Sociedad Civil Catalana decide presentar demanda por los gastos del 1-O y Diplocat

La organización Sociedad Civil Catalana ha decidido presentar demanda contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat acusados de haber contraído responsabilidad contable por los gastos realizados para la organización del referéndum ilegal del 1-O y para la promoción exterior del procés, a través de Diplocat. Esta demanda impedirá que el proceso seguido por el Tribunal de Cuentas pueda archivarse, tras la retirada de la Abogacía del Estado, que no se ha hecho uso de su derecho de personarse en la causa.

El Tribunal de Cuentas ya ha iniciado la fase de enjuiciamiento por dichos gastos, y tras la renuncia de la Abogacía del Estado se ha dirigido a Sociedad Civil Catalana, para conocer si va a presentar demanda o se abstiene de hacerlo. A lo largo del presente mes, esta entidad va a retomar su papel de acusación en este expediente, que es el resultado de la fusión de dos investigaciones, la de los gastos del referéndum independentista, y la de los gastos que se realizaron para promover fuera de España los planes de los líderes del procés.

La retirada de la Abogacía del Estado —justificada porque la administración perjudicada por dichas actividades no sería la central, sino la autonómica catalana— abrió cierto debate en Sociedad Civil Catalana sobre la conveniencia o no de seguir en el procedimiento en curso en el Tribunal de Cuentas. Ese debate se debía que en el caso de no existir condena de los investigados, las costas del proceso podrían imponerse a las acusaciones.

Finalmente, fuentes de Sociedad Civil Catalana informan de que se ha tomado la decisión de continuar en el caso y presentar demanda, lo que de entrada cierra el paso a un eventual archivo del expediente. Sigue en estudio si dicha entidad reclama el resarcimiento de la Generalitat por las dos piezas del expediente —los gastos del 1-O y los de Diplocat— o solo por la primera. El motivo reside en que dicha entidad estuvo en el primer asunto desde sus inicios, y solo actuó en el segundo cuando la Abogacía del Estado y la Fiscalía lo hubieron impulsado. La demanda, por tanto, podrá referirse a ambas investigaciones o solo a la primera.

Por los gastos de organización del 1-O y la promoción exterior del procés se reclama a los investigados un total de 9,5 millones de euros. De ellos, 4,1 millones corresponden a la supuesta responsabilidad contable contraída para llevar a cabo el referéndum y 5.4 a la que se deriva de la promoción exterior del procés. Entre los imputados en este expediente figuran los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, así como por la del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell (Economía) y Raül Romeva (Relaciones Exteriores), además de varios delegados del Govern en diversos países extranjeros.