunicación”, ha resaltado Feijóo. “Los antecedentes acreditan que los acuerdos que teníamos no se cumplen”, ha lamentado. El barón gallego y próximo presidente de los populares se ha quejado también de que la información que les ha transmitido el Gobierno es “incompleta y confusa”. Ante la aparente disparidad entre el tono de Gamarra y el de Feijóo, fuentes del equipo de este último han precisado que la voluntad del gallego es “ofrecer un nuevo tiempo de entendimiento” pero el problema es “no encontrar un mínimo de respeto por parte del Gobierno de España”. “Aun así, [estamos] abiertos a todo y sin cerrarnos a nada”, indican estas mismas fuentes.

En el PP Isabel Díaz Ayuso ha ido más lejos exigiendo como medida principal una rebaja fiscal. “Todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo, lo han hecho prácticamente todos los países de nuestro entorno”, ha manifestado la presidenta madrileña. “Si no se bajan impuestos y no se reduce el IVA, si no se ayuda fiscalmente a todas las economías madrileñas, especialmente a las que están ahora mismo más atrapadas por este problema del crecimiento exponencial de los precios de la energía no habrá nada que hacer”.

Negociaciones de Unidas Podemos

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha encabezado las negociaciones por parte del equipo de Unidas Podemos hasta altas horas de la madrugada de este lunes con el sector socialista del Gobierno, ha valorado lo conseguido de manera clara y ha glosado las medidas por las que más han peleado: “Incrementamos un 15% el ingreso mínimo vital, que puede suponer hasta 140 euros más al mes en una familia con dos menores, y se ampliará el bono social. Blindaremos una vez más el empleo, aplicando los ERTE y prohibiendo el despido, para proteger el tejido productivo, los salarios y a las familias”. Y ha añadido: “El plan del Gobierno frente a la crisis derivada de la guerra destinará 6.000 millones de euros en ayudas directas a la ciudadanía. Desvincularemos el elevado IPC del precio de los alquileres, con un máximo del 2%, y trabajamos en la minoración de los beneficios caídos del cielo”.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha incidido en la importancia de las aportaciones de su partido al acuerdo: “Mañana aprobaremos en el Consejo de Ministros el nuevo escudo social con medidas que llevan claramente nuestro sello”. Unidas Podemos, por tanto, refrendará el decreto en el Congreso, pero pretende remarcar que las mejoras más sociales se han conseguido gracias a sus aportaciones y que podrían haber sido más y mejores si ellos gobernasen. Otros interlocutores de la negociación, como el secretario de Estado Nacho Álvarez, han querido precisar cuantías de esos logros: “Reforzar el IMV es prioritario en este momento. Una persona adulta que viva sola cobrará un incremento total de 221 euros de aquí a junio. Una familia de dos adultos y dos menores, incrementará su prestación en 420 euros acumulados durante los próximos tres meses”.

Esos aspectos tan específicos serán las bazas que jugará ahora el Ejecutivo en su negociación para recabar el apoyo de otras fuerzas clave en el Parlamento. Los contactos empezaron a última hora de la noche del domingo, con el PP y Ciudadanos, y continuaron a primera hora de este lunes con ERC, PNV y EH Bildu, entre otros partidos. Todos los grupos mostraron alguna disposición a negociar, pero con entusiasmos muy diferentes, sobre todo por la tardanza en las llamadas de los negociadores del Gobierno y por la escasa información que les han aportado por ahora.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, fue uno de los primeros en mostrar su malestar por esas formas. En su Twitter, el dirigente vasco señaló: “Contactar. Estrictamente eso: contactar. Hemos tenido una conversación telefónica de cinco minutos hoy lunes a la mañana. Ahora estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente en su conferencia”. Fuentes de esa formación han insistido en que en realidad “no ha habido diálogo” y en que no les gusta “esa forma de proceder del Gobierno”. Fueron mensajes muy similares a los expresados por ERC, otro de los socios fundamentales del Ejecutivo. ERC reconoce que el plan de Sánchez recoge algunas de sus propuestas, pero entienden que “hay muchas medidas que son coyunturales cuando esta crisis va a durar mucho más allá que hasta junio y, por lo tanto, deberían de ser más estructurales, como por ejemplo de todo el sector eléctrico”. En ERC echan en falta el impuesto extraordinario a las grandes empresas eléctricas (que tuvieron unos beneficios millonarios el año pasado) y el control y la gestión pública de las hidroeléctricas.

En EH Bildu también lamentan las medidas más coyunturales como ERC, pero sí consideran positivo que no se haya optado por una rebaja generalizada de impuestos, como pedía la derecha, “porque eso tendría consecuencias directas en las políticas públicas a través de recortes”. También comparten otras actuaciones previstas como ampliar el alcance del ingreso mínimo vital, aplicar un descuento de 20 céntimos por litro de carburante, activar los mecanismos de regulación de empleo para evitar despidos, aumentar los beneficiarios del bono social eléctrico o las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas. Todas esas formaciones esperarán a los próximos días y semanas para decantar su voto futuro cuando el decreto llegue al Congreso.

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha tachado la comparecencia de Sánchez de “propagandística”, ha lamentado que la hiciera en el ámbito empresarial y no en el Parlamento ante los grupos parlamentarios para consensuarlo de verdad y ha subrayado que no observa medidas para luchar contra la inflación. El plan le parece insuficiente a Ciudadanos, que además opina que llega tarde y que no aborda problemas de fondo como la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares “por sectarismo”.