Cientos de personas se han manifestado este sábado frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid, para protestar contra el giro del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. El acto, convocado por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) bajo el lema No en mi nombre, ha reunido a unos 2.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno. El Ejecutivo tomó partido la semana pasada por la fórmula propuesta por Marruecos para dar un nuevo estatus a la antigua colonia española, al considerar su solución de autonomía como la “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto, frente al referéndum de autodeterminación que exige el Frente Polisario y respalda la ONU.

En la concentración, que ha arrancado este mediodía, se han escuchado proclamas como “Sánchez, atiende, el Sáhara no se vende” o “Sáhara libertad, Polisario vencerá”. También se han visto carteles con demandas como “No más traiciones al pueblo saharui” o “¡Derecho a la autodeterminación!”. Los organizadores han pedido a los grupos políticos que “redoblen sus esfuerzos” para hacer valer el Derecho internacional y que rechacen “con contundencia” la decisión del Gobierno de Sánchez, al entender que esta nueva etapa con Marruecos rompe con el “consenso” que ha “caracterizado” la política exterior española respecto al Sáhara durante los últimos 46 años.

“Estamos ante un giro radical en la postura del Gobierno de España, que se sitúa al lado de la pretensión expansionista de Marruecos en el Sáhara Occidental”, ha señalado Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, quien ha recalcado que la decisión “arriesgada” del Gobierno “no concuerda con la postura tradicional de España” y tampoco representa “el sentir ampliamente solidario de la sociedad española con el pueblo saharaui”, además de que “contradice el Derecho internacional”.

Entre los representantes de los partidos políticos, varios eurodiputados de Izquierda Unida-Unidas Podemos, como Sira Rego y Manu Pineda; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, o el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. “Es muy grave ponerse delante de quien vulnera los Derechos Humanos, en contra de las sentencias del Tribunal de la Unión Europea y en contra de la resoluciones de la ONU, defendiendo la ley del más fuerte”, ha criticado Isa Serra, diputada de Podemos en la Asamblea.

Protesta de la Asociación Víctimas del Terrorismo

Otras 800 personas —según la Delegación del Gobierno— se han concretado este sábado en la plaza de Colón de Madrid en una manifestación impulsada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). La protesta, bajo el lema No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo, se ha convocado para dar las gracias a “los 154 diputados que sí votaron a favor” de una proposición de ley presentada por el PP “para evitar homenajes a etarras y fortalecer la participación de las víctimas en la ejecución penal”. La iniciativa fue rechazada este viernes en el Congreso. Al acto se han sumado dirigentes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha pronunciado un discurso frente a los congregados: “Basta ya de mercadear con la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de nuestros muertos y, lo que es peor, basta ya de tomarnos por tontos y de vender como legal e inevitable decisiones políticas conscientes y evitables”, ha dicho. Los asistentes han portado pancartas con fotografías de guardias civiles asesinados y banderas de España, y han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La AVT ha anunciado, además, como respuesta a la petición de los manifestantes, que retirará la medalla que dio en 2017 a Grande-Marlaska, al entender que ha pasado de ser un “juez implacable” a un “traidor” por la política penitenciaria aplicada a los presos etarras.

Entre los dirigentes políticos que se han sumado a la protesta se encontraba Mari Mar Blanco, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y hermana de Miguel Ángel Blanco —asesinado por ETA hace 25 años—, quien ha criticado al Gobierno por una política penitenciaria a la que ha calificado de “vergonzante”. “Es algo humillante que no solamente nos está dejando de lado, sino que nos está insultando”, ha dicho.