El Tribunal de Cuentas aparca el caso de los avales para después de las elecciones del 13-F

El Tribunal de Cuentas va decidir sobre si da validez o no a los avales de la Generalitat en el caso Diplocat cuando se hayan celebrado las elecciones del 13-F en Castilla y León. En este expediente se investiga la responsabilidad de 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por los gastos empleados en la organización del referéndum ilegal del 1-O y en la promoción exterior del procés, por lo que en conjunto se les reclaman 9,5 millones de euros.

En la última semana de febrero se discutirá sobre las fianzas que quiere pagar la Generalitat mediante los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). No se resolverá antes para permitir alejar esta decisión del actual contexto electoral. En paralelo, se dará un plazo de 20 días a las acusaciones para que formulen demanda.

El nuevo Tribunal de Cuentas tomó posesión el pasado 18 de noviembre. La Sección de Enjuiciamiento mantuvo una primera reunión durante el mes de diciembre, sin fijar fecha alguna para resolver sobre los recursos presentados por la defensa de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, así como por la del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell (Economía) y Raül Romeva (Relaciones Exteriores), entre otros investigados en este expediente.

El asunto había quedado sobre la mesa tras la salida de los consejeros relevados por el acuerdo de renovación que alcanzaron el Gobierno y el PP. En la fase final del mandato precedente hubo varios intentos de resolver estos recursos, pero la inminencia de los cambios hizo que la Sección de Enjuiciamiento saliente desistiera. Predominó entonces el criterio de que se trataba de un asunto relevante que sería mejor que resolviera un tribunal con el mandato por delante, y no uno que lo tuviera caducado.

El nuevo tribunal, a su vez, tampoco tiene especial prisa en resolver este asunto. El expediente supone cientos de folios y la materia tiene sus complejidades. La Abogacía del Estado acaba de abstenerse de continuar en el caso, pero antes de hacerlo dejó un mensaje claro sobre la mesa.

La Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, respondió a una consulta que le dirigió el Tribunal de Cuentas que, sin pronunciarse sobre la legalidad de los avales de la Generalitat, para resolver los recursos presentados había que tener en cuenta que este mecanismo de pago estaba en vigor, porque fue regulado legalmente por el Govern catalán y no fue recurrido por el Gobierno, que por tanto nunca ha pedido su suspensión.

La Sección de Enjuiciamiento sabe ya, por tanto, que el Gobierno no ha puesto obstáculos a los avales, y que en paralelo ha propiciado la renovación del Tribunal de Cuentas, cuyo anterior perfil conservador ha cambiado por otro, de signo progresista. La incógnita es ahora si en este contexto de inicio de una nueva etapa y de intento de pactos internos, similar al que se da en el Constitucional, será posible algún grado de consenso en torno a expedientes concretos. Por ejemplo, en el que afecta a dirigentes de partidos independentistas que ya no son cargos públicos, pero que siguen teniendo peso político en fuerzas cuyo voto en el Congreso es de interés para el Gobierno.

En estas circunstancias, se entiende la importancia de que el Tribunal de Cuentas haya dejado para finales de febrero su decisión sobre la validez o no de los avales de la Generalitat. De momento, huye de la quema del debate preelectoral. En el tribunal se recuerdan, en este sentido, las palabras del presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, quien en una conferencia pronunciada la semana pasada, abogó por “alejarse de la refriega política”. El reto, en el Tribunal de Cuentas, es intentarlo, y cómo hacerlo. Todo ello a sabiendas de que si se aceptan los avales, ERC recuperará los dos millones de euros que entregó para las fianzas, y los investigados que han presentado bienes para hacer frente a su presunta responsabilidad contable, podrán levantar los embargos acordados.