La causa por los gastos para promover el ‘procés’ en el exterior se deshincha en el Tribunal de Cuentas
La Sala de Enjuiciamiento decidirá en enero si acepta los avales de la Generalitat y posteriormente si rebaja la reclamación de 5,4 millones euros
El Tribunal de Cuentas va a decidir durante el próximo mes de enero si vuelve sobre sus pasos y rectifica sus decisiones sobre el expediente relativo a los gastos realizados por los líderes independentistas para la promoción exterior del procés. En primer lugar, va a resolver si acepta los avales de la Generalitat para defender los intereses de 34 de sus ex altos cargos y funcionarios, acusados de desviar fondos para dar a conocer en diversos países, principalmente de Europa y Estados Unidos, los proyectos de ruptura con España. Posteriormente, durante la fase de enjuiciamiento, que empieza ahora, se revisará si se mantiene la reclamación de 5,4 millones de euros o se reduce la cifra invertida en tales propósitos.
A la vista del contenido de la investigación y de los cambios registrados con la reciente renovación del Tribunal de Cuentas, en medios jurídicos se estima que este expediente ya ha empezado a deshincharse y que irá perdiendo relevancia en los próximos meses. La tramitación de este expediente de responsabilidad contable tendrá varias fases. En primer lugar, la resolución sobre la admisibilidad o no de los avales del Institut Català de Finances (ICF) —entidad financiera creada por la Generalitat— corresponde a la Sala de Enjuiciamiento, compuesta por tres magistrados, dos de ellos propuestos por el PSOE. Esta sala deberá decidir si confirma o rectifica la decisión de la delegada instructora del caso, Esperanza García, quien rechazó este mecanismo de pago de las fianzas impuestas a los investigados.
La ponente de este nuevo auto será la magistrada Rebeca Laliga, exsubdirectora general del Notariado y de los Registros en el Ministerio de Justicia y propuesta por el PP en la reciente renovación del Tribunal de Cuentas. Los otros dos componentes de dicha Sala son los también magistrados Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez, procedentes respectivamente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Ministerio de Defensa. Ambos fueron nombrados por iniciativa del PSOE. Íñiguez dejó en Defensa el cargo de jefe de gabinete de la ministra Margarita Robles y en una etapa anterior había sido director adjunto del gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, actualmente presidenta del Consejo de Estado.
La composición de esta Sala de Enjuiciamiento, por tanto, supone que el sector progresista cuenta en ella con mayoría. Este dato no ha pasado desapercibido para las defensas, máxime a la vista de la evolución que ha experimentado la postura adoptada por la Abogacía del Estado en la causa contra los ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat. Así, mientras en la última etapa del Tribunal de Cuentas saliente se mantuvo la tesis de que los avales debían rechazarse, y que la responsabilidad contable estaba bien calculada en 5,4 millones de euros, ahora se abren nuevas expectativas. En parte, porque la Abogacía del Estado ya no va a estar en este proceso, dado que va a renunciar a presentar demanda, y también porque al frente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas también se producirá en breve un cambio de titular.
Por otro lado, si la primera ponente de la resolución sobre los avales, la mencionada magistrada Rebeca Laliga, propusiera rechazar este sistema de pago y quedara en minoría, sería sustituida en esta función por la también magistrada Rosario García Álvarez, de la mayoría progresista. El punto de partida en la Sala de Enjuiciamiento es tratar de buscar fórmulas de consenso, pero quizá no resulte fácil. Ello se debe a que la decisión de admitir o no el sistema de pago propuesto por la Generalitat admite pocos matices, porque el núcleo de la resolución consiste en confirmar el rechazo inicial de esta vía de pago, como hizo la delegada instructora, o corregir lo que ella dispuso.
En este punto es donde cobra especial relevancia la nueva postura de la Abogacía del Estado en este asunto. El cambio se produjo en septiembre pasado, cuando presentó un escrito dando pie a que prosperen los recursos de los investigados y de la propia Generalitat. Tales impugnaciones persiguen que puedan devolverse a ERC los 2,1 millones de euros que depositó en el tribunal como fianza en octubre último, y también que puedan levantarse los embargos de bienes de los investigados, según órdenes dadas a los correspondientes registros, hasta cubrir el total de los 5,4 millones de euros reclamados.
La Abogacía —que inicialmente había impulsado la causa contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana—, se apartó de su anterior estrategia como acusación y no quiso responder al Tribunal de Cuentas si creía procedente admitir los avales, por entender que no era legalmente procedente contestar a esa consulta. Pero al mismo tiempo subrayó en su escrito de forma contundente —cuando no se le había preguntado sobre este extremo— que el mecanismo de pago de los avales a través de una entidad financiera pública está contemplado en un decreto-ley de la Generalitat avalado por el Parlamento catalán. La Abogacía subrayó que esta normativa no había sido recurrida por el Gobierno ante el Constitucional, y que, por tanto, no se había pedido su suspensión y estaba en vigor.
En el propio Tribunal de Cuentas se interpretó que la Abogacía había señalado claramente con su informe cuál era el camino que debía tomar el expediente contra los ex altos cargos de la Generalitat, empezando por liberarlos de los embargos, al admitir los avales. De hecho, existió la posibilidad de que así se acordara con el tribunal saliente. Pero finalmente se pospuso la decisión, para dejarla en manos de los nuevos magistrados, que ahora han empezado a estudiar el asunto, con el propósito de resolverlo en pocas semanas.
