Un Tribunal de Cuentas con presidenta progresista decidirá sobre los gastos del ‘procés’

La renovación del Tribunal de Cuentas supondrá un cambio de perfil de esta institución, que va a tener una presidenta progresista, Enriqueta Chicano (Madrid, 1949) excolaboradora de Alfredo Pérez Rubalcaba y Virgilio Zapatero en Gobiernos anteriores. El tribunal va a contar con una mayoría progresista —habrá seis consejeros propuestos por el PSOE, cinco por el PP, y uno de consenso—, y desde ella buscará afrontar el expediente más conflictivo que ahora tiene entre manos, el relativo a los gastos de la Generalitat en la promoción exterior del procés.

En todo caso, la decisión sobre los avales aún podría ser tomada por la Sección de Enjuiciamiento saliente, si los recursos contra la denegación de este sistema de afianzamiento se tramitan con celeridad. La dificultad para ello estriba en que una vez terminado este viernes el plazo para que se presentaran las impugnaciones, ahora se abre un período de cinco días para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten alegaciones ante las pretensiones de las defensas.

El siguiente paso ya sería que la Sección de Enjuiciamiento resolviera sobre la validez de los avales, y con ello diera por terminada la presente fase, de naturaleza administrativa, del proceso en curso. Pero para esa decisión no hay un plazo predeterminado. Los nuevos consejeros difícilmente tomarán posesión antes de 15 días. De modo que todo depende de la rapidez con que actúen los que terminan ahora su pertenencia al tribunal. Para la mayoría entrante tener este asunto resuelto sería una ventaja, porque ya podría encarar la siguiente fase, jurisdiccional, habiendo despejado la polémica sobre el sistema de garantía ofrecido por la Generalitat.

En todo caso, en la reorganización de dicha Sección se buscará articular una mayoría con perfiles técnicos entre los 12 consejeros recién nombrados, en contraste con la etapa actual, en que el juicio iba a quedar en manos de la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar (PP). El cambio en el tribunal es perceptible, porque deja atrás una etapa en la que la institución ha dado una clara imagen de cercanía o afinidad con los populares.

Al frente de la Sección de Enjuiciamiento se situará el fiscal Miguel Ángel Torres, hasta ahora jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Como nuevo consejero, Torres ocupará el puesto que ha venido desempeñando José Manuel Suárez Robledano, propuesto en su día por el PP, que será el ponente de la resolución que adopte el tribunal sobre los mencionados avales en el caso de que los recursos se vean con rapidez.

La Generalitat y la mayor parte de los 34 ex altos cargos investigados por uso indebido de 5,4 millones de euros para promover en el extranjero los planes independentistas, han impugnado el acuerdo por el que el tribunal negó validez a los avales. En esencia, su tesis es que el decreto-ley aprobado por la Generalitat para respaldar a sus dirigentes o funcionarios por presuntas responsabilidades en su gestión constituye un texto en vigor, que no ha sido recurrido, y por tanto directamente aplicable.

En cambio, la delegada instructora, Esperanza García, denegó su uso al interpretar que esta norma no cubre las actuaciones realizadas con dolo —con voluntad manifiesta— o con negligencia grave. Y a su juicio ese es el caso de los gastos efectuados para promover los planes independentistas en el extranjero, porque habría existido un mal uso consciente de fondos públicos para un objetivo ajeno a las atribuciones y competencias de la Generalitat.

La administración catalana, a su vez, ha venido sosteniendo a lo largo del proceso que no tiene nada que reclamar a sus ex altos cargos y funcionarios porque considera que con su actuación no causaron menoscabo alguno a sus arcas. La Abogacía del Estado, por su parte, sostuvo inicialmente la existencia de dicho perjuicio, tesis compartida por la Fiscalía. Pero ello no obstará para que se retire pronto del caso, en cuanto se entre en la fase jurisdiccional, una vez resueltos los recursos sobre los avales.

El motivo de esta retirada se encuentra en la doctrina sentada por la sentencia que en 2018 dictó la magistrada Margarita Mariscal de Gante, considerando que la Abogacía debía apartarse del expediente sobre los gastos realizados para organizar la consulta del 9-N de 2014. El fallo argumentaba que la Abogacía representa al Estado, que ese asunto no era la administración perjudicada, porque los fondos irregularmente utilizados pertenecían a la Generalitat.

La fase jurisdiccional que ahora se iniciará en cuanto se resuelvan los recursos contra los avales consiste básicamente en la preparación del juicio en el que se determinará si los investigados incurrieron en responsabilidad contable y por qué cantidad. Ese fallo es recurrible en casación ante el Supremo por la vía contencioso-administrativa. En todo caso, si los avales fueran aceptados cuando en breve se decida sobre las impugnaciones presentadas, ERC y los investigados que han aportado bienes o dinero para asegurar el pago de los 5,4 millones de euros que ahora se les exigen para afianzar esta cantidad, podrían recuperar la suma o los inmuebles que han entregado y evitar nuevos embargos.