El Tribunal de Cuentas se reorganiza para cerrar la “guerra de los avales”

La organización interna del renovado Tribunal de Cuentas se está ultimando estos días con modificaciones de su estructura, dominada hasta ahora por el sector conservador. De entrada, un tribunal con mayoría progresista va a resolver sobre los avales de la Generalitat a favor de sus 34 ex altos cargos y funcionarios a los que se han exigido 5,4 millones de euros por gastos indebidos en la promoción exterior del procés. Los mismos tres magistrados, todos ellos nuevos en la institución, tendrán la última palabra con respecto a la sentencia con que culmine este proceso: Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez, propuestos por el PSOE, y Rebeca Laliga, nombrada por iniciativa del PP.

La resolución sobre la propuesta de la Generalitat de ofrecer la fianza de los investigados ha quedado sobre la mesa con la renovación del Tribunal de Cuentas, pero el nuevo equipo de la institución quiere cerrar lo antes posible esta “guerra de los avales”. Un equipo que en su cúpula, la comisión de gobierno, va a estar formado por tres mujeres, la presidenta, Enriqueta Chicano; la jefe de la Sección de Enjuiciamiento, Rebeca Laliga, y la de la Sección de Fiscalización, Dolores Genaro.

En paralelo, la magistrada Margarita Mariscal de Gante, una de las consejeras conservadoras que este jueves terminaron mandato, ha dictado una providencia por la que se da inicio a la fase jurisdiccional del caso. Hasta ahora, lo instruido con el fin de averiguar si hubo un mal uso de fondos de la Generalitat para dedicarlos a promocionar los planes independentistas en el extranjero conforma un expediente administrativo, que terminó con el acta de liquidación provisional. Ese documento es el que exige los citados 5,4 millones de euros a los investigados, y da paso al comienzo de una segunda fase, de carácter judicial, que es la abierta por la providencia de Mariscal de Gante dos días antes de la toma de posesión de los nuevos consejeros. Lo que ha hecho la magistrada siguiente sería, en definitiva, enviar a juicio a los citados ex altos cargos de la Generalitat. La vista, en todo caso, será el final de una serie de actuaciones y diligencias que pueden durar meses, si no años.

El comienzo de esta nueva fase, en la que las defensas ya tendrán muchas más posibilidades de intervenir, no es incompatible con el hecho de que este proceso aún siga pendiente de una resolución definitiva sobre la validez o no de los avales de la Generalitat. Los investigados ya han hecho efectiva, mediante aportaciones económicas o embargo de bienes, la cantidad que se les reclama de forma conjunta y solidaria.

No obstante, si se acepta que la propia administración catalana haga valer su garantía de pago —como medida cautelar, por si en su día se dicta una sentencia condenatoria—, las aportaciones ya formalizadas como fianza ante el Tribunal de Cuentas podrán ser recuperadas por los interesados. Ello implicaría la devolución del dinero ingresado y el levantamiento de los embargos acordados. Para los líderes independentistas investigados —entre ellos, los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Raül Romeva— esta decisión supondría liberarse de las fianzas y la posibilidad de despreocuparse de la suma que se les reclama, como mínimo hasta que se dicte definitiva sentencia.

La reestructuración del Tribunal de Cuentas va a implicar también que el hasta ahora fiscal jefe en esta institución, Miguel Ángel Torres, que cambia ese cargo por el de consejero, vaya finalmente a ocuparse de las tareas de fiscalización de los ayuntamientos. En un principio, Torres, nombrado a propuesta del PP, iba a suceder a Margarita Mariscal de Gante en la Sección de Enjuiciamiento. Pero se ha acabado por descartar esta opción, porque el nuevo consejero habría tenido que empezar su mandato absteniéndose de participar en el procedimiento contra los líderes independentistas.

El motivo de esa abstención —que él mismo ya había anunciado— es que Torres participó como acusación durante la investigación de los hechos, junto al abogado del Estado, Rafael García Monteys, quien ahora se retirará del caso. La causa de esta decisión tiene que ver con el hecho de que la misión de la Abogacía del Estado consiste en defender los intereses de la administración perjudicada, que en este caso no es la central, sino la autonómica, cuya representación corresponde a la Generalitat.