Detenido el director de Carreteras de Murcia en la operación contra una trama de corrupción carcelaria

La Guardia Civil detuvo este martes al director general de Carreteras de la Región de Murcia, José Antonio Fernández Lladó, en el transcurso de una operación que ha permitido desmantelar en los últimos días una supuesta trama de corrupción que tenía como eje el Centro Penitenciario de Sangonera, en esta comunidad. Junto al alto cargo autonómico, han sido arrestadas otras cuatro personas, entre ellas un funcionario de prisiones y un empresario, señalados como piezas claves de la red, y un trabajador de la Agencia Tributaria, confirman a EL PAÍS fuentes de la investigación. Al menos una sexta persona figura como investigada.

Tras prestar declaración y reconocer los hechos ante la Guardia Civil, Fernández Lladó fue puesto en libertad a la espera de ser citado por el juez. Los cinco detenidos y la persona investigada comparecieron ante el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Murcia a lo largo del miércoles y la madrugada de este jueves. De ellos, el magistrado solo ordenó el ingreso en prisión provisional de J. M. S., el trabajador penitenciario detenido, informó el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. El Gobierno regional anunció este miércoles en una nota el cese inmediato de Fernández Lladó, cuyas presuntas irregularidades circunscribió a “su esfera estrictamente privada”.

La investigación que desembocó en la detención del alto cargo se inició a comienzos de 2021 al detectarse que J. M. S., un veterano funcionario penitenciario que ocupaba el puesto de jefe de servicios en la prisión murciana, cobraba presuntamente dinero a los presos a cambio de que estos pudieran recibir objetos ilícitos dentro de las cárceles, como droga y teléfonos móviles, así como de facilitarles acceder a beneficios penitenciarios, entre ellos encuentros con contacto físico, los conocidos como vis a vis, con prostitutas, algo totalmente prohibido. La agencia Efe ha informado de que las pesquisas se pusieron en marcha, precisamente, por las denuncias presentadas ante la Fiscalía por varios presos que se consideraron engañados porque, tras pagar al funcionario importantes cantidades de dinero, no habían accedido a los beneficios prometidos.

Las pesquisas incluyeron el análisis detallado, por parte de expertos de Vigilancia Aduanera, de las cuentas bancarias tanto del principal sospechoso como de otros dos trabajadores penitenciarios en busca de indicios de blanqueo. El rastreo permitió descubrir un incremento patrimonial no justificado del presunto cabecilla de la red. La investigación también detectó cómo este mantenía contactos con otras personas que, si bien no formaban parte de la trama de corrupción de la cárcel, sí realizaban otras actividades presuntamente ilícitas por encargo de él. “Este funcionario ejercía de conseguidor, poniendo en contacto a gente que necesitaba hacer gestiones irregulares en determinados ámbitos de la administración con personas que las podían materializar”, señalan fuentes cercanas a la investigación. Un papel similar jugaba en la trama el empresario arrestado, que supuestamente intentó ayudar a un fugado de la justicia (posteriormente detenido por Vigilancia Aduanera) que intentaba evitar que sus bienes fueran subastados judicialmente.

Estas mismas fuentes detallan que el director general de Carreteras del Gobierno murciano era otra de esas personas que, en su caso de manera “puntual”, habían pedido ayuda a la trama para solucionar un problema con Hacienda, según ha revelado las intervenciones telefónicas a las que estaba sometido el trabajador de la cárcel por orden judicial. En concreto, el político del PP solicitó auxilio para conseguir el aplazamiento de una deuda fiscal que ya estaba fuera de plazo y para lo que la red pretendía materializar una falsificación de documentos. Fernández Lladó fue alcalde por el PP de Alguazas (9.800 habitantes), cargo que ocupó en dos periodos: de 2001 a 2005 y de 2007 a 2015. Desde este último año era el máximo responsable de las carreteras del ejecutivo del popular Fernando López Miras.

Estas mismas fuentes sitúan al funcionario de la Agencia Tributaria detenido, que trabaja en el departamento de recaudación, en este mismo plano colateral de la trama investigada que, por ejemplo, intentó evitar la subasta judicial de los bienes de un condenado que también contactó con ellos. Todos los detenidos están imputados en un sumario abierto por cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y organización criminal. El juez aún no ha individualizado qué delitos atribuye a cada uno.