El Ayuntamiento confirma que detectó el visado irregular de Monasterio en 2016 y que toda la obra fue ilegal
El concejal de Urbanismo describe un "modus operandi' para aprovechar la ineficacia de la administración y realizar actuaciones no amparadas por licencia urbanística"
El Ayuntamiento de Madrid confirma que sus técnicos observaron en 2016 que el proyecto de Rocío Monasterio para un loft en un local de la calle Rodas 7, en manos de la Fiscalía tras una denuncia presentada por Más Madrid, era irregular y el sello de visado del Colegio de Aparejadores no era el correcto, porque tenía fecha de 2005. No quiere decir que sospecharan que había sido manipulado, pero por esas razones ya no lo admitieron, según ha informado este miércoles el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, en el pleno de la comisión del área celebrado esta mañana.
De este modo, el concejal ha negado cualquier responsabilidad del Ayuntamiento en la tramitación de documentos falseados, porque de hecho fueron rechazados, y su obligación de emprender posibles iniciativas judiciales. También ha confirmado que toda esa obra de la líder de Vox en Madrid, iniciada en 2005, fue totalmente ilegal porque nunca se le concedió licencia y el proyecto "estaba invalidado de inicio". Finalmente, el Ayuntamiento ordenó en 2015 una demolición de la obra y una inspección posterior comprobó que se había llevado a cabo. Desde la publicación del caso en EL PAÍS el pasado noviembre, Monasterio no dado ninguna explicación y solo ha arremetido en redes sociales contra el propietario del local, el presentador televisivo Arturo Valls, que la ha denunciado.
Los técnicos municipales, ha explicado Fuentes, hicieron un requerimiento a Monasterio el 17 de enero de 2017 que decía así: "Se observa que el proyecto presentado, además de no justificar el cumplimiento del código técnico de la edificación presenta visado de fecha de 3 de junio de 2005, por lo que esos servicios técnicos consideran necesaria su adaptación a la normativa vigente y su cambio". Este visado, una pegatina timbrada del Colegio de Aparejadores que certifica la idoneidad de un proyecto, es la clave de la denuncia contra Monasterio por falsificación de documento público y estafa tras una información de este periódico.
La dirigente de Vox selló correctamente el proyecto en la primera tramitación en 2005, de ahí la fecha que lleva inscrita, pero luego lo siguió usando, con un corta y pega de la pegatina, cuando volvió a presentarlo en 2011 y 2016. Monasterio tampoco ha explicado todavía por qué reutilizó el visado de forma ilegal.
La obra era en un local comercial para el que nunca consiguió el permiso de convertirlo en vivienda. "Todos los expedientes tramitados en 2005, 2011 y 2016 fueron archivados porque no fueron contestados los requerimientos de aporte documental", ha concluido el concejal. Esta práctica formaba parte del modus operandi de Monasterio en muchos de los 13 casos conocidos hasta ahora: iniciaba los trámites, pero luego se desentendía de ellos y hacía la obra sin licencia.
Fuentes ha comparecido a petición de los grupos de Más Madrid y del PSOE, que han hecho intervenciones muy duras sobre los casos de irregularidades publicados en los últimos tres meses. En este periodo el responsable de Urbanismo ha explicado que las juntas de distrito correspondientes están examinando cada expediente, pero no tiene intención de abrir "una causa general". No obstante, esta mañana Fuentes ha descrito "el modus operandi de los distintos expedientes revisados, donde los titulares de las actuaciones y sus técnicos aprovechaban la ineficacia de la administración pública para realizar actuaciones no amparadas por una licencia urbanística". Y precisamente ha aprovechado la sesión para anunciar "en breve" una nueva ordenanza de simplificación de trámites urbanísticos "para evitar obras ilegales realizadas aprovechándose del colapso" de la administración.
"Dijo que no abrirían una investigación salvo ilegalidad manifiesta y han tenido ustedes un serial. No entiendo a qué estamos esperando (...) No quiere rozar a Vox no sea que le tome la matrícula", ha acusado Mercedes González, en referencia a que PP y Ciudadanos necesitan el apoyo de la formación ultraderechista para tener mayoría en el Ayuntamiento.
Luis Cueto, de Más Madrid, también ha instado a Fuentes tomar medidas. "Tiene que actuar y no decir: 'Ah, he visto una guarrada, pero como no dimos la licencia y no sabemos nada, haremos como Gila, alguien ha matado a alguien...'. No, sabemos que ha habido una actuación irregular y usted tiene que actuar". En ese sentido, Más Madrid ha registrado esta mañana una petición dirigida a la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para que "recabe información sobre los hechos conocidos sobre el caso Monasterio y proceda si se estima que ha podido haber comisión de delito". "Trasládelo a sus servicios jurídicos y cumpla con lo que le digan", le invitó José Manuel Calvo, que ha presentado la solicitud.
Fuentes ya dejó caer cuál es su punto de vista al explicar que, en su opinión, el hecho de que el Ayuntamiento no aceptara los papeles impediría hablar de que los visados falseados constituyeran un documento público, un extremo de la denuncia que debe aclarar la Fiscalía. Así se lo hizo saber al grupo de Más Madrid: "Un documento público es el emitido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y no existe documento público emitido por los servicios públicos municipales respecto a este caso. Otra cosa es que ustedes orienten el tema a la utilización supuestamente fraudulenta de un documento, en este caso una pegatina de una corporación de derecho público, pero es que este hecho no ha dado lugar a un documento oficial municipal. Porque si así se hubiera detectado se habrían adoptado las medidas que fueran necesarias". En todo caso, la documentación que presentó Monasterio en 2016 entró por el registro municipal y se halla en el expediente del Ayuntamiento.
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