Castilla-La Mancha reclama a Hacienda un fondo específico contra la despoblación

El plazo para presentar las alegaciones a la primera propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómico termina este lunes, y las comunidades que aún no lo habían hecho se han apresurado a enviar sus propuestas a Hacienda. El documento inicial, que planteaba una revisión del criterio de población ajustada que elevaba el peso del gasto sanitario y educativo, no ha dejado conforme a ninguna autonomía. Entre las diferentes propuestas para modificar el sistema de reparto, destaca la solicitud de Castilla-La Mancha de crear un fondo adicional y específico destinado a luchar contra la despoblación, la gran preocupación de las comunidades con una demografía muy dispersa. De los ocho presidentes que se reunieron en Santiago de Compostela para reivindicar la equidad en la España rural —Galicia (PP), Castilla y León (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Aragón (PSOE), Extremadura (PSOE), Asturias (PSOE), La Rioja (PSOE) y Cantabria (PRC)—, Emiliano García-Page ha sido el único que, hasta el momento, ha llegado tan lejos en su propuesta.

Además de la creación de este fondo, el Gobierno de Page ha solicitado que el territorio sea incorporado como un elemento estructural del sistema de reparto, y no solo como un elemento corrector; y que los costes fijos se tengan en cuenta en todas las comunidades autónomas y no solo en las pequeñas. La propuesta del Ejecutivo central contempla cuatro bloques competenciales (sanidad, educación, servicios sociales y el resto de servicios), y define para cada uno de ellos una serie de variables para medir el coste real de su prestación. La suma de esas ponderaciones acumularía entre el 96% y el 97% del total. El resto de las variables correctivas, entre las que se encuentra la superficie, englobarían entre el 3% y el 4% restante. Si la propuesta de Castilla-La Mancha saliera adelante, el criterio de superficie saldría de ese bloque y se acoplaría a cada uno de los cuatro bloques competenciales.

A pesar de que las comunidades que participaron en la reunión de Santiago comparten una serie de problemas ligados a la población —suponen un 62% de la superficie del país, pero solo representan el 25% de la ciudadanía—, sus alegaciones a la propuesta del Gobierno discrepan en algunas cuestiones. El Ejecutivo cántabro, por ejemplo, defiende en su informe que la superficie, el elemento que busca poner en valor el Gobierno castellanomanchego, debe perder peso en favor de la orografía, un factor que consideran que incide en la dispersión demográfica y que supone un incremento de los costes económicos en la prestación de servicios. Para ilustrarlo, el texto pone de manifiesto cómo la inversión en transporte escolar en Cantabria se eleva a 18,9 millones de euros, frente a los 17,1 de la Comunidad de Madrid, a pesar de que el volumen de alumnado es 13 veces inferior.

En la misma línea, el Gobierno de Miguel Ángel Revilla también se opone a la inclusión de todas las comunidades en la consideración de los costes fijos, como propone Page, y defiende que se priorice a las regiones pequeñas. En lo que sí están de acuerdo ambas comunidades, en cambio, es en modificar el criterio para medir la dispersión que, en su opinión, no queda adecuadamente medido al sumar el número de entidades singulares. En sustitución, Cantabria plantea utilizar otros indicadores de dispersión como los núcleos de población o el número de celdas de un kilómetro cuadrado con población.

De momento, el presidente asturiano se ha limitado a afirmar que no aceptarán un modelo en el que pierdan recursos y que aún tienen dudas sobre si les beneficia o no la actual propuesta de Hacienda. Aunque el análisis será presentado por la consejera del ramo, Ana Cárcaba, Adrián Barbón ha defendido que su posición ya quedó fijada en la Declaración de Santiago que firmó conjuntamente con el resto de comunidades que aquejan despoblación.

Fuera de las autonomías con problemas de despoblación, las discrepancias son aún mayores. Baleares propone en su informe considerar el crecimiento demográfico acelerado, que supone importantes “costes de congestión”. En ese sentido, el Govern balear sostiene que el incremento poblacional en el archipiélago en los últimos 20 años ha sido el doble que el de la media nacional, y demanda que se tenga en cuenta la población flotante, que incluye a turistas, trabajadores de temporada y residentes no empadronados. Además, contempla que el precio del suelo y la vivienda también sean factores determinantes.

Desde la Comunidad Valenciana, la confrontación al modelo de la España vacía es total. El Ejecutivo de Ximo Puig, con el consenso del resto de los grupos parlamentarios, quiere eliminar cualquier variable que no sea poblacional, porque consideran que no está justificado que las variables geográficas impliquen más gasto. Además, propone un mecanismo transitorio, como la Región de Murcia, que aboga por un fondo de nivelación, para contrarrestar los efectos de la infrafinanciación de sus comunidades hasta que se apruebe el nuevo modelo, que en ningún caso entrará en vigor este año.

Ambas autonomías, no obstante, se muestran favorables a la propuesta de población ajustada, que encuentra su principal oposición en Cataluña, donde el Govern de Aragonès argumenta que ahonda en un sistema de reparto de recursos, en lugar de avanzar hacia la autonomía financiera. Además, en oposición a la propuesta encabezada por Castilla-La Mancha, sostiene que las medidas específicas contra la despoblación deben abordarse fuera del debate sobre el modelo de financiación.