La Justicia decreta el embargo del sueldo de diputado de Espinosa de los Monteros por el impago de las obras de su casa familiar

El portavoz de Vox en el Congreso estaba condenado a abonar 63.183 euros a la empresa que reformó su chalé

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, interviene en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el pasado 22 de marzo.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, interviene en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el pasado 22 de marzo.Marta Fernández Jara (Europa Press)

La Justicia ha decretado el embargo del sueldo como diputado del portavoz del Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, por no pagar al constructor que llevó a cabo las reformas de su casa familiar, según ha adelantado eldiario.es y ha confirmado EL PAÍS de fuentes jurídicas. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre del año pasado la sentencia de la Audiencia Provincial de 2019 que condenaba a Espinosa de los Monteros a pagar 63.183 euros más intereses por la deuda contraída con la empresa contratada para las obras, pero todavía no ha procedido al pago. Ahora, el auto del juzgado de primer instancia número 36 de Madrid, con fecha de 21 de marzo, al que ha tenido acceso este periódico, impone el embargo de “sueldo, salario y demás emolumentos” que perciba el diputado de ultraderecha del Congreso de los Diputados.

El representante de la formación ha afirmado este lunes por la mañana que ha aceptado la sentencia y que “el único motivo” por el que no ha podido pagar todavía es “la demora” en la respuesta de Hacienda y la Seguridad Social. “Acatar la sentencia implica abonar una cantidad. ¿Pero a quién? El constructor hace 8 años que cerró la empresa dejando sus pufos sin liquidar; entre ellos a Hacienda y la Seguridad Social”, ha dicho a través de sus redes sociales. Además, Espinosa de los Monteros ha denunciado que la orden de embargo “carece de fundamento jurídico” y ha anunciado que la recurrirá.

En la resolución sobre este caso, el Tribunal Supremo recordó que Espinosa de los Monteros era el “socio único” de la mercantil Promociones Pedro Heredia 6 S. L. (PPH6), y que esa sociedad había contraído una deuda de más de 60.000 euros con la empresa contratista de los trabajos. Aunque esa deuda ya había sido reconocida por un juzgado civil en marzo de 2015, el dirigente de Vox consiguió que un año después, en mayo de 2016, su sociedad fuera declarada en concurso de acreedores. La empresa optó por reclamar directamente el pago al representante político.

Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid y diputada en la Asamblea regional, están involucrados en diversas irregularidades urbanísticas que comenzaron a salir a la luz en septiembre de 2019. En aquel momento, el Ayuntamiento de la capital ordenó clausurar el chalé donde vivían y en el que ella había instalado ilegalmente su estudio de arquitectura. Desde entonces, EL PAÍS desveló otros 16 casos, más otro que destapó la Cadena SER, que afectan al matrimonio, en su mayoría relativos a transformaciones de sótanos, locales, naves o garajes en lofts.

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La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, fue el otro foco del escándalo. Tenía su propio estudio de arquitectura, Rocío Monasterio Asociados, pero en realidad no obtuvo su título de arquitecta hasta 2009, tal como reveló EL PAÍS. No obstante, se presentaba como tal en numerosas revistas y publicaciones. Además, en ese periodo incluyó su nombre como arquitecta en el membrete de planos en al menos cuatro obras, entre 2002 y 2004. Por este motivo fue denunciada en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), que en febrero archivó el caso porque los hechos habían prescrito. Sin embargo, la decana del colegio, tras guardar silencio cuatro meses, declaró sobre el hecho de que Monasterio firmara planos sin título: “Es una irregularidad, claro, no es otra cosa. Por supuesto. Yo creo que eso no se ha puesto en duda en ningún momento”. Comparó a Monasterio con “un médico que firma cuando no está titulado, o no está colegiado”.

El capítulo más grave, porque acabó en la Fiscalía, salió a la luz al revelar este periódico que Monasterio había tramitado en el Ayuntamiento planos con visados falsificados del Colegio de Aparejadores. Más Madrid presentó una denuncia a la Fiscalía, porque los hechos no habían prescrito. En junio de 2021 la Fiscalía desestimó la querella con el argumento de que la falsificación era “tan burda y perceptible” que no podía llevar a engaño. Los jueces señalaron que para que exista el delito “es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error”.

El Ayuntamiento fue abriendo investigaciones de los casos publicados por EL PAÍS, pero luego no ha dado información de su resultado. Hasta el momento ha confirmado la ilegalidad en tres. A finales de enero de 2020 ratificó que toda la obra en Rodas 7 era ilegal, un loft del actor Arturo Valls. En febrero de 2020 el Ayuntamiento abrió dos expedientes disciplinarios sobre los dos primeros casos destapados, en las calles Pedro Heredia y Villafranca, un total de 11 lofts, para restablecer la legalidad urbanística porque “el uso legalizado es el industrial”.

Sobre la firma

Iñigo Domínguez

Es periodista en EL PAÍS desde 2015. Antes fue corresponsal en Roma para El Correo y Vocento durante casi 15 años. Es autor de Crónicas de la Mafia; su segunda parte, Paletos Salvajes; y otros dos libros de viajes y reportajes.

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